El 1 de julio de 2002, el Estado mexicano y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos suscribieron un Acuerdo para el establecimiento de una Oficina en México. Asimismo, se acordó un marco de cooperación mediante la implementación de programas a largo plazo para incidir en la protección de los derechos humanos.

El actual programa de trabajo de la Oficina se enmarca en el Convenio firmado el 6 de febrero de 2008, y ratifica el enfoque de contribuir con los esfuerzos nacionales dirigidos a velar por el respeto y la observancia de las normas y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en México.

Algunos ámbitos de acción que establece el Mandato:

  • Brindar cooperación y asistencia técnica a los poderes Ejecutivo (en sus tres niveles: federal, estatal y municipal), Legislativo y Judicial, así como a las instituciones nacionales.
  • Dar seguimiento a la situación de derechos humanos en México bajo una apreciación independiente e imparcial y fortalecer las capacidades nacionales vinculadas a la protección de los derechos humanos.
  • Contribuir a la creación y fortalecimiento de esquemas institucionales de diálogo entre gobierno y sociedad civil.
  • Trabajar en coordinación con el Gobierno Federal para que las recomendaciones y las decisiones de los órganos convencionales y procedimientos especiales de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales sean tomadas en cuenta por las autoridades respectivas. 

Trabajo de la ONU-DH en México:

  • Fortalecer la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos.
  • Asesorar en el diseño, implementación y seguimiento de políticas públicas y presupuestos con enfoque de derechos humanos.
  • Impulsar la elaboración de diagnósticos sobre la situación de los derechos humanos en las entidades federativas y de los respectivos programas de acción.
  • Realizar procesos de capacitación y sensibilización en materia de derechos humanos para servidoras y servidores públicos y organizaciones de la sociedad civil.
  • Promover la aplicación de estándares internacionales en derechos humanos en las actividades del Poder Judicial.
  • Colaborar con el Poder Legislativo en la armonización del derecho mexicano con los instrumentos internacionales de derechos humanos.
  • Fomentar la creación e implementación de indicadores para medir el cumplimiento de los derechos humanos.
  • Promover y difundir los derechos de las mujeres y la perspectiva de género.
  • Realizar visitas a las entidades federativas y elaborar informes sobre la situación de derechos humanos en el país.
  • Monitorear la situación de los derechos humanos en México.

Descarga la versión gráfica de nuestro mandato aquí.

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