Migrar, la pesadilla de una mujer indígena en México

  • Viernes, 10 Agosto 2018 00:10

Las Oficinas de la ONU para los Derechos Humanos de Guatemala y México abogan por los derechos de una migrante indígena que enfrenta una detención prolongada en una prisión estatal en México, luego de ser secuestrada por tratantes cerca de la frontera de dicho país con Estados Unidos.

FotoJuanaAlonzoSantizo“Los policías me preguntaron sobre mi participación en el secuestro de dos mujeres migrantes y me forzaron a aceptar que yo era parte de un grupo de polleros, aun cuando no podía entender lo que eso quiere decir,” relató Juana Alonzo Santizo. “Luego de 4 años en prisión, aprendí un poco de español y sólo entonces pude entender cuáles eran los cargos contra mí,” añadió.

Santizo, una mujer indígena chuj de Guatemala, dejó su ciudad natal en agosto de 2014 con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Un contrabandista de migrantes, también conocido como pollero o coyote, ya había hecho un plan para ella: cruzaría la frontera mexicana con Guatemala y luego llegaría a la ciudad de Reynosa, en Tamaulipas, México, cerca de la frontera con Estados Unidos.

A lo largo del camino, Santizo no pudo comunicase con otros en su grupo porque no hablaba español, y no pudo saber dónde estaba. El coyote la tranquilizó diciéndole que estaban cerca de entrar a Estados Unidos.

Cada año, miles de migrantes de América Central cruzan el territorio mexicano para huir de la violencia, de graves violaciones de derechos humanos, pobreza y reclutamiento forzado de pandillas. Muchos de ellos buscan asilo y son migrantes en tránsito intentando llegar a Estados Unidos en búsqueda de mejores oportunidades para su vida.

Los puntos de control fronterizos en México han forzado a los migrantes a utilizar rutas más peligrosas en un intento por escapar de la detección, detención y deportación. Los contrabandistas a menudo secuestran y extorsionan a los migrantes durante el tránsito, e incluso los abandonan en rutas inhóspitas.

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Una vez en Reynosa, Santizo junto con otras dos mujeres migrantes fueron capturadas por el coyote y otros grupos de hombres desconocidos en una casa privada. Ahí, las mujeres fueron forzadas a trabajar para sus captores.

Eventualmente, una de las víctimas encontró la manera de llamar y denunciar a los secuestradores a la policía local. Cuando estaban siendo rescatadas, las dos mujeres acusaron a Santizo de estar vinculada a los secuestradores, aprovechándose del hecho de que no podía entender las denuncias en su contra.

Fue posteriormente detenida por la policía y reubicada a una estación de la policía local en Reynosa. Durante su interrogatorio, Santizo nuevamente enfrentó la barrera del lenguaje y no pudo contestar a las preguntas que le fueron planteadas. Ella adujo que, en venganza, los oficiales la golpearon y la amenazaron apuntándola con armas de fuego. Eventualmente cedió y firmó una declaración auto-incriminatoria.

Santizo recuerda que durante su interrogatorio no estuvieron presentes ni abogado ni intérprete, y que tampoco recibió atención médica. También dice que durante la declaración ante el juez, fue forzada por el agente del Ministerio Público del Estado a ratificar su declaración. En noviembre de 2014 fue transferida a una prisión estatal en Reynosa.

De acuerdo con Santizo, las autoridades nunca registraron ni investigaron sus denuncias de tortura, tampoco cuestionaron la declaración auto-incriminatoria que firmó.

La Oficina de la ONU para Derechos Humanos en México visitó a Santizo en la prisión, y abogó por sus derechos y expresó sus preocupaciones respecto de las condiciones de detención en las que se encuentra con el Director del centro penitenciario. La Oficina también ha intercedido ante el Cónsul guatemalteco en México para solicitar su acceso a un intérprete y a la protección consular.

Más aún, ONU-DH México acompaño al tío de Santizo a denunciar los actos de tortura de que fue víctima a la Oficina de la Procuraduría General de Justicia en Reynosa y ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En Guatemala, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha logrado el apoyo de la Procuraduría de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores para garantizar los derechos humanos de Santizo mientras está detenida en México.

Actualmente, la familia de Santizo, a quien ella no pudo contactar sino hasta abril de 2018, está corriendo con el costo para que un intérprete viaje de Guatemala a México para asistirla por primera vez en casi cuatro años para poder declarar nuevamente ante el juez.

Agosto 9 es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En este día, un grupo de expertos independientes de la ONU urgieron a los Estados a garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas conforme a la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y a reconocer estos derechos en el contexto de la migración.

 

 

Modificado por última vez en Lunes, 27 Agosto 2018 13:21
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