Brindar cooperación y asistencia técnica a los poderes Ejecutivo (en sus tres niveles: federal, estatal y municipal), Legislativo y Judicial, así como a las instituciones nacionales.
Dar seguimiento a la situación de derechos humanos en México bajo una apreciación independiente e imparcial y fortalecer las capacidades nacionales vinculadas a la protección de los derechos humanos.
Contribuir a la creación y fortalecimiento de esquemas institucionales de diálogo entre gobierno y sociedad civil.
Trabajar en coordinación con el Gobierno Federal para que las recomendaciones y las decisiones de los órganos convencionales y procedimientos especiales de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales sean tomadas en cuenta por las autoridades respectivas.
