Declaración de apertura de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, en la sesión no. 23 del Consejo de Derechos Humanos

  • Domingo, 26 Mayo 2013 19:00

Ginebra, 27 de mayo de 2013

Sr. Presidente,

Distinguidos miembros del Consejo de Derechos Humanos,

Sus excelencias y colegas,

Como siempre, es un honor inaugurar la sesión del Consejo de Derechos Humanos. El día de hoy vengo aquí con la esperanza de que seremos capaces de conducir acciones tangibles para frenar el derramamiento de sangre y sufrimiento en Siria, que luego de 26 meses se ha convertido en un agravio intolerable para la conciencia humana.

Lo que comenzó como protestas no violentas ha escalado a una guerra civil brutal y cada vez más sectaria, hasta cierto punto alimentada por actores externos. La población civil soporta el embate de esta crisis en la que las violaciones de derechos humanos han alcanzado dimensiones horríficas.

En marzo de este año, envié un equipo para monitorear la situación en Siria desde los países vecinos, donde una gran cantidad de familias han buscado refugio. El equipo recibió información que sugiere que el gobierno sirio continúa aplicando la fuerza de manera indiscriminada y desproporcionada en áreas residenciales, y que las fuerzas armadas sirias han atacado de manera directa escuelas y hospitales.

Estoy sumamente preocupada por los informes que sugieren que cientos de civiles han sido muertos o heridos, y que miles quedarían atrapados bajo los bombardeos indiscriminados y los ataques aéreos conducidos por las fuerzas del gobierno en Al-Qusayr. Debe abrirse un camino seguro para cualquier civil que quiera irse.

Violaciones de derechos humanos también están siendo cometidas por grupos anti gobierno. Los relatos recabados por nuestro equipo de observadores sugieren que algunos grupos armados han utilizado a la población civil como escudos humanos, y que se están cometiendo cada vez más secuestros. En los testimonios también encontramos información de que ciertos grupos de oposición han forzado a mujeres jóvenes y niñas a casarse con combatientes. Además, continuamos recibiendo informes de que algunos grupos anti gobierno están cometiendo horribles crímenes, tales como actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales.

Cuando sus gobiernos no pueden o no los protegen, los seres humanos dependen de la comunidad internacional para protección y asistencia. No podemos, no debemos, ignorar su súplica.

En repetidas ocasiones, delegados de todos los países aquí presentes han acordado solemnemente que el mundo no debe permitir las más extremas formas de violaciones de derechos humanos. Hemos acordado que tenemos el deber de proteger a todo ser humano – incluso si han nacido en otros países; e incluso cuando han sido aplastados por gobiernos que reclaman soberanía sobre su territorio.

Hace 20 años, los 7 mil delegados de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena se reunieron, a menos de un día conduciendo, del campo de combate y muerte en la antigua Yugoslavia. Los Estados miembros de las Naciones Unidas hicieron poderosas declaraciones sobre la lucha contra la impunidad.

Desde entonces, se ha progresado bastante al procesar a personas responsables por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Asimismo, ha habido mucha discusión acerca de la responsabilidad de proteger a las poblaciones civiles del genocidio, crímenes de guerra, limpiezas étnicas y crímenes de lesa humanidad que tiene la comunidad internacional.

Y aun así, hoy en día, terribles violaciones de los más básicos derechos humanos suceden en Siria, y me temo que la comunidad internacional está fallando en alcanzar sus obligaciones fundamentales con las víctimas.

Un desastre humanitario, político y social está ya encima de nosotros, y lo que se avecina es una verdadera pesadilla. Los trabajadores humanitarios luchan por concebir formas cada vez más complejas para hacer llegar a la zona aunque sea una pizca de ayuda. Hoy, una de cada tres personas en Siria necesita ayuda internacional. Aun así, la comunidad internacional parece incapaz de comprometerse seriamente para resolver la crisis. Insto a los Estados para hacer todo aquello en su poder para terminar con este desastre humanitario, pues parece que podemos hacer algo más que gritar en la oscuridad e intentar contar los muertos.

Una vez más insto al Consejo de Seguridad a que remita la crisis siria a la Corte Penal Internacional. Estos crímenes de guerra y de lesa humanidad no pueden quedar impunes. Debemos dejar claro tanto al gobierno como a los grupos armados de oposición que habrá consecuencias para aquellos que resulten responsables de los mismos. El mundo debe actuar para terminar con este terrible conflicto.

