El Presidente identificó una problemática que rebasa lo ocurrido en Iguala y propuso una agenda. Robustecerla, implementarla efectivamente y en plazos definidos abriría el camino para sumar a todos los actores que deben convocarse en aras de superar los graves problemas en materia de impunidad, corrupción, debilidad institucional, violación a los derechos humanos, pobreza e inequidad social, que enfrenta el país.

Todas las medidas anunciadas se vinculan entre sí y es importante destacar aquellas que abordan el campo de los derechos humanos, en tanto recuperan parte de las recomendaciones específicas que los organismos internacionales pertinentes le han formulado al Estado mexicano, algunas de las cuales ya habían sido retomadas a nivel nacional por otros actores políticos y sociales. Dentro de dichas medidas se encuentran la aprobación de leyes generales contra la tortura y la desaparición forzada; la redefinición del sistema de competencias penales; el fortalecimiento de las investigaciones en casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial; la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la instauración de un Sistema Nacional de Información Genética. Otras recomendaciones internacionales pendientes de implementación también deben merecer atención.

La ONU-DH desea subrayar que los estándares internacionales y mejores prácticas otorgan a las víctimas y organizaciones de derechos humanos un papel central en todas las transformaciones institucionales que les atañen, dándoles incorporación plena en la definición y construcción de la agenda de derechos humanos.

La ONU-DH reitera su disponibilidad para seguir trabajando por la plena vigencia de los derechos humanos en México, conjuntamente con las autoridades, la sociedad civil, y sobre todo con las víctimas a quienes manifiesta su reconocimiento, solidaridad y apoyo.