Palabras de Tom Haeck para el Seminario Derechos Humanos de los pueblos y comunidades indígenas. La gobernanza democrática y los nuevos grandes proyectos de desarrollo

  • Lunes, 17 Septiembre 2018 15:08

Buenos tardes a todas y todas.

Primero, permítanme agradecer al COLMEX por la invitación. Es un placer y un honor poder estar en este evento y en esta mesa. También, me gustaría agradecer a todos y todas, los y las valientes defensores y defensoras de derechos humanos que hemos escuchado aquí y todos los demás que han colaborado o siguen colaborando con la Oficina. Para una persona no-indígena como yo, ha sido un privilegio poder acompañar parte de sus caminos e históricas luchas que me han inspirado y que han sido una fuente de aprendizaje enorme en muchos sentidos.

Preparando el discurso para este evento, me di cuenta que ya el mero nombre, “Los derechos humanos de los pueblos y comunidades FRENTE A los proyectos de desarrollo” y los nombres de las diferentes mesas (territorialidades y conflictos; “problemas que les afectan”,…) demuestran uno de los problemas fundamentales de la situación actual: los dos (desarrollo y pueblos indígenas) frecuentemente son vistos e interpretados como opuestos y mutuamente excluyentes, cuando debería de ser al revés. Desarrollo vs indígenas en lugar de desarrollo para los indígenas o indígenas para el desarrollo. Todas las mesas y la mayoría de los debates tienen este enfoque de modelo de conflicto, lo cual también refleja la situación actual que muchos de los pueblos están viviendo a la fecha.

Antes de entrar en la materia, tenemos que plantearnos la pregunta: ¿qué es el desarrollo? Hemos visto que hay diferentes conceptos relacionados al tema; pero creo que todos y todas aquí presentes coincidimos con que no se trata de un desarrollo meramente económico, que busca el incremento del PIB o de la cuenta bancaria de algunas pocas personas. Existen diferentes tipos de desarrollo: el desarrollo cultural, intelectual, espiritual y muchos más.

Determinar qué exactamente es el desarrollo no es fácil, entonces podemos solicitar lo que dicen las normas internacionales al respecto. La Declaración sobre el derecho al desarrollo, adoptada en 1989, menciona que “el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud de lo cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que pueden realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él.” Además, en su apartado dos, el mismo artículo 1 especifica “el derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos internacionales de derechos humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales.” Este artículo, al igual que el artículo 5 de la misma Declaración, demuestran el vínculo importante entre el desarrollo y el derecho a la libre determinación.

En años pasados, sin embargo, el tema del “desarrollo”, en el discurso común, se ha focalizado principalmente en el desarrollo económico, y se traduce en grandes proyectos de infraestructura (carreteras, aeropuertos o trenes, por ejemplo), proyectos de turismo, explotación minera, energía renovable, la industria petrolera, la agroindustria y mucho más.

El pesimismo y la perspectiva de conflictividad que se encuentra en los nombres y diferentes mesas del evento es entendible, en parte, porque basados en lo que escuchamos aquí en estos dos días, en los informes de Rodolfo Stavenhagen, de los relatores subsecuentes y en la observación de la situación en el terreno de nuestro Oficina, hay varias preocupaciones que merecen respuestas integrales, pero son difíciles de abordar y resolver.

En lo que sigue, en la línea de la mesa de la cual formo parte, que lleva por nombre “Conclusiones y discusión sobre el pensamiento de Rodolfo Stavenhagen en torno a este tema”, intentaré resaltar algunas observaciones importantes, sin pretender ni ser exhaustivo en la enumeración.

Para empezar, cabe recordar que todo el debate que hemos seguido en estos días y toda la problemática que se conoce en México, se tiene que interpretar en un contexto que la actual Relatora de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, describió después de su visita como una “discriminación institucionalizada”. El enfoque con el cual las autoridades se relacionan con los pueblos indígenas, opinó, no es lo correcto, y en lo mejor de los casos se acerca a un enfoque asistencialista y paternalista.

