Discurso de Jan Jarab para el evento del Grupo Verdad y Memoria de la Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción: Proceso de Verdad y Memoria en México

  • Martes, 24 Julio 2018 15:29
  • ONU-DH saluda los anuncios del futuro gobierno sobre justicia transicional y celebra las contribuciones de la sociedad civil.

 ¡Muy buenos días a todas y todos!

Gracias por la invitación. Es un gran placer y honor estar con ustedes hoy, en este evento que atestigua – ¡una vez más! - el rol central que tiene la sociedad civil mexicana en el impulso de cambios relevantes de las políticas públicas. Sobre todo me siento honrado de compartir la mesa con las representantes del movimiento de las familias de las personas desaparecidas, uno de los movimientos más esperanzadores del México actual.

El tema de hoy – el tema de justicia transicional – es de importancia excepcional. Como todos sabemos, es un tema en el cual México tuvo una experiencia no muy exitosa en los primeros años del siglo 21, en los años de la Presidencia de Vicente Fox; un tema que se ha evocado muchas veces en el contexto de la sangrienta “guerra contra el narcotráfico”; pero donde no hubo condiciones para empezar un proceso de justicia transicional porque no hubo elementos de transición, - porque las políticas de militarización de la seguridad, del uso de la fuerza sin límites y contrapesos, sin rendición de cuentas, seguían vigentes; de hecho, siguen vigentes hasta hoy – como nos muestra, por ejemplo, la reciente ola de más que 30 desapariciones en Nuevo Laredo y la reacción tardía del Estado que hasta la fecha no ha logrado avanzar de manera convincente ni en la búsqueda de las personas desaparecidas, ni en la investigación, y mucho menos en la judicialización del caso. Lo menciono porque la desaparición es uno de los fenómenos más dramáticos del México actual, un fenómeno al que nuestra Oficina ha prestado una particular atención – y, por supuesto, un fenómeno que debería ser prioritario en cualquier ejercicio futuro de justicia transicional.

En la coyuntura política actual se abre una ventana de oportunidad para que la justicia transicional pase de un anhelo a una política pública verdadera. Quiero reconocer públicamente los anuncios hechos por los representantes del futuro gobierno, sobre todo por la ministra Olga Sánchez Cordero, sobre la ambición de emprender un proceso de justicia transicional – y los propósitos que se han dado a conocer hasta la fecha. De las varias propuestas de cambios de políticas anunciadas por el próximo gobierno, las que entran en el ámbito de la justicia transicional son, sin lugar a dudas, de las más esperanzadoras (y no sólo para la llamada “comunidad de derechos humanos”)… pero al mismo tiempo, hay que reconocerlo, serán las más desafiantes.

Desde la Oficina del Alto Comisionado saludamos de manera entusiasta la intención de superar la lógica punitivista y de “mano dura”, imperante en los últimos 12 años – superar la lógica disfuncional de combatir la violencia con más violencia, la lógica que sólo resultó en la normalización de la violencia cada vez más extrema… Lo que no implica, evidentemente, que se deba ensanchar la impunidad, sino al contrario, es preciso fortalecer la capacidad del Estado para superar también este flagelo que en parte significativa explica la reproducción de la violencia (…y la aceptabilidad de la “mano dura”). Hay que romper este paradigma, este círculo vicioso, esta espiral de violencia caracterizada por la ausencia de rendición de cuentas y por demandas que apelan al uso desbordado de la fuerza y a la violación de los derechos humanos.

La experiencia internacional, recogida por las Naciones Unidas en varios documentos (Instrumentos del Estado de Derecho para Sociedades que han Salido de un Conflicto – sobre temas diversos, incluyendo comisiones de la verdad y amnistías), puede ser útil. Evidentemente, los contextos son distintos y los modelos no se pueden transpolar de manera mecánica. Quisiera recuperar lo dicho por el entonces Secretario General de las Naciones Unidas en 2004: “Debemos aprender a no recurrir a fórmulas únicas, iguales para todos, y a no importar modelos extranjeros para fundarnos, en cambio, en la evaluación, la participación y las necesidades y aspiraciones de los propios países.” Esto aplica aún más para el caso mexicano, dada la peculiaridad de que no se trata de un conflicto político, guerra civil o tránsito de un régimen autoritario a una democracia, sino de un cambio de modelo de seguridad, mismo que ha traído niveles insospechados de violencia y de graves violaciones de los derechos humanos. De hecho, como lo diagnostica el documento presentado, México destaca de otros países por padecer patrones de violencia mucho menos lineales, mucho más multidimensionales, que los países donde se ha aplicado el instrumental de la justicia transicional.