OTRAS CRISIS

Sr. Presidente, estoy alarmada por la creciente violencia en diversas regiones, incluyendo aquella basada en la etnicidad o la religión.

Estoy particularmente preocupada por los ataques contra las comunidades musulmanas en Myanmar – en los estados de Rajine, Meiktila, así como en otras partes del país. Urjo al gobierno a que detenga esta violencia e investigue las acusaciones de comisión de violaciones de derechos humanos sistemáticas y generalizadas. Los responsables deben ser llevados a la justicia, incluyendo a la milicia, la policía o personal de seguridad en la frontera, que haya participado en dicha violencia o que haya fracasado en la protección de la gente. Impacientemente espero la conclusión de las negociaciones para el establecimiento de una Oficina de la OACNUDH en Myanmar, para que podamos apoyar al gobierno en sus esfuerzos por abordar estos y otros retos en materia de derechos humanos.

También estoy profundamente preocupada por el significativo aumento de la violencia en Irak en las últimas semanas. Casi 600 civiles fueron muertos solamente en abril – el mes con más muertes en dicho país desde 2008. Estoy particularmente preocupada por la violencia y la acción militar en relación con las manifestaciones en Hawija el 23 de abril, que tuvieron como resultado numerosas víctimas. Es esencial que las fuerzas de seguridad iraquíes ejerzan el control para mantener la ley y el orden, y que los manifestantes preserven la naturaleza pacífica de sus protestas. También me preocupa el número de ejecuciones en Irak, mismas que lo ubican entre los Estados con el peor registro al respecto. El pueblo de Irak merece vivir en un Estado libre de violencia.

Durante esta sesión, presentaré informes sobre la situación de los derechos humanos en Mali y Sudán del Sur. La crisis en la República Centroafricana se inclina hacia la anarquía; el próximo mes estaré enviando un equipo para determinar los hechos. Por dos décadas el pueblo de la República Centroafricana ha padecido graves y casi constantes violaciones a sus derechos humanos, el fracaso de una serie de acuerdos de paz y casi un quiebre total del estado de derecho.
           

El antiguo orden en el Medio Oriente y Norte de África lentamente va desapareciendo, pero la transición aún es incierta y progresa de maneras diferentes y con ritmos diversos en Egipto, Libia y Yemen. Tal vez el progreso más pronunciado se ha dado en Túnez, donde la OACNUDH tiene ya una oficina bien establecida, y donde se está llevando a cabo un diálogo nacional que involucra a todos los elementos clave de la sociedad. Han pasado dos años desde que la indignación pública derribó los antiguos regímenes, y los esfuerzos para establecer instituciones políticas efectivas, estables e independientes continúan encontrándose con numerosos obstáculos, incluyendo ejemplos preocupantes de intolerancia y violencia esporádica.

También ha habido una falla constante en algunos países en transición – así como en otros Estados de la región – en incluir un amplio rango de actores de la sociedad civil en un diálogo constructivo y respetuoso; el estatus de las mujeres y los límites de su participación en la sociedad siguen siendo causas de preocupación. Los derechos y la dignidad inalienables de las mujeres son iguales a los de los hombres, y vivan donde vivan, las mujeres deben ser libres para elegir y participar en la vida pública y política.

Lamento las serias violaciones de los derechos de los palestinos. Sigo estando profundamente preocupada por la generalizada detención de palestinos – de los cuales cerca de 5,000 están hoy en día detenidos en Israel, muchos de ellos sin cargos. Recientemente solicité a Israel que me informara sobre sus investigaciones respecto a las acusaciones de maltrato de detenidos palestinos. Más aún, incluso durante las nueve semanas posteriores a la más reciente sesión de este Consejo, Israel continuó expandiendo sus asentamientos, en evidente violación del derecho internacional.

Sr. Presidente, para continuar con un tema que cruza fronteras y afecta a todas las regiones, el objetivo de la lucha global contra el terrorismo es la defensa del estado de derecho y una sociedad caracterizada por los valores de libertad, igualdad, dignidad y justicia. Aun así, una y otra vez mi Oficina ha recibido testimonios de serias violaciones de derechos humanos que han tenido lugar en el contexto de operaciones de contraterrorismo y de contra-insurgencia. Dichas prácticas son contraproducentes. Aplicar medidas que violen derechos humanos no terminan con el terrorismo: lo alimentan.