En esto, cuando se trata de los mal llamados “megaproyectos de desarrollo”, hemos escuchado varios ejemplos y presentaciones elocuentes que demuestran que los impactos negativos derivados de su implementación afectan de manera desproporcional a las comunidades y pueblos indígenas por varios factores. Además, el hecho de que ciertos proyectos o mercancías son de “utilidad pública” y -según algunos- son más importantes que los derechos ambientales, laborales, culturales y otros, es difícil de combinar con un enfoque de derechos humanos como tal. En este sentido, mi colega Laura ya indicó que limitaciones de derechos humanos (si no son absolutas) solo pueden existir cuando sean necesarias para una finalidad pública y proporcional, y el ex relator James Anaya clarificó que el enriquecimiento de algunos individuos nunca puede ser esta “finalidad pública” buscada.

También, ya se ha mencionado la falta de mecanismos de participación como tal que permiten a los y las integrantes de los pueblos indígenas tener acceso a los procesos de toma de decisiones o los espacios de diálogo y análisis. En este sentido, las políticas públicas económicas en general se han definido sin la participación de los pueblos, y en otros procesos muy importantes, por ejemplo, la creación de los Manifiestos de Impacto Ambiental, generalmente los pueblos indígenas no son incluidos, cuando son ellos quienes conocen sus territorios y el medio ambiente, con el que han convivido durante siglos. En este sentido, cabe destacar también que los estudios de impacto ambiental que se hacen a la fecha, más allá de no siempre cumplir con la imparcialidad necesaria como ya se mencionó en este evento, suelen ser fragmentados. Hemos escuchado a muchos y muchas integrantes de los pueblos que exigen estudios de impactos acumulados. “ok, me dices que eso es el impacto de un parque eólico. Pero ¿qué tal el impacto de los otros 24 parques?”. También hemos escuchado “un parque solar y su impacto me parece aceptable. Pero ¿cuál puede ser el impacto a nuestro ecosistema tan frágil de seis parques solares, tres eólicos, el uso indiscriminado de pesticidas como consecuencia de una política agrícola y ahora posiblemente un tren?”.

Estos ejemplos nos llevan a otro problema fundamental: la falta de acceso a información y transparencia. Muchas veces, las personas afectadas son las últimas en enterarse de la existencia de los proyectos y la poca información que les llega puede ser poco confiable, difícil de entender o posiblemente padece de la imparcialidad necesaria. Además, antes, durante y después de la construcción del proyecto, el estado no siempre cumple con los estándares necesarios de transparencia al respecto.

En este contexto de falta de participación e información, como se ha dicho aquí, la consulta y el consentimiento previo, libre e informado surge como una de las herramientas a disposición de los pueblos para asegurar la implementación de sus derechos sustantivos. Los problemas con estos procesos, que no suelen ser ni previos, ni libres, ni informados y ni culturalmente adecuados, y que a veces parecen más esfuerzos para cumplir con un procedimiento administrativo necesario que un esfuerzo para abrir un diálogo cultural para buscar el consentimiento, son bien conocidos y nuestra Oficina ha comentado ampliamente al respecto en otros espacios. También, merece la pena repetir que la Oficina y la actual Relatora, hemos explicado claramente que probablemente, en el México de hoy, una Ley de consulta, que necesita una consulta como tal, encontrará muchas dificultades. Intentos de imponerlo, aunque sea desde una buena iniciativa impulsada desde la CDMX, podría dar una señal equivocada y probablemente no cumplirá con los estándares internacionales relevantes relativos al proceso necesario para la creación de dichos instrumentos legislativos.

Obviamente, también hay los problemas con la implementación de los derechos de autonomía, libre-determinación, los DESC, el estatus legal de las tierras y territorios, la falta de beneficios compartidos, y otros que han sido ampliamente discutidos en este espacio y en la doctrina, que deberían de ser abordados antes de que se pueda hablar de un contexto en el cual haya la posibilidad de emprender un diálogo intercultural significativo con las garantías y equilibrios necesarios.

También, me gustaría destacar que, dentro del derecho de los pueblos indígenas de decidir sobre sus propias prioridades de desarrollo, se tiene que tomar en cuenta el ‘human rights based approach to development’ o el enfoque de derechos humanos en el desarrollo, ya mencionado por nuestro representante; lo cual implica que, en cualquier proyecto, los y las afectados tienen que ser incluidos e incluidas en la conceptualización, planificación, implementación y evaluación del proyecto.

