Palabras de Jan Jarab para la Promulgación de la ley general de desaparición
Señor Presidente, familias y demás personas asistentes.
Muy buenos días a todas y todos.
Hay que decirlo – hoy es un gran día para los Derechos Humanos. Sin lugar a dudas.
Es también la culminación de mucho trabajo, como lo destacó la Senadora Angélica de la Peña.
Ha sido un honor para la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos haber colaborado en la elaboración de la ley que está a punto de sancionarse. Esta contribución ha sido posible gracias a la apertura del Estado mexicano a la cooperación y escrutinio de los organismos internacionales de derechos humanos. Una relación que ha madurado con el tiempo y ha producido beneficios tangibles.
Es justo recordar que fue un organismo internacional el primero en recomendar la adopción de una ley general en materia de desaparición de personas luego de realizar una visita oficial al país en el año de 2011.
Hoy esa recomendación, seguida de otras semejantes incluida una del Alto Comisionado, se estará atendiendo.
La promulgación de esta ley, así como la de tortura, es una muestra de las ventajas que ofrece la apertura a la cooperación de los organismos internacionales…
… y por ello alentamos al Estado mexicano a profundizar la relación con los mismos, por ejemplo, reconociendo la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para recibir denuncias individuales, fortaleciendo la implementación de sus acciones urgentes y permitiendo la realización de la visita in situ solicitada.
La desaparición es una de las violaciones de derechos humanos más dolorosa, extendida, y que ha venido ocurriendo desde hace casi cinco décadas y se ha agudizado en tiempos recientes.
La ley que está a punto de promulgarse no es “la” solución, pero sí es parte de ella si se implementa de manera efectiva.
La ley reconoce uno de los principales desafíos del Estado, aspira a romper los patrones existentes de impunidad y revictimización.
La ley ha contribuido a fortalecer la articulación esperanzadora de las familias, surgió de un proceso que recuperó sus exigencias y aprendizajes.
La ley, además, adopta en gran medida los más altos estándares internacionales. Por lo anterior, la saludamos, sin ignorar sus limitaciones en rubros tales como la búsqueda y la responsabilidad penal del superior jerárquico.
Exitoso fue el proceso – exitoso también el resultado.
La Oficina reconoce a todas las personas que han hecho posible la construcción de esta ley, desde funcionarios públicos, muy especialmente a Roberto Campa por su apertura, impulso y paciencia; a legisladoras y legisladores – Angélica de la Peña, Pilar Ortega, Cristina Díaz, Armando Luna; a nuestros colegas del Comité Internacional de la Cruz Roja; y a las organizaciones que han acompañado el proceso. Quiero también reconocer el trabajo de mi colega Alán García y de su equipo.
Mención especial merecen las familias, a quienes reiteramos nuestra admiración al erigirse como actores de cambio y fuente de inspiración en medio del terrible dolor que enfrentan cada día.
El país vive un momento que puede pasar a la historia como aquel en el que el pueblo de México tomó conciencia de la magnitud de la desaparición de personas y repudió enérgicamente su comisión. También puede ser recordado como aquel en el que se adoptó un marco regulatorio para enfrentarla.
Ojalá pudiéramos decir que también trasciende como aquel que dejó sentadas las bases para que el Estado mexicano enfrentara con vigor y eficacia una conducta que flagela a las personas desaparecidas, atormenta a sus familiares, lastima a la sociedad y socava la confianza en las instituciones del Estado.
Son las autoridades, tanto las federales como las de las entidades federativas, las responsables de convertir la ley en un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad; garantizar la búsqueda efectiva de las miles de personas desaparecidas, localizarlas con vida y en caso de haber fallecido, identificarlas con certeza y restituir con dignidad sus restos; otorgar una reparación adecuada a las víctimas; construir memoria, y proveer garantías de no repetición. Sólo así, únicamente así, el momento que hoy nos congrega adquirirá significado pleno – y se convertirá en algo más que una fecha histórica.
La Oficina, por su parte, asume el compromiso y refrenda su decidida voluntad de seguir colaborando en este esfuerzo conjunto al lado de las autoridades, la sociedad civil y, sobre todo, las víctimas y sus familiares cuya fortaleza y dignidad son causa de esperanza. De esperanza para nosotros… de esperanza para México… de esperanza para la humanidad.
¡Muchas gracias!
Fin