La sociedad pide respuestas: Revista Siempre!

  • Sábado, 15 Noviembre 2014 00:00

Por Moisés Castillo / Entrevista a Javier Hernández Valencia - Representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos

15 de noviembre de 2014. El escritor Juan Villoro dice que es momento de buscar nuevas formas de hacer política, porque el Estado mexicano fracasó, está desdibujado y los partidos políticos buscan el poder por el poder.

“Con el caso Ayotzinapa se condensó el horror en México, pero debemos estar conscientes de que este horror viene de décadas atrás, es una descomposición social que se ha ido fraguando. Se ha visibilizado más el horror, pero esto es algo que está en proceso desde hace mucho tiempo”.

La frase verdadera “fue el Estado”, alude a todos: autoridad de los tres niveles de gobierno y sociedad. El Estado somos todos. El influyente semanario alemán Der Spiegel habla de México como el “país de las mafias y las fosas clandestinas, donde crímenes de lesa humanidad recuerdan a las peores dictaduras del siglo pasado”. Palabras que duelen, porque son ciertas.

El sistema político mexicano es obsoleto pero funcional para unos cuantos: resguarda los privilegios de las élites y simula la aplicación de la ley. La corrupción como ideario de gobierno. Ya lo decía el escritor Gabriel Zaid: “La corrupción no es una característica desagradable del sistema político mexicano: es el sistema”. En México se presumen avances democráticos en medio de tumbas, donde la indiferencia es la única estrategia oficial.

El caso Iguala no sólo revela impunidad y corrupción, también un delito internacional que es la desaparición forzada que, como adelantó Siempre!3204, ya está en la Corte Penal Internacional de La Haya. La desaparición forzada persiste sin que existan avances reales.

Hay que recordar que a finales del sexenio de Felipe Calderón, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias ya había advertido en un informe que en México “la impunidad es un patrón crónico y presente en los casos de desapariciones forzadas, y no se están realizando los esfuerzos suficientes para determinar la suerte o el paradero de las personas desaparecidas, sancionar a los responsables y garantizar el derecho a la verdad y la reparación. Parecería que México no tiene la voluntad o es incapaz de realizar investigaciones efectivas en casos de desapariciones forzadas”.

En marzo de 2012, el Grupo de Trabajo de la ONU emitió 34 recomendaciones entre las que destacan la creación de un programa de búsqueda de desaparecidos, la aplicación de protocolos de uso de la fuerza, modificaciones legislativas, reforma al fuero militar y regreso de los militares a los cuarteles, revelación de los nombres de las personas responsables de las desapariciones forzadas durante la guerra sucia mismos que fueron recabados por la extinta Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado y reparación del daño a los familiares de víctimas.

Pasaron dos años y medio y el mismo Grupo de Trabajo de la ONU dijo que no es tolerable que hechos como los de Iguala ocurran en un Estado de derecho.

“Durante años hemos identificado la impunidad que prevalece en México en casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas. También hemos resaltado las deficiencias en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas”.

Hay formas y caminos

Para Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hay lentitud por parte de la autoridad para avanzar en esta problemática. Y pone como ejemplo la desaparición de Rosendo Radilla hace cuatro décadas.

“La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos [el 23 de noviembre de 2009 encontró que el Estado mexicano violó los derechos humanos de Rosendo Radilla] fue aceptada por México, está todavía en un proceso de implementación que no logramos acelerar. La sentencia pide legislación específica sobre desaparición forzada. La sentencia pide medidas de prevención, mecanismos de búsqueda urgente. Una sentencia ya aceptada por México que precede a las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU”.

A raíz de la guerra contra el narcotráfico, se acusó al expresidente Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. ¿En el caso de Iguala estamos hablando de desaparición forzada? Si es así, ¿es viable que la Corte Penal investigue este asunto?

Sin duda. A mí no me corresponde pronunciarme sobre eso, es algo que las autoridades y representantes de esa instancia tienen que resolver.

¿Por qué se llegó a esta tragedia de los normalistas de Ayotzinapa que revela una grave crisis en materia de derechos humanos?

No me toca a mí explicar por qué se llegó a esto. Mi rol es tratar de precisar que hay formas y caminos para salir de situaciones como la actual. Las rutas parecieran ser puramente normativas, pero son importantes para un país como México que busca construir un Estado de derecho. Está el caso Iguala, pero no olvidemos a las seis personas asesinadas en esa misma noche de los incidentes y no olvidemos a las personas que fueron heridas. El asunto de los normalistas captura la atención correctamente de la comunidad nacional e internacional, pero no olvidemos que hay otros casos también de importancia que han sucedido inmediatamente antes del caso Iguala.

Tenemos una realidad gris, hay un vacío de alternativas, la clase política está desprestigiada. ¿Ve un desprecio para garantizar los derechos humanos en México?