Para terminar la lista no-exhaustiva de temas, merece la pena dar un poco de atención al rol de las empresas. Aunque en la doctrina tradicional de derechos humanos las empresas no son titulares de obligaciones (las cuales corresponden a las autoridades) ni de derechos, se sabe que existen los principios rectores de empresas y derechos humanos que, aunque no son vinculantes, ofrecen guías de actuación muy importantes para las empresas y las personas afectadas. El corazón de todos estos es: “do no harm”; “que no hagas daño”. Estos mismos principios abogan para la creación de estudios de impacto de derechos humanos como requisito para la implementación de proyectos. En Francia existe una ley que hace el cumplimiento de estos principios obligatorio para todas las empresas con sede en o operando en el país. Sin decir que la misma legislación es necesaria en México, tenemos que pensar como comunidad de derechos humanos, como podemos incluir este sector tan importante en nuestro discurso y estrategia, y como podemos convencerlos que respetar los derechos humanos no únicamente sirve para preservar la dignidad humana, pero violarles les puede generar un costo económico considerable, como varios casos en la república han demostrado.

Cualquier iniciativa de cambiar este sistema y este modelo de desarrollo o cualquier intento de empezar un diálogo debería de surgir desde abajo hacia arriba y no al revés. Bottom-up and not top down. Como academia, sociedad civil y cooperación internacional u organismos internacionales también podríamos hacernos la pregunta si no merece la pena orientarnos más a estimular y apoyar los esfuerzos genuinos y admirables de organización comunitaria que se están desarrollando en tantos lugares, unos de los cuales hemos tenido la suerte de escuchar en estos dos días.

Para cerrar, me gustaría hacer referencia a algo que escuché aquí de nuestro Colega Benjamin Cokelet de PODER, quien dijo “estamos perdiendo la batalla”. Pues, posiblemente tiene razón, pero como dijo un gran filosofo un día (dependiendo de quién preguntas es Popper o Kant): “el optimismo es una obligación moral”. En este sentido, yo diría que no estamos perdiendo la batalla, pero ya la perdimos, y estamos agarrando fuerza para ganar la segunda batalla. Cada día vemos más decisiones favorables o iniciativas laudables que apoyan las luchas de las comunidades y pueblos indígenas.

Desde hace 11 años tenemos una declaración de derechos de los pueblos indígenas. Los problemas del despojo y las violaciones de derechos humanos por parte de entidades privadas o estados ocurrieron hace 50 años también, pero no había tanta atención, ni desdén publico ni herramientas adecuadas para los y las titulares de derechos. Como sugirió don Miguel Álvarez en la primera mesa de hoy: tenemos que tener esperanza.

Como dijo la actual Relatora Victoria Tauli-Corpuz, necesitamos una nueva manera de relacionarnos con los pueblos indígenas. La consulta parece enfrentar un cierto cansancio con algunos actores y las iniciativas de trabajar más en la libre determinación son laudables. Pero quizás podemos intentar imaginarnos una relación de un diálogo constante de los titulares de deberes con los pueblos indígenas, en la cual los diferentes interlocutores se conocen, y el gobierno no se acerca para un proyecto, sino de manera frecuente. Para generar las prioridades de desarrollo (“¿qué quieres? Tengo posibilidades de trenes, energía renovable, turismo…”); para recabar información detallada sobre los detalles que quieren o exigen los pueblos (“¿dónde están tus lugares sagrados? ¿Cómo podemos generar beneficios compartidos reales y cómo los dividimos?); y sobre todo para asegurar que las decisiones que afectan a los pueblos y a las comunidades terminen beneficiándolos y no perjudicándolos.

Por último, me gustaría hacer una paralela con una de mis ideas favoritas de doctor Stavenhagen. Hablando sobre el trabajo académico y la necesidad de que el conocimiento se utilice en beneficio de la sociedad, el ex relator dijo espontáneamente y lógicamente: “si el trabajo no va a beneficiar a la comunidad, pues… para qué?” en este sentido preguntaría: ¿si los mal llamados megaproyectos de desarrollo no van a beneficiar sino perjudicar las personas afectadas, pues….Para qué?

Gracias por su atención.

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