Declaración de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, con motivo de su visita a México

Quiero comenzar mi intervención destacando el momento crucial que este país está viviendo. Es un momento de transformación y de oportunidades que se ha abierto desde la llegada al poder del nuevo Gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado su voluntad de implementar un cambio de paradigma: uno que asume la centralidad de los derechos humanos. Yo no solo reconozco esta determinación, sino que muestro mi voluntad y la de mi Oficina en México de apoyarla.

De especial relevancia es el hecho de que el Gobierno me transmitiera una invitación para visitar el país incluso antes de asumir el mandato, y que esta visita se haya concretado en el primer semestre de su sexenio. Ello muestra la apertura del Estado para estrechar los lazos de asistencia y cooperación con los organismos internacionales para avanzar en la construcción de una sociedad justa y respetuosa de los derechos humanos.

Los primeros pasos dados en esta dirección son de vital trascendencia. El actual Gobierno ha reconocido los graves y generalizados abusos y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país, ha asumido la responsabilidad y ha ofrecido disculpas en algunos casos emblemáticos, ocurridos en el pasado y, lo más importante, ha iniciado algunas transformaciones para develar la verdad, proveer justicia, reparar a las víctimas y asegurar la no repetición de estas violaciones.

Uno de esos ejemplos es la creación de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa en los primeros días del nuevo gobierno.

Cuando mi predecesor visitó México en 2015, había transcurrido justo un año desde las desapariciones forzadas de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y el asesinato de otras seis personas. Este caso emblemático ocupó los titulares de prensa del mundo entero no solo cuando ocurrió, sino cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes identificó graves irregularidades en la investigación del caso, y después, en 2018, cuando un informe de mi Oficina reveló que se habían producido casos de tortura y otras violaciones a los derechos humanos durante la investigación oficial del caso, para imponer una versión de los hechos que ya había sido descartada por expertos internacionales. Este informe, conocido como “Doble Injusticia” sirvió no solo para desmontar falacias, sino que ha ayudado a los familiares de las víctimas en su camino hacia la obtención de la verdad. “El informe fue aire puro para nuestra lucha”, me dijo Mario César González, padre de uno de los estudiantes desaparecidos.

Es gratificante saber que el nuevo Gobierno está empeñado en arrojar luz sobre el suceso, buscar a los desaparecidos, ofrecer verdad y garantizar la justicia a los familiares de las víctimas, y que en ese proceso va a colaborar, de nuevo, con nuestra Oficina en México. El canciller, Marcelo Ebrard, y yo misma firmamos el lunes el Acuerdo de Asesoría y Asistencia Técnica para la Comisión Presidencial de Ayotzinapa.

Mi Oficina será una aliada que no dudará en contribuir para que se den avances y al mismo tiempo alertará en caso de incumplimiento.

“Pedimos conocer el paradero de los muchachos. Necesitamos que prosigan las investigaciones para obtener verdad y justicia”, me transmitió Hilda Hernández, madre de uno de los chicos desaparecidos.

El caso de Ayotzinapa reveló al mundo un problema central y transversal en México: el de las más de 40.000 personas desaparecidas, un cuarto de ellas mujeres. A la par, existen 26.000 cuerpos sin identificar registrados por el Estado y se han localizado más de 850 fosas clandestinas. Estos datos son aterradores

Más grave aún es el hecho de que sigan produciéndose nuevas desapariciones, tal y como estableció en 2018 el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Así como que en la inmensa mayoría de los casos la impunidad sea la regla.

En este contexto, saludo la presentación desde el Palacio Nacional del Plan para la Implementación de la Ley General en materia de Desapariciones, la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda y la intención anunciada de crear el Sistema Único de Información y de un Instituto Nacional para la Identificación Forense.

Pero sobre todo saludo el hecho de que se haya definido la búsqueda de desaparecidos como una responsabilidad del Estado. Es trascendental que se mantenga lo acordado y que el proceso de búsqueda e identificación se haga en coordinación entre autoridades y familiares. Mi Oficina en México seguirá desarrollando una estrecha cooperación con la Comisión Nacional de Búsqueda y con la Secretaría de Gobernación. En este contexto, quiero reconocer el compromiso del Presidente López Obrador y de las autoridades de la Secretaría de Gobernación que han establecido como una prioridad la búsqueda de las personas desaparecidas.

En este contexto, concuerdo con la reivindicación de las familias y organizaciones que las acompañan de la conveniencia de crear mecanismos adecuados, uno de los cuales podría ser la creación de una comisión de la verdad, para garantizar el acceso a la verdad de las víctimas y de toda la sociedad. Como les dije a altos cargos gubernamentales, no se puede avanzar hacia el futuro sin esclarecer las sombras del pasado. Obtener avances mostrará a los ciudadanos que hay cambios, y les evitará el actual sentimiento de frustración.

