Discurso de Jan Jarab para el primer aniversario de los eventos en Nochixtlán

Somos imparciales: no apoyamos ninguna fuerza política, ningún partido – apoyamos el estado de derecho.

Soy funcionario internacional – llegué a México el 13 de junio 2016 y entonces, seis días después de mi llegada me tocó a reaccionar a la tragedia de Nochixtlán. El lunes 20 de junio de 2016, temprano por la mañana, decidimos no sólo publicar un comunicado de prensa, sino también enviar a tres colegas de la Oficina quienes llegaron el mismo lunes 20 y se desempeñaron en la mediación (para que no ocurriera más violencia) y en la primera documentación del caso, así como entrevistas y grabaciones para difundir lo sucedido vía nuestras plataformas comunicativas; queríamos aportar para que la gravedad de los hechos no pasara desapercibida. Dos de estos colegas, Tom Haeck y Gabriela Gorjón, están aquí de nuevo un año después.

Un año después, estamos aquí reunidos con ustedes… en una conmemoración de este aniversario triste y doloroso.

Triste y doloroso, porque cuando se pierde la vida humana, es una pérdida permanente.

Triste y doloroso, porque muchas víctimas sufren aún secuelas de sus heridas.

Además, este aniversario también es triste y doloroso por otra razón: porque en un año, la justicia aún no ha llegado… y porque seguimos sin certeza de si llegará.

La violencia y la injusticia son las hermanas nefastas. Una potencia la otra. En esta región, estas dos hermanas han bailado juntas desde mucho tiempo.

Aunque soy extranjero, y llegué hace poco tiempo, estoy consciente que la triste y dolorosa historia de esta región no empieza en junio 2016. Nuestra Oficina, que funciona en México desde 2002, tiene una memoria histórica y sabe algo – claro, no tanto como ustedes, no tanto como los que lo viven de día al día, pero algo – sobre las injusticias del pasado; injusticias, en su mayoría, nunca reparadas.

Me parece que difícilmente se puede entender lo que pasó alrededor del trágico día 19 de junio sin tomar en cuenta este contexto – un contexto de la historia de la desigualdad profunda, de la pobreza, de la falta de desarrollo (o un modelo de desarrollo que beneficia sólo a unos ya privilegiados…), de la discriminación estructural de los pueblos indígenas de la mixteca…

No digo todo esto para justificar la violencia por parte de nadie – ni de los pobladores de Nochixtlán. En las Naciones Unidas valoramos los derechos humanos… y la paz, no justificamos ninguna violencia.

Evidentemente, lo que nos interesa sobre todo – como instancia de derechos humanos, desde el punto de vista de nuestro mandato – es cómo las autoridades cumplen con sus deberes, con sus obligaciones. Y específicamente aquí en Nochixtlán, hay dos dimensiones que nos preocupan mucho:

Primero, la actuación de las fuerzas del orden el día 19 de junio 2016.

Sabemos que nuestros colegas de la CNDH están preparando una recomendación que se pronunciara en detalle sobre las diferentes violaciones de derechos humanos cometidas, y calificara si el uso de fuerza durante el operativo fue desproporcional. Entonces no quiero adelantar sus resultados y me enfoco en lo que nos compete – la importancia del cumplimiento de los estándares internacionales.

El uso apropiado de la fuerza pública es un tema central para la legitimidad y credibilidad de cualquier estado, así como para la protección de los derechos humanos. Al igual que en otras materias, México enfrenta en ésta retos significativos y de distinta naturaleza. Las autoridades necesitan recuperar la legitimidad en el empleo que hacen de la fuerza.

De hecho, la utilización de una fuerza desproporcionada al margen de la ley y de los compromisos internacionales del Estado mexicano puede contribuir también a otras violaciones bien conocidas en el derecho internacional – las detenciones arbitrarias, los malos tratos y la tortura. En el contexto de Nochixtlán, nos preocupa también la detención de las personas en el panteón porque estas personas ni siquiera participaban en la manifestación, – estaban en el panteón para preparar la tumba de un familiar… y sufrieron mucho en el tránsito hacia el lugar de detención. Y tenemos el caso del tratamiento brutal de un adulto mayor de Huitzo que parece ser un caso de venganza – algo totalmente inaceptable como motivo de utilización de la fuerza, y además en contra de alguien totalmente ajeno al conflicto.