El fracaso de Estados Unidos para cerrar el centro de detención de Guantánamo ha sido un ejemplo de que la lucha contra el terrorismo falla en defender los derechos humanos, entre ellos el derecho a juicio justo. Presuntamente, a más de la mitad de los 166 detenidos se les ha permitido ser transferidos, ya sea a sus países de origen o a terceros países para ser reubicados, y sin embargo, siguen estando detenidos en la Bahía de Guantánamo. Otros han sido designados como detenidos por tiempo indefinido.

La continua e indefinida detención de muchos de estos individuos configura detenciones arbitrarias, violando así el derecho internacional; la injusticia que este centro de detención encarna se ha convertido en una herramienta ideal de reclutamiento para terroristas. Repetidamente he urgido al gobierno de Estados Unidos a cerrar Guantánamo cumpliendo así sus obligaciones bajo el derecho internacional de los derechos humanos. Por lo tanto reconozco la declaración hecha el jueves pasado por el presidente Obama en la que destacaba los pasos prácticos a tomar hacia el cierre de estas instalaciones de detención, así como el levantamiento de la moratoria en cuanto a la transferencia de importantes detenidos a Yemen. Aliento a Estados Unidos a que aseguren que todas esas medidas sean llevadas a cabo en cumplimiento de sus obligaciones bajo el derecho internacional de los derechos humanos. Mientras tanto, con Guantánamo abierto, las autoridades deben hacer todo para asegurar el total respeto a los derechos humanos de los detenidos, incluyendo aquellos que han elegido hacer una huelga de hambre.

Estoy consternada por las continuas fallas de muchos Estados europeos para emprender investigaciones públicas e independientes de la pasada participación en el programa de EU bajo el cual los sospechosos de terrorismo eran capturados y llevados a centros de interrogación sin el menor respeto al debido proceso. Algunos de ellos aún languidecen en Guantánamo. En septiembre pasado, el Parlamento europeo denunció los obstáculos que ha enfrentado al conducir numerosas indagaciones parlamentarias y judiciales respecto a este tema. Investigaciones creíbles e independientes son un vital primer paso hacia la rendición de cuentas, llamo a todos los Estados a hacer de ello una prioridad.

También continúo profundamente perturbada por las implicaciones que para los derechos humanos tiene el uso de drones armados en el contexto de las operaciones militares y de contraterrorismo, y con un creciente número de Estados que desea adquirir dichas armas. La preocupante falta de transparencia al respecto del uso de los drones ha contribuido a la falta de claridad de las bases legales para ataques con drones, así como de las salvaguardas para asegurar el cumplimiento del derecho internacional aplicable. Más aún, la ausencia de transparencia ha creado un vacío de rendición de cuentas, en el que para las víctimas ha sido imposible encontrar reparación.

Las declaraciones del presidente Obama sugieren que en el futuro habrá un cambio hacia una mayor transparencia por parte de Estados Unidos, así como controles más estrictos en el uso de drones. Sin embargo, insto a todos los Estados a ser completamente transparentes respecto a los criterios para desplegar ataques con drones, y a asegurar que su uso cumpla por completo con el derecho internacional pertinente. Donde ocurran violaciones, los Estados deberán conducir investigaciones independientes, imparciales, rápidas y efectivas, y proporcionar a las víctimas una reparación efectiva.

Subrayo que el Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos y contraterrorismo estará informando este año sobre el impacto en civiles derivado del uso de drones, mientras que el Relator Especial sobre ejecuciones sumarias estará informando mañana sobre las implicaciones de derechos humanos en el despliegue de Robots Letales Autónomos.

DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES EN LA RECESIÓN GLOBAL

Sr. Presidente, cada tres meses, mientras me preparo para informar a este Consejo, percibo la tremenda vulnerabilidad de los seres humanos. Incluso en países ricos que han triunfado en la causa de los derechos humanos en el mundo, los derechos pueden verse erosionados cuando los vientos del cambio económico se vuelven más fríos.