En la Ciudad de México, Monterrey y Saltillo tuve la oportunidad de reunirme con familias de personas desaparecidas de México y Centroamérica con cuya lucha me solidaricé. Su fortaleza, entereza, compromiso, determinación, empoderamiento y solidaridad me emocionaron y me inspiraron. Me quedé gratamente sorprendida, no solamente por su infatigable determinación, sino por su claridad de objetivos, capacidad de articulación y construcción de agenda. A las familias de personas desaparecidas les aliento a mantener un espíritu de colectividad que, basado en el respeto a la diversidad, les allane el camino para alcanzar sus legítimos objetivos. Hago mía su reivindicación de contar con un sistema efectivo de búsqueda de todas las personas desaparecidas, nacionales y extranjeras, así como su exigencia de justicia. En el lamentable caso de que sus seres queridos hayan fallecido, sus restos deben ser identificados adecuadamente y entregados dignamente a las familias, utilizando para ello todos los recursos existentes y explorando vías como la instauración de un mecanismo extraordinario de identificación. Por eso, saludo la determinación del Gobierno de buscar asistencia internacional para resolver el desafío en el tema forense. Como les dije a quienes buscan a un ser querido: “sin ustedes, nada”.

La búsqueda de la verdad debe acompañarse de la consecución de la justicia. Las heridas si no están limpias no se curan. Las heridas abiertas en el pasado, y que perduran en el presente, necesitan verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. La sanación no será producto del tiempo, será el fruto de la materialización de resultados concretos. No solamente es deseable, sino posible. Me agrada saber que el Gobierno también lo cree y está dispuesto a caminar junto a las familias y abierto a recibir la asistencia internacional. Por ello, le aliento a concretar la visita del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU solicitada desde 2013 y a abrir caminos de justicia en el ámbito internacional reconociendo la competencia de dicho Comité para recibir comunicaciones individuales. Se trata de un par de reivindicaciones de larga data de las familias, cuya concreción permitirá dar una clara señal de ruptura con las políticas del pasado.

He escuchado las voces de muchas personas que no confían en el sistema de justicia del país – en particular en la procuración de justicia. Recuperar esta confianza con resultados y no solo con palabras es esencial para la legitimidad de las autoridades ante las víctimas y ante la sociedad. La consolidación del sistema penal acusatorio en fundamental para ello. La impunidad crónica y generalizada no puede seguir siendo una opción.

Debo señalar que tan trascendental como resolver los casos de abusos y violaciones del pasado es evitar que se reproduzcan nuevas atrocidades. México tiene cifras de muertes violentas propias de un país en guerra: 252.538 desde 2006.

Un país con enormes recursos humanos y económicos como México debería poder revertir esta situación sin recurrir a falsos atajos. Y esta ha sido precisamente la desalentadora realidad en los últimos lustros, en los que los distintos cuerpos de seguridad del país no solo fueron incapaces de reducir los alarmantes niveles de crímenes y abusos, sino que ellos mismos fueron protagonistas de vejaciones inconcebibles en una democracia. Cabe destacar que seis de las diez sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano están relacionados con violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.

Como el propio presidente lo ha dicho, “el ojo por ojo” no es la solución: la violencia no se erradica con más violencia. Y si bien el desarrollo socioeconómico y cultural es la estrategia que permitirá a largo plazo reducir los niveles de inseguridad y violencia, está claro que se necesitan fuerzas del orden que impongan y mantengan la Ley respetando los derechos humanos.

Reitero lo que mencioné en mis reuniones con las autoridades mexicanas y con grupos de la sociedad civil la creación de la Guardia Nacional puede abrir una oportunidad para crear una nueva fuerza policial de naturaleza civil capaz de lidiar con el inconmensurable flagelo del crimen organizado y de las grandes redes de narcotráfico, y hacerlo de forma respetuosa con los principios fundamentales de derechos humanos. Asimismo, recibo con beneplácito la noticia de que en unas semanas se expedirá una ley nacional del Uso de la Fuerza y una Ley Nacional de Registro de Detenciones, las cuales coinciden con las recomendaciones del sistema internacional de derechos humanos.

Todo lo anterior es un enorme reto, pero estoy convencida que con compromiso institucional y voluntad pública se puede lograr. Pude escucharlo personalmente en mi encuentro con varios altos cargos de este Gobierno. Todos se comprometieron a que el nuevo ente actúe de forma eficaz y al mismo tiempo en cumplimiento del más estricto respeto a los derechos humanos.

Junto a los esfuerzos de creación de una Guardia Nacional efectiva y respetuosa de los derechos humanos es necesario mejorar la actuación de las fuerzas policiales con el pleno compromiso de las autoridades a todos los niveles.

En otra muestra del compromiso del nuevo Gobierno con el respeto a los derechos humanos, el Estado mexicano solicitó formalmente a mi Oficina asistencia técnica en materia de derechos humanos relacionados con la operación, transparencia y rendición de cuentas de la Guardia Nacional. Y esta misma mañana hemos firmado un Acuerdo en este sentido

La Guardia Nacional tendrá una ardua tarea, dado que los datos de criminalidad en el país no cejan: durante los tres primeros meses de gobierno del Presidente López Obrador se han iniciado al menos 7.299 investigaciones por homicidios dolosos en el país y 240 por feminicidios. El Gobierno actual hereda una situación de extrema violencia, pero tanto él como todas las autoridades con las que he hablado se han comprometido a hacer lo necesario para revertirla.