Resumiendo: no será el uso desbordado de la fuerza lo que permitirá recuperar en México la seguridad – por el contrario, será el profesionalismo, la legalidad, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos lo que permitirá alcanzar el modelo de seguridad ciudadana que se merecen quienes habitan México. Cuando el Estado emplea de manera excesiva e ilegal la fuerza, que se le concede, pues no gana autoridad – al contrario, la pierde, esto es, pierde prestigio y credibilidad, nutrientes fundamentales de los que se alimentan los estados democráticos, – pierde la confianza de los ciudadanos.

Además, según los estándares internaciones puede ser violado el derecho a la vida mismo sin que el uso de la fuerza sea desproporcional – se puede violar cuando el operativo es mal planificado o mal ejecutado, cuando los oficiales que participan no han recibido el entrenamiento necesario o no llevan equipo adecuado.

En nuestra Oficina, no somos fiscales, no tenemos ninguna investigación penal paralela. Pero queremos conocer la verdad – y la sociedad mexicana lo quiere y lo merece también. Esto significa saber no solo quién disparó, pero también quien mandó, … no sólo quién tiene responsabilidad penal sino también quién se equivocó, – y no sólo para castigar a alguien, (sobre todo, por favor, ¡no estamos buscando chivos expiatorios!) – sino que también es importante entender qué falló. Por ejemplo, ¿por qué se decidió de “liberar la carretera” el domingo, día de mercado?

Esto sí es crucial, no sólo para la justicia, sino también para la otra dimensión que tenemos que cuidar: la no repetición.

Todos sabemos que por varias razones, el estado de Oaxaca tiene un potencial de gran conflictividad social; que es altamente probable que vamos a ver otras manifestaciones con actuación de fuerza pública… y entonces es clave garantizar que por lo menos se aprenden las lecciones, para que tragedias como la de Nochixtlán no se repitan.

Segundo, nos interesa la actuación de los órganos de procuración de justicia – principalmente, en este caso, la Procuraduría General de la República.

Como se dice siempre, la investigación debe de ser exhaustiva e imparcial, profesional, sin prejuicios, sin ninguna politización – lo que resulta difícil dado que en México no hay aún una fiscalía verdaderamente independiente. Pero yo diría algo más: profesional no debería significar burocrático, tecnocrático, sin empatía. La investigación debe ser empática a las víctimas, evitando toda re-victimización, debe construir confianza.

En este contexto, permítanme por favor reiterar la urgencia del diálogo. Quiero destacar la creatividad y flexibilidad mostrada por el Defensor de Oaxaca, Arturo Peimbert, quien ofreció tomar las testimonias en la defensoría, para construir la confianza. Estuvimos muy cerca – ya en octubre del año pasado – de una resolución mutualmente aceptable y constructiva del problema causado por la desconfianza. Estoy convencido que si esta solución hubiera sido aceptada, la investigación hubiera podido avanzar mucho más, y gozar de mayor credibilidad.

Permítanme, entonces, terminar mi mensaje reiterando la plena disposición de la Oficina de promover el diálogo, a través la participación – junto con nuestras organizaciones hermanas, la CNDH y la Defensoría del Pueblo de Oaxaca – en las mesas de dialogo o en otras negociaciones si se requiere, para garantizar la investigación más exhaustiva, imparcial y empática posible, con el objetivo no sólo de traer la justicia y la verdad al pueblo de Nochixtlán y al estado de Oaxaca, sino también, a través de uno de los casos más emblemáticos de la época contemporánea, para contribuir al estado de derecho en la república mexicana – y también contribuir a la construcción de una cultura institucional donde las autoridades aceptan la responsabilidad, – donde se entiende, finalmente, que la reparación integral del daño no consiste solo en indemnizar a las víctimas, pero sobre todo en aceptar la responsabilidad, ofrecer un perdón público y garantizar la no repetición… para comenzar a reconstruir el tejido social.

Finalmente, quiero reiterar el compromiso y solidaridad de nuestra oficina con las víctimas de este trágico evento que permanecerá sin duda en el imaginario colectivo.

Gracias por su atención.