Desde 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en diferentes casos sobre el alcance y restricciones del derecho a la libertad de expresión. El resultado de esta labor ha resultado en una sólida jurisprudencia que ha permitido el desarrollo y comprensión del contenido e implicaciones de este derecho en aras de crear y fortalecer los estándares de protección de derechos humanos.
Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. 5 de febrero de 2001
El caso versa sobre la prohibición judicial impuesta de exhibir la película “La Última tentación de Cristo”.
En la sentencia la Corte IDH analizó la prohibición de la censura previa y condenó al Estado a reformar su normativa interna con el fin de suprimir la censura previa.
Texto de la sentencia:
Caso Ivcher Bronstein vs. Perú Sentencia de Reparaciones y Costas 6 de febrero de 2001
El caso se refiere al retiro de la nacionalidad del señor Ivcher Bronstein y por tanto del control accionario de un canal de televisión (la ley vigente sólo facultaba a los ciudadanos a ser concesionarios de canales televisivos). Lo anterior como represalia por la difusión de reportajes sobre graves violaciones de derechos humanos y actos de corrupción transmitidos en el canal. En su análisis, la Corte IDH señaló el retiro de la nacionalidad como un medio indirecto para restringir la libertad de expresión del señor Bronstein, lo cual atentaba no sólo contra el peticionario sino también contra el derecho de los periodistas que realizaron los reportajes y de todos los peruanos al privarles de recibir información.
Texto de la sentencia:
Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas 2 de julio de 2004
El peticionario, el señor Herrera Ulloa, periodista del diario “La Nación” fue condenado por el delito de difamación por sus reportajes en los que señalaban a un diplomático costarricense por cometer delitos graves. Las notas fueron elaboradas a partir de la información publicada por distintos medios belgas. La Corte IDH analizó, entre otros temas, el rol de los medios de comunicación y del periodismo en relación con la libertad de pensamiento y de expresión y las restricciones permitidas a la libertad de pensamiento y de expresión en una sociedad democrática. En la sentencia, ese alto tribunal reiteró la necesidad de que los periodistas y medios de comunicación gocen de la protección e independencia necesarias para cumplir con su labor lo cual no significa que no se puedan establecer responsabilidades ulteriores cuando se determine que existió un ejercicio abusivo. Pero la Corte IDH también determinó que estas responsabilidades no deben limitar más allá de lo estrictamente necesario, de lo contrario se convertirían en mecanismo indirecto de censura previa. En este caso en particular, la Corte IDH determinó que la condena penal impuesta al periodista fue excesiva, por lo cual violaba el derecho a la libertad de expresión.
Texto de la sentencia:
Caso Ricardo Canese vs. Paraguay Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas 31 de agosto de 2004
En un debate público, el entonces candidato presidencial, Ricardo Canese acusó al candidato oficialista de irregularidades en la construcción de una planta hidroeléctrica y nexos con un dictador. Resultado de estas declaraciones, al peticionario le fue iniciado un proceso penal que culminó con una sentencia en su contra por el delito de difamación. En su análisis del caso, la Corte IDH señaló la importancia de la libertad de expresión en el marco de una campaña electoral y reafirmó la necesidad de que los Estados garanticen que las restricciones a la libertad de expresión son compatibles con los fines que persigue la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, reiteró que la protección a figuras públicas es más laxa, toda vez que en razón de sus actividades conlleva un grado mayor de escrutinio público. En su sentencia la Corte IDH determinó que las medidas impuestas por Paraguay al señor Canese fueron desproporcionadas y por tanto violaba su derecho a la libertad de expresión.
Texto de la sentencia:
Caso Palamara Iribarne vs. Chile Sentencia de Fondo Reparaciones y Costas 22 de noviembre de 2005
Los hechos del caso se refieren a la incautación y prohibición de la publicación de un libro escrito por el peticionario, el cual refiere la eliminación del texto íntegro del libro. A raíz de ello, se le iniciaron procesos por desobediencia y desacato. En sus consideraciones, la Corte IDH determinó que para proteger el derecho a la libertad de expresión no basta que los Estados permitan escribir opiniones e ideas sino también es necesario no restringir su difusión. Además, señaló que el Estado utilizó la persecución penal de una forma desproporcionada e innecesaria en una sociedad democrática, por lo que restringió innecesariamente el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión del peticionario.
Texto de la sentencia:
Caso Claude Reyes y otros vs. Chile Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas 19 de septiembre de 2006
La Corte IDH analizó la negativa del Estado a informar a los peticionarios, activistas ambientales, sobre el desarrollo de un megaproyecto de industrialización forestal. La Corte IDH determinó que respecto a la libertad de expresión debe existir “el correspondiente deber de las autoridades públicas de hacer accesible la información sobre asuntos de interés público dentro de los límites razonables”. Por tanto, la falta de entrega de información sin que existiera un fundamento en ley constituyó una restricción innecesaria contra el derecho a libertad de expresión.