Específicamente, me preocupa el hacinamiento en las cárceles, y el problema crónico de la tortura generalizada en centros de detención en el país, donde tres cuartas partes de los reos afirman haber sufrido malos tratos en detención.

De especial preocupación son las denuncias de tortura sexual sufrida por mujeres en detención, dado que una de cada diez afirma haber sido víctimas de violación durante el proceso de detención.

Mi Oficina está colaborando con las instituciones estatales en la implementación de la Ley General sobre Tortura y para esclarecer casos de personas que fueron juzgadas con base en pruebas obtenidas mediante tortura.

Me siento privilegiada de haberme reunido con seis defensores del agua de Tlanixco, Estado de Mexico, que pasaron entre 12 y 15 años injustamente encarcelados, y tres de los cuales fueron liberados la víspera de nuestro encuentro gracias a la perseverancia de quienes sabían de su inocencia y de autoridades sensibles ante la injusticia que implicaba su encarcelamiento. Maricela Molina González, esposa de Pedro Sánchez Berriozábal, que pasó 15 años injustamente en prisión, me transmitió la alegría que implicaba la liberación de su marido y la necesidad de obtener la reparación integral por los años de privación arbitraria de la libertad. Las liberaciones de los defensores de Tlanixco, se suma a la de otras personas indebidamente encarceladas. Saludo los esfuerzos de las autoridades por revisar los expedientes de personas que han sufrido un encarcelamiento injusto.

De igual forma, me satisface conocer los propósitos incipientes para superar el enfoque punitivista hacia algunas drogas y otras causas de criminalización injustificada, como las que enfrentan las mujeres que han interrumpido un embarazo. Esta saludable tendencia no se reconcilia con la reciente extensión del catálogo al que se le aplica la prisión preventiva oficiosa, figura que trastoca la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal.

Durante mi estancia tuve la oportunidad de escuchar las voces de varias personas que están, literalmente, poniendo en peligro su vida para defender las libertades de todas las personas. La situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos y de los periodistas sigue siendo alarmante. En lo que vamos de año, al menos, 9 personas defensoras de derechos humanos y 4 periodistas han sido asesinadas. Al menos doce informadores fueron víctimas de homicidio en 2018 y otros doce en 2017.

La libertad de expresión y de opinión y el derecho a estar informado son esenciales para una sociedad justa y equilibrada, y el hecho de que caciques sin escrúpulos, narcotraficantes y funcionarios públicos quieran amordazar a los periodistas demuestra precisamente la importancia que tiene. Una democracia plena debe contar con una prensa independiente y vibrante que pueda denunciar las malas prácticas y fomentar el debate sobre cualquier tema, sin ninguna exclusión.

Desde aquí hago un llamado a las autoridades para que refuercen el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Varios representantes de colectivos de defensores y periodistas señalaron en mis encuentros con ellos de que la protección proporcionada por el Mecanismo es insuficiente. Asimismo, sería importante fortalecer a los mecanismos de alerta temprana. En esta tarea mi Oficina continuará asesorando al Gobierno, presentando un diagnóstico que servirá para el fortalecimiento del Mecanismo.

Muchas de estos defensores de derechos humanos son mujeres valientes, como las que encontré el pasado sábado y que denunciaron que los feminicidios se han triplicado en la última década, y que solo desde principios de año se han registrado 568 mujeres asesinadas, un promedio de casi diez al día. La violencia contra la mujer es una lacra generalizada que han padecido dos tercios de las mujeres del país. Espero que el hecho de que por primera vez en la historia la paridad haya casi llegado al Congreso y al Ejecutivo abre una oportunidad histórica para implementar políticas transversales de igualdad de género.

Además, me congratulo del empoderamiento de las mujeres mexicanas, que han tomado una dimensión pública en las últimas semanas con una ola de denuncias de violencia sexual. Es muy importante que hayan surgido tantos colectivos de mujeres que están repensando cuál es la mejor manera de canalizar los agravios, los anhelos de justicia, y la lucha contra una impunidad lacerante. La lucha colectiva es siempre más gratificante, pero sobre todo más efectiva. Espero que su combate surta efectos.

Las mujeres, especialmente las mujeres indígenas, sufren de manera desproporcionada la pobreza, la exclusión y la discriminación. Superar esta brecha histórica es esencial para construir una sociedad igualitaria. Medidas como el programa anunciado recientemente para garantizar que más de millones de trabajadoras del hogar puedan tener acceso a la seguridad social es un primer paso de importancia que puede además facilitar que México ratifique a la brevedad el Convenio 189 de la OIT sobre la materia.

He señalado a la impunidad como un aspecto transversal que desgarra al país. Es por esa razón