La crisis financiera global que comenzó en 2008 es la peor que el mundo ha visto desde la Gran Depresión de la década de los treinta, y amenaza un amplio rango de derechos humanos alrededor del mundo. Acceso a un trabajo regular y decente; a la seguridad social y a la salud; a la alimentación, la vivienda y el agua asequibles, así como otros derechos humanos básicos, ha decrecido gravemente. Desde 2008, 114 millones de personas han sido empujadas por debajo de la línea de pobreza, y 64 millones de trabajos se han perdido.

En otras palabras, el impacto de la crisis no ha sido soportado por los principales responsables, sino que ha sido impuesto a aquellos que menos oportunidades tienen para absorber sus costos: grupos marginalizados, los pobres, los trabajadores temporales y todos aquellos que viven día a día; personas con discapacidades,  personas mayores, los enfermos, los migrantes, y los refugiados. Por consiguiente, se han incrementado las desigualdades, minando el tejido social.

El año pasado recordé a los Estados que “La salud, la educación, la vivienda y una administración de justicia imparcial no son productos a la venta de unos pocos, sino derechos de todas las personas sin discriminación.”

Las presiones financieras o la recesión no eliminan estas obligaciones bajo el derecho internacional de los derechos humanos. Las políticas económicas deben siempre ser diseñadas para avanzar en la materialización de los derechos económicos y sociales; y en particular, los Estados están legalmente obligados a asegurar un mínimo de obligaciones respecto a una mayor materialización de los derechos básicos a la alimentación, la vivienda, la salud, la educación, el trabajo decente y un nivel adecuado de vida. Deben hacerlo con base en el nivel máximo de recursos disponibles: en otras palabras, la materialización de los derechos económicos y sociales de todas las personas debe ser una política prioritaria.

Si algunos niños en el sur de Europa ahora van a la escuela con los estómagos vacíos porque sus padres y las autoridades locales no pueden pagar los almuerzos escolares, entonces el tejido de los derechos humanos se está rompiendo incluso en aquellos países antes privilegiados – y esto también configura seria preocupación de derechos humanos.

Más aún, en algunos países europeos, el efecto domino de la recesión y los recortes presupuestales, incluye una creciente vulnerabilidad ante discursos extremistas y xenofóbicos que apuntan a identificar chivos expiatorios responsables sufrimiento económico. Aunque se trata de sociedades que cuentan con un saludable sistema judicial e instituciones democráticas estables, están ahora yendo hacia atrás a la horrible injusticia del racismo y la discriminación sobre la base de la fe, la satanización de las minorías y de los migrantes. Es ofensivo observar cómo algunos líderes de los gobiernos, coaliciones y partidos clásicos de oposición integran elementos de este discurso a sus políticas.

PROTOCOLO FACULTATIVO SOBRE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

A principios de este mes entró en vigor el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Abriendo la posibilidad de presentar denuncias individuales, este instrumento asegura la misma protección para los derechos económicos, sociales y culturales que para los civiles y políticos. Por lo tanto pone fin a la falsa jerarquía entre los “grupos” de derechos, surgida durante la Guerra Fría y que fue ampliamente resuelta hace 20 años en Viena.

El contexto económico actual es un momento oportuno para que los Estados ratifiquen el Protocolo Facultativo. Haciendo esto, crearán el ímpetu necesario para fortalecer los mecanismos nacionales de protección de los derechos económicos, sociales y culturales y fomentar políticas que promuevan una mayor igualdad, sustentabilidad y protección.

ONG Y VIENA

La Conferencia de Viena que conmemoraremos el próximo mes fue notable en muchos sentidos; uno de ellos fue la participación de la sociedad civil.

Teniendo eso en mente, es particularmente deprimente observar los debates de políticas públicas y medidas legislativas – en muchos países, en todas las regiones – que apuntan a minar severamente a organizaciones no gubernamentales, mismas que son vitales para el buen funcionamiento de la democracia. Estoy perturbada por los continuos informes sobre represalias contra defensores de derechos humanos.

La sociedad civil es crucial para el marco de trabajo de los derechos humanos que fue puesto en marcha en Viena hace 20 años. Hoy en día sigue siendo vital para avanzar en la agenda de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, y debo advertirles de los profundos reveses que la protección de los derechos humanos sufriría si la sociedad civil es amenazada o restringida.

Gracias.

 

Para más información o peticiones de medios, favor de contactar a Rupert Colville (+41 22 917 9767 / Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.); Liz Throssell (+41 22 917 9434 / Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.) o Cécile Pouilly (+ 41 22 917 9310 /Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

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