Palabras de Jan Jarab – Tercera Cumbre Iberoamericana: Migración y Trata de Personas

Desde la Oficina – y no sólo en México, sino a nivel mundial – consideramos de máxima importancia el desarrollo de la sinergia entre los mecanismos y las instituciones de derechos humanos a nivel universal, regional y nacional: las instituciones nacionales para la promoción y protección de los derechos humanos y las instituciones de ombudsman.

Permítanme, por favor, utilizar también esta oportunidad para reafirmar no sólo el apoyo de la ONU-DH para la independencia de las instituciones nacionales de derechos humanos, sino la exigencia de que así sea, según lo que requieren los principios de Paris. Su independencia, compromiso y profesionalismo – su distancia crítica del poder – son clave para la correcta implementación de sus tareas.

El tema de migración está entre los asuntos donde esta sinergia entre instancias del sistema universal, regional y nacional, así como la independencia de las nacionales, se requiere tal vez aún más que en muchas otras dimensiones. Aunque se trata de una temática que se vuelve cada vez más relevante a nivel global, regional y nacional, en muchos países sigue siendo abordada como puro asunto de seguridad nacional, desde la perspectiva de contención. Políticas que incentivan que los migrantes escojan caminos más peligrosos, y aumenten así el riesgo de extorsión, trata o desaparición por el crimen organizado.

El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular representa una oportunidad de cambiar esta realidad. Aunque no se trata de un documento de derechos humanos y aunque tampoco es vinculante, no nos queda duda: de ser verdaderamente implementado, podría mejorar la situación de derechos humanos de las personas migrantes. Lamentablemente, varios países decidieron no unirse al Pacto – y como sabemos, en nuestra región uno de estos países, cuyo gobierno manifestó su total rechazo al Pacto, está influyendo de manera desproporcional en la política de los demás países que sí lo han firmado. De hecho, estamos observando – por parte de varios países – la tercerización de sus obligaciones en materia de protección de derechos humanos de las personas migrantes.

Hoy, hay dos discursos políticos sobre migración en el mundo: un discurso que intenta instrumentalizar la migración como un peligro, caracterizando a los migrantes como delincuentes o invasores – y el otro, más en la tónica del Pacto, que resalta la comprensión de los motivos de los migrantes, les reconoce como seres humanos, y se refiere a sus derechos humanos. Sin embargo, existe una paradoja – aunque las retóricas son opuestas, las políticas suelen ser similares, enfocadas en la contención. Por ejemplo, en el sexenio pasado, México tuvo un discurso oficial muy pro-migrante y desempeñó un rol particularmente activo en el desarrollo del Pacto Mundial – pero al mismo tiempo, sus políticas en la realidad seguían enfocadas en la detención automática y el número de personas deportadas desde México superó, entre 2016 y 2018, el número de los migrantes deportados de los propios Estados Unidos.

Además, hay que ser francos y admitir lo que todos sabemos: la dimensión socioeconómica de las políticas de contención. Como lo destacó recientemente la filósofa española Adela Cortina, el rechazo al migrante no es por ser extranjero (el extranjero rico, el turista, el inversionista, son bienvenidos). El rechazo es por ser pobre. La xenofobia en contra de los migrantes es una forma de lo que Adela Cortina llama “aporofobia”, el miedo y rechazo hacia los pobres.

Desde la perspectiva de derechos humanos, tenemos que rechazar con firmeza la retórica xenófoba, pero tampoco nos podemos quedar con la mera retórica positiva que no se vea reflejada en las políticas. Ningún discurso debe diluir las obligaciones internacionales de los Estados: por un lado, las específicas, recogidas en la Convención sobre los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, y por otra parte, las que surgen de los demás instrumentos del derecho internacional de derechos humanos, así como toda la amplia gama de recomendaciones que los Estados han recibido por parte de los órganos de tratado, de las relatorías especiales, y del Examen periódico universal.

Para mencionar el ejemplo más reciente, en sus observaciones finales sobre los informes de México, la semana pasada el Comité para la Discriminación Racial instó a México de cumplir con el compromiso expresado que la implementación de la política migratoria en este sexenio estará basada en el respeto y protección de los derechos humanos de las personas migrantes. El Comité también “observó con preocupación la aplicación de la detención automática de solicitantes de asilo y personas migrantes, incluidos los niños acompañados o no, en las denominadas Estaciones Migratorias, e instó al Estado Parte – México – a “definir alternativas a la detención de los solicitantes de asilo y de los migrantes en situación irregular, y velar porque ningún niño migrante sea objeto de detención por su condición migratoria.”

Estas recomendaciones del Comité contra la Discriminación Racial reiteran muchas de las recomendaciones de otras instancias internacionales y nacionales – hacia México y muchos otros países. Por ejemplo, la mencionada situación especial que afecta a niños, niñas y adolescentes migrantes: en este sentido se han pronunciado conjuntamente el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y el Comité de los Derechos del Niño en dos opiniones generales, en las cuales, se especifican las obligaciones del Estado en materia de protección de menores en el contexto de la migración. El principio de interés superior del niño ha de guiar cualquier medida de protección a implementar en los países de origen, tránsito y destino a favor de esta población.

Asimismo, me gustaría enfatizar en los riesgos que afectan a las mujeres y niñas migrantes durante todo el ciclo migratorio. La trata de personas – el otro tema importante de este evento – supone una violación a los derechos humanos que afecta desproporcionadamente a esta población. Es preocupante la tendencia a presentar medidas relacionadas con la migración como parte de la lucha contra el crimen organizado, incluida la trata de personas, con poca atención a las preocupaciones de derechos humanos. En este contexto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer enfatizó que los Estados deben respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres a lo largo de todo el ciclo migratorio.

De manera general, quisiera subrayar la importancia de elaborar políticas públicas acordes a los principios y directrices internacionales en la materia. En este sentido, menciono la publicación de la ONU-DH sobre ‘Derechos humanos en las fronteras internacionales’, que recoge las principales obligaciones del estado en protección, respeto y garantía de los derechos humanos de las personas migrantes en las fronteras internacionales. El principio de no discriminación y la asistencia y protección frente al daño, así como la supremacía de estos derechos, suponen un importante instrumento para guiar en este proceso de creación de políticas públicas.

Estoy convencido que nosotros, las instituciones de derechos humanos – y nuestras agencias hermanas de Naciones Unidas – podemos entender las preocupaciones de las autoridades, pero tenemos que ver más allá. No podemos ver a las personas migrantes como meras estadísticas, meros objetos de políticas. Tenemos que abordar el tema desde la perspectiva de los titulares de derechos, de las víctimas de violaciones a derechos humanos, de las víctimas de delitos. Tenemos que escucharlas; estar cercanos a ellas; ayudarles a defender sus derechos.

Les agradezco por su atención.