OACNUDH condena los actos de hostigamiento y amenazas que persisten en contra de las y los defensores en Guerrero

De acuerdo con información conocida por la Oficina, el 6 de marzo del año en curso Obtilia Eugenio Manuel, Presidenta de la OPIM, habría sido objeto de actos de hostigamiento por una persona no identificada y ese mismo día, en la ciudad de Ayutla de los Libres, habría recibido en sus oficinas un anónimo que la amenazaba de muerte.

El 17 de marzo Andrea Eugenio Manuel, hermana de Obtilia e integrante activa de la OPIM, también habría sido amenazada en la ciudad de Ayutla de los Libres. Un día antes, el 16 de marzo, integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, con sede en Tlapa de Comonfort, se habrían percatado de la presencia de un hombre que fotografiaba las instalaciones y al personal que entraba y salía de las mismas.

Estos actos de hostigamiento y amenazas se inscriben dentro del contexto de riesgo que enfrentan las defensoras y los defensores de derechos humanos en México, tal como lo refleja el informe presentado por la OACNUDH en octubre de 2009, titulado “Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo”. Particularmente, preocupa a la Oficina que estos actos estén relacionados con las acciones de defensa que han emprendido estas organizaciones por el respeto a los derechos de los pueblos indígenas en el Estado o con las labores vinculadas con las próximas audiencias previstas en los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, que en breve serán revisados por la Corte Interamericana.

La OACNUDH recuerda la obligación del Estado mexicano de proteger a toda persona de cualquier tipo de amenaza, represalia, presión o acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo los derechos establecidos por la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los

grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”.

No obstante que el Gobierno Federal ha iniciado el proceso de implementación de las medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana, la situación de riesgo prevalece en la zona y el sistema de Justicia no ha dado las respuestas oportunas y eficaces que se imponen. Con lo anterior se evidencia la necesidad de crear un mecanismo nacional de protección que dote de herramientas eficaces a las autoridades competentes para garantizar las condiciones adecuadas para que las y los defensores puedan realizar sus actividades.

Preocupa a la OACNUDH la falta de una efectiva investigación que identifique la fuente de las amenazas y, en consecuencia, se sancione a las personas responsables, pues esto contribuye a que la situación de riesgo no sólo prevalezca, sino se incremente.

La impunidad de los hechos denunciados va en detrimento de la defensa de los derechos humanos de las y los habitantes del Estado de Guerrero y, en particular, de los pueblos indígenas. El informe “Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo” y el presente comunicado, pueden ser consultados en: www.hchr.org.mx