Hay estratos de la población que están pidiendo respuestas sobre el caso Iguala y que además son concientes de que el caso es paradigmático, en el sentido de que revela fracturas, pendientes, debilidades, que se han manifestado en otros casos y en otras regiones del país. Basta recordar otra sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso conocido como el “campo algodonero”, que es el feminicidio en Ciudad Juárez, que habla ya en abundancia de cómo prevenir, buscar y modificar los protocolos de las policías, cómo hablar de reparación, cómo hablar de dignificación. Para mí el punto de alerta es ver en redes sociales, de manera muy chocante, voces que se levantan criminalizando a los estudiantes, voces que se levantan validando y aplaudiendo las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, voces que inclusive claman e invocan que se les haga daño a defensores de derechos humanos y periodistas. Esas voces de intolerancia, voces contrarias al estado de derecho son una alerta para seguir con un esfuerzo más consistente y sostenido para que esas voces sean verdaderamente marginales y no afecten a las instituciones, porque el comportamiento de ciertos individuos en las instituciones a veces se alimenta de esa creencia y aceptación social de que se pueden hacer cosas terribles.

¿Existe una improvisación en la estrategia de derechos humanos del gobierno federal? ¿De qué magnitud es la descomposición de los derechos humanos en México?    

La existencia de una estrategia está dada por algo que a veces se pierde de vista en el contexto de la historia reciente de México: se ha abierto una etapa de la mayor expansión normativa en la protección de derechos humanos en México. Si pudiéramos abrirla como un gráfico, hemos estirado normativamente la protección, pero no hemos consolidado en las instituciones las respuestas, los presupuestos, las prácticas institucionales. Mientras ese estiramiento se siga tensando, se hará más visible la brecha entre las normas y la realidad, que es la vida cotidiana de los ciudadanos. Si no encuentran confianza y eficacia a la hora de denunciar delitos de derechos humanos se generan dos reacciones: ya no se denuncia, se descree; y por otro lado se deslegitima, se acusa y activamente se denosta de las autoridades. Ambas actitudes son cívicamente muy legítimas, porque la distancia entre norma y realidad no se acorta, es un momento de mucha tensión en el cual se pueden producir deseos de ya no seguir ampliando el marco jurídico ni aludiendo a tratados internacionales.

¿Cómo califica la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR) en las pesquisa del caso Iguala?

No es mi rol calificar la investigación. Hay organismos apropiados para eso, comenzando por los organismos no jurisdiccionales de derechos humanos que México ha creado y financia, así como los mecanismos internos de la política nacional. Lo que sí es importante decir, como organismo internacional, es que el diálogo con la institucionalidad mexicana, incluida la PGR, se ha hecho siempre en una dirección de poder incorporar no sólo normas sino las recomendaciones, las mejores prácticas, las lecciones aprendidas. Ese diálogo se mantiene. Es una ventana de oportunidad para las propias víctimas, comenzando por las familias de los 43 estudiantes desaparecidos y que continúa con un universo de víctimas que parecen invisibilizadas para que puedan tomar nota.

Por otro lado, hay recomendaciones específicas que se han hecho desde los órganos internacionales de protección de derechos humanos a México.

Punto de encuentro

¿Cuáles son esas mejores prácticas?

Por ejemplo, para el caso de Iguala hay un informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas que fue hecho público, entregado, conversado con el Estado mexicano desde a finales del 2011. Ya ese informe hablaba de mecanismos de búsqueda urgentes, de maneras de desplegar los recursos públicos en el fortalecimiento de esos mecanismos que hoy vemos no pudieron ponerse en juego y no estaban a punto para el esfuerzo que se ha hecho, y esperamos que se siga haciendo para la búsqueda de los estudiantes.

¿Observa algunas líneas de solución?

Está el trabajo sobre desapariciones forzadas del Grupo de Trabajo de la ONU en 2011 y su informe respectivo. Creo que es útil que todos sepan que no nos toca decir “ah, lo advertimos”. Nos toca insistir que hay una mesa de temas incluidos en un grado de especificidad, que no vienen de un tiempo reciente y que no vienen al calor de los sucesos de Iguala.

Ante la falta de pruebas científicas, ¿urge la intervención la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ayudar en las investigaciones y dar certezas como lo exigen las familias de los desaparecidos?      

El propio Jesús Murillo Karam ha dicho que la PGR continúa en el esfuerzo no sólo de búsqueda sino también de responder a la expectativa de las familias con el esfuerzo de encontrar y acceder a los más altos estándares posibles de asistencia técnica, tanto lo que es la parte de antropología forense como para lo que es la parte de laboratorios e identificación de cargas genéticas. En este sentido, hay un punto de encuentro. Sobre esto no hay un debate, todos estamos claros en que se está en la búsqueda y se ha enviado el material adecuado para que institutos de alto prestigio puedan, ojalá, dar una respuesta pronta.

¿Una tarea pendiente es la atención a las víctimas y familias por parte del gobierno federal? ¿Ve falta de acompañamiento?

Hay cosas que todos tenemos que entender. Un padre que recibe una noticia tan dolorosa como la de las familias de los estudiantes de Ayotzinapa, las de las familias de las otras seis personas que murieron a manos de la policía local, las de los 22 heridos van a tener una muy legítima, comprensible y muy necesaria de ser acompañados. Hubo un estudiante que fue brutalmente torturado antes de perder la vida. No hay manera que esa familia obtenga consuelo. El nivel de reclamo, la insatisfacción no es posterior, es porque hay un hecho muy grave que ya sucedió. Es plenamente legítima. Lo que me interesa decir es darle apoyo y total legitimidad al reclamo directo de las víctimas.

 

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