Sin embargo, la experiencia de otros sí debe ser analizada porque nos muestra que las soluciones no son sencillas; que los dilemas son múltiples; de hecho, que no hay procesos de justicia transicional totalmente ajenos a la controversia, pero que sí, por otro lado, hay errores ya identificados que deben evitarse: no se necesita inventar el hilo negro, y sí se necesita conocer muy bien el marco conceptual de la justicia transicional.

Sobre todo, no se puede desperdiciar el momento potencialmente histórico de la apertura que vivimos, las expectativas del público interesado y la gran oportunidad actual incursionando en el tema de manera bien intencionada pero improvisada, utilizando el método de “prueba y error”. El asunto es de tal relevancia que el error sería demasiado costoso: particularmente luego de una experiencia poco fructífera como la que tuvo México después del primer gran cambio en el año 2000. Un fracaso adicional de una nueva iniciativa de justicia transicional podría tener consecuencias no sólo para esta iniciativa como tal, sino que podría socavar la confianza del público en la búsqueda de la justicia transicional en su conjunto.

Por eso, la tarea que tienen las futuras autoridades es particularmente delicada y su responsabilidad es mayúscula. En ese contexto, quiero agradecer el excelente trabajo del equipo liderado por Guillermo Trejo. Nos alegra la presentación de la iniciativa de hoy, misma que recupera las experiencias comparadas internacionales y hace referencia a varios ejes centrales que compartimos desde la Oficina del Alto Comisionado:

  • Por un lado, el rol central de las víctimas (sobrevivientes), los principios de dignidad, libertad y autonomía de ellas, y el énfasis en la necesidad de evitar la revictimización.
  • Por otro lado, la propuesta bien elaborada del diseño de una Comisión de la Verdad y la Memoria Histórica que cuente con una complementariedad en las experticias, un carácter multidisciplinario de sus integrantes, una presencia tanto nacional como internacional, paridad entre hombres y mujeres, el énfasis en los suficientes recursos humanos… y la importancia de partir de una estructura descentralizada, particularmente relevante para un país tan grande, heterogéneo y complejo como México.
  • La tercera virtud, desde nuestra perspectiva, es que el documento asume una perspectiva holística de los cuatro pilares – verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición – tal como lo formulan los estándares internacionales, sobre todo el mandato de la relatoría especial de Naciones Unidas para la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. Sabemos que existen visiones que contraponen la búsqueda de la justicia a la búsqueda de la verdad y supeditan a la una por la otra; sin embargo, el documento que se presenta corrobora que no estamos frente a objetivos opuestos, y diseña formas concretas de cómo la verdad puede contribuir a la justicia y al combate a la impunidad. Destaco que se menciona en el documento: “Los procesos más exitosos de justicia transicional en América Latina son aquellos que combinan simultáneamente la búsqueda de la verdad y la persecución judicial de los perpetradores de las graves violaciones de derechos humanos.”

También nos parece muy útil que la propuesta de la Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción cuenta con una hoja de ruta temporal, escalonada, con un tiempo apropiado para cada una de las distintas fases. Según nuestra opinión, fundada en las experiencias internacionales, es de la mayor importancia diseñar una ruta crítica (y esto se aplica aún más en el contexto mexicano que demanda innovar… innovar, pero sin ignorar las lecciones ya aprendidas). De hecho, estamos convencidos que México no debe caer en la tentación de precipitar los procesos; que un proceso bien diseñado, con una evaluación profunda e inclusiva de los “pros” y los “contras” de cada opción, puede ser mucho más exitoso que un proceso expedito.

Para concluir, saludamos este tipo de iniciativas ciudadanas y externamos nuestra plena disposición para trabajar con el gobierno entrante, con la sociedad civil y particularmente con las víctimas para alcanzar soluciones exitosas y duraderas, en favor de la justicia, la verdad, la reparación integral y la no repetición.

¡Muchas gracias por su atención!

--

* La actividad del Grupo Verdad y Memoria de la Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción tuvo lugar el día 24 de julio en la CDMX.

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Modificado por última vez en Miércoles, 25 Julio 2018 15:52
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