Texto de la sentencia:
Caso Kimel vs. Argentina Sentencia de fondo, reparaciones y costas 2 de mayo de 2008
El historiador y periodista Eduardo Kimel fue condenado por el delito de calumnia al criticar en un libro la labor de un magistrado encargado de las actuaciones judiciales para investigar el caso de una masacre. La Corte IDH reiteró que el uso del derecho penal constituyó una sanción desproporcional e innecesaria lo cual implica una violación a la libertad de expresión. Asimismo, la Corte señaló que las opiniones no pueden ser objeto de sanción, pues “la verdad o falsedad se predica sólo respecto a hechos, de allí que no puede ser sometida a requisitos de veracidad la prueba respecto de juicios de valor”.
Texto de la sentencia:
Caso Tristán Donoso vs. Panamá Sentencia de expedición preliminar, fondo, reparaciones y costas 27 de enero de 2009
El caso se refiere a la condena impuesta a un abogado por los delitos de difamación e injuria. En su análisis la Corte IDH determinó que la sanción penal fue innecesaria. Además, se pronunció sobre lo intimidante e inhibidor que puede alcanzar una sanción civil elevada, no sólo para el denunciante sino para otros potenciales críticos de la actuación de algún servidor público.
Texto de la sentencia:
Caso Ríos y otros vs. Venezuela Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas 28 de enero de 2009
Los hechos del caso se refieren a actos y omisiones cometidos por funcionarios y particulares que limitaron la labor periodística de 20 trabajadores del canal de televisión RCTV. La Corte IDH sancionó al Estado por la emisión de descalificaciones contra el medio por parte de algunos funcionarios; aunque no encontró probada la responsabilidad por agresiones a la integridad física contra periodistas la Corte IDH reiteró su doctrina sobre restricciones indirectas al derecho a la libertad de expresión.
Texto de la sentencia:
Caso Perozo y otros vs. Venezuela Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas 28 de enero de 2009
El canal de televisión Globovisión denunció agresiones, actos de hostigamiento tanto de particulares como por parte de funcionarios públicos, así como obstaculizaciones en contra de su labor periodística. La Corte IDH analizó las implicaciones que tuvieron las declaraciones realizadas contra el medio por parte de funcionarios públicos y determinó que tales declaraciones eran incompatibles con el deber de garantizar y la obligación de prevenir violaciones a la libertad de expresión.
Texto de la sentencia:
Caso Usón Ramírez vs. Venezuela Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas 20 de noviembre de 2009
El caso refiere a la condena por el delito de “injuria a la Fuerza Armada Nacional” contra el peticionario, militar retirado, condenado a cinco años y seis meses de prisión por haber concedido una entrevista por hechos ocurridos en una instalación militar. En su análisis, la Corte IDH determinó que la sanción penal impuesta contra el peticionario acreditaba una violación a la libertad de expresión por parte del Estado, pues el tipo penal era ambiguo y por tanto no cumplía con el principio de legalidad. Asimismo, que la imposición de una sanción penal ulterior no persiguió una finalidad legítima, fue innecesaria y desproporcionada. La Corte IDH ordenó al Estado dejar sin efecto el proceso militar contra el peticionario, así como modificar el tipo penal utilizando, entre otras medidas.
Texto de la sentencia:
Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas 26 de mayo de 2010
El caso se refiere a la persecución y exterminio de los militantes del partido “Unión Patriótica (UP)”, en particular la ejecución extrajudicial del entonces senador Manuel Cepeda Vargas, comunicador social y líder del Partido Comunista Colombiano y del UP. En la sentencia, la Corte IDH determinó que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión fue lo que derivó en la ejecución extrajudicial del comunicador ya que el Estado no protegió deliberadamente al señor Cepeda por la visión ideológica que representaba, lo cual constituyó una restricción indebida e ilegítima de sus derechos políticos, pero también un quebrantamiento de las reglas del juego democrático. En su análisis, la Corte IDH destacó que “la ejecución extrajudicial de un oponente por razones políticas no sólo implica la violación de diversos derechos humanos, sino que atenta contra los principios en que se fundamenta el Estado de Derecho y vulnera directamente el régimen democrático, en la medida que conlleva la falta de sujeción de distintas autoridades a las obligaciones de protección de derechos humanos reconocidos nacional e internacionalmente y a los órganos internos que controlan su observancia”.
Texto de la sentencia:
Caso Gomes Lund (“Guerrilha do Araguaia) y otros vs. Brasil Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas 24 de noviembre de 2010
Los hechos del caso se refieren a la detención arbitraria, tortura y posterior desaparición forzada de 70 personas como resultado de la operación militar para erradicar a guerrilla de Araguaia. La Corte IDH condenó al Estado por su negativa a proporcionar información sobre el paradero de los cuerpos o sepulturas a los familiares que lo solicitaron. En su sentencia define el estándar de acceso a la información, pues señala que para garantizar el ejercicio “pleno y efectivo de este derecho es necesario que la legislación y la gestión estatales se rijan por los principios de buena fe y de máxima divulgación, de modo que toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”. Asimismo, la Corte determinó que los Estados no pueden ampararse en mecanismos como el secreto de Estado, la confidencialidad de la información o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación.
Texto de la sentencia:
Caso Fontevecchia D'Amico vs. Argentina Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas 29 de noviembre de 2011
A los señores Fontevecchia y D’Amico, periodista y editor de la revista “Noticias” respectivamente, se les siguió un proceso civil por publicar dos artículos sobre la existencia de un hijo no reconocido del entonces presidente del país, Carlos Menen. En la sentencia, la Corte IDH señaló que se debe “encontrar un equilibrio entre la vida privada y la libertad de expresión que, sin ser absolutos, son dos derechos fundamentales garantizados en la Convención Americana y de la mayor importancia en una sociedad democrática”. De su análisis del caso, la Corte IDH consideró que la vía civil es una medida necesaria e idónea para salvaguardar el derecho a la vida privada de las personas; sin embargo, en el caso concreto era necesario considerar que la información versaba sobre asuntos de interés público, así como el contexto en que la información fue obtenida por los peticionarios y la conducta del presunto afectado. Por lo que, al ponderar los puntos anteriores, no hubo una injerencia arbitraria en el derecho a la vida privada del señor Menen y por lo tanto el proceso civil y sanción impuesta derivado de este constituyeron una violación a la libertad de expresión.
Texto de la sentencia:
Caso González Medina y Familiares vs. República Dominicana Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas 27 de febrero de 2012
Los hechos del caso se refieren a la desaparición forzada del profesor, periodista y líder de la oposición, Narciso González Medina, ocurrida después de que publicó críticas al cuerpo militar y al presidente del país por su participar del fraude electoral en los comicios electorales. La Corte IDH no analizó la posible violación a la libertad de expresión de la víctima, pero reafirmó su criterio de que “cuando la violación del derecho a la vida, la integridad o la libertad personal tiene como objetivo impedir el ejercicio legítimo de otro derecho protegido en la Convención, tales como el derecho de asociación, los derechos políticos y la libertad de expresión, se configura a su vez una violación autónoma a estos últimos derechos protegidos en la Convención Americana”.
Texto de la sentencia:
Caso Vélez Restrepo y Familiares vs. Colombia Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas 3 de septiembre de 2012
Los hechos del caso se refieren a las agresiones y hostigamiento que sufrió el periodista Luis Gonzalo ‘Richard’ Vélez Restrepo. La Corte IDH reafirmó la relación entre el periodismo y la libertad de expresión y la importancia de esta profesión dentro de una sociedad democrática. En su análisis la Corte IDH concluyó que las agresiones contra un periodista tienen un efecto negativo en otros periodistas pues “pueden temer sufrir actos similares de violencia”. Asimismo, la Corte determinó que la falta de investigación de los hechos, así como de adopción de medidas de protección significó una violación del Estado a la libertad de expresión.
Texto de la sentencia:
Caso Uzcátegui y Otros vs. Venezuela Sentencia de Fondo y Reparaciones 3 de septiembre de 2012
La controversia se refiere a la ejecución extrajudicial del señor Néstor José Uzcátegui perpetrada por agentes del Estado, así como al acoso que sufrió el hermano de la víctima por buscar justicia. En su análisis, la Corte IDH señaló que existen “condiciones de facto” que pueden restringir ilegítimamente la libertad de expresión y que “coloquen directa o indirectamente, en situación de riesgo o mayor vulnerabilidad a quienes la ejercen”. En ese tipo de contextos los Estados deben de abstenerse de “actuar de manera tal que propicie, estimule, favorezca o profundice esa vulnerabilidad y ha de adoptar, cuando sea pertinente, medidas necesarias y razonables para prevenir violaciones o proteger los derechos de quienes se encuentren en tal situación”.
Texto de la sentencia:
Caso Norín Catriman y otros (dirigentes, miembros y activistas del pueblo indígena Mapuche) vs. Chile Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas 29 de mayo de 2014
El caso se relaciona con la sentencia impuesta contra ocho activistas y dirigentes del pueblo indígena Mapuche, sentenciados por el delito de terrorismo en un contexto de protesta social por la recuperación de los territorios ancestrales. La Corte IDH señaló que tanto la sanción principal como las penas accesorias constituyeron una “indebida a la restricción indebida al ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y expresión”, tanto porque la ley aplicada viola el principio de legalidad y de varias garantías procesales sino porque debido al papel que desempeñaban cuatro de los peticionarios dentro de su comunidad convierte la sanción como desproporcionada. Asimismo, la Corte IDH señaló que la aplicación indebida de la Ley Antiterrorista pudo resultar en un efecto inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión.
Texto de la sentencia:
Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas 22 de junio de 2015
La sentencia versa sobre la decisión del Estado de no renovar la concesión del canal de Radio Caracas (RCT), basándose en la línea editorial del medio. La Corte IDH determinó ampliamente los estándares generales sobre el derecho a la libertad de expresión, también reafirmó su decisión sobre el ejercicio de la libertad de expresión a través de personas jurídicas pues “una parte importante del periodismo se ejerce a través de personas jurídicas y se reitera que es fundamental que los periodistas que laboran en estos medios de comunicación gocen de la protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos los que mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad”. La Corte determinó que el Estado violó la libertad de expresión en tanto que utilizó una facultad permitida para intentar alinear la línea editorial del medio, lo cual impactó no sólo en el derecho de trabajadores y directivos del medio sino también en la dimensión social de ese derecho.
Texto de la sentencia:
Caso López Lone y otros vs. Honduras Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas 5 de octubre de 2015
El caso se refiere a los procesos disciplinarios en contra de 3 jueces y una magistrada en el contexto del golpe de estado ocurrido en 2009 en Honduras. Las víctimas eran integrantes de la “Asociación Jueces por la Democracia”, la cual se pronunció contra el golpe de Estado, lo cual divergía de la versión oficial sostenida por la Corte Suprema de Justicia, que afirmaba se trató de una sucesión constitucional. La Corte IDH analizó la existencia de una posible violación a la libertad de expresión en relación a los derechos de reunión y de participar en política de los peticionarios y señaló que si bien los jueces tienen derecho a la libertad de expresión y de reunión es también cierto que su investidura trae aparejadas funciones que implican ciertas restricciones a esos derechos con el fin de garantizar su independencia e imparcialidad. Sin embargo, existen contextos que dado la gravedad que representan no es aplicable las restricciones impuestas a jueces y magistrados.
Texto de la sentencia:
Caso I.V. vs Bolivia Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas 30 de noviembre de 2016
La sentencia versa sobre la esterilización forzosa a la que se vio sometida la señora I.V. en un hospital público. En el análisis del caso, la Corte IDH señaló que el derecho de acceso a la información incluye la información relativa a la salud de las personas, lo cual supone la obligación de los Estados de proporcionar la información necesaria para que las personas puedan ejercer otros derechos (obligación de transparencia activa), la cual es especialmente relevante en temas de salud. Asimismo, la Corte señaló lo imperioso del consentimiento informado del paciente, pues es una “condición sine qua non para la práctica médica”, y en tal sentido hace un desarrollo del significado y elementos del consentimiento informado. La falta de información completa, adecuada y comprensible afectan gravemente otros derechos y obstaculizan el otorgamiento de un consentimiento informado, el cual es vital para evitar injerencias arbitrarias en la integridad personal e íntima de las personas, que toma especial relevancia en el caso del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, lo cual se relaciona con el acceso a la información en materia de salud.
Texto de la sentencia:
Carvajal Carvajal y otros vs. Colombia Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas 13 de marzo de 2018
El caso se refiere al homicidio del periodista Nelson Carvajal Carvajal por su labor informativa. El señor Carvajal cubría temas de corrupción y lavado de dinero y la implicación de autoridades locales. Al momento de analizar los hechos, la Corte IDH señaló que “el respeto y la garantía del derecho a la vida y la libertad de expresión de los periodistas y de los comunicadores sociales se encuentran estrechamente relacionados”, por lo que, en este caso concreto, la violación del derecho a la libertad de expresión deriva en una responsabilidad al Estado por la vulneración del derecho a la vida del señor Carvajal. Además, la Corte IDH resaltó “que la combinación de violencia contra los periodistas y la impunidad tienen un impacto altamente negativo, en primer lugar, respecto a los propios periodistas y sus familias, y, en segundo lugar, debido a que ha producido que diversas comunidades en Colombia no reciban información sobre temas que les afectan, tales como el conflicto armado, el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción política”.
Texto de la sentencia:
Opiniones Consultivas:
Exigibilidad del Derecho de Rectificación o Respuesta, OC‐7/86, 29 de agosto 1986
La Colegiación Obligatoria de Periodistas, OC‐5/85, 13 de noviembre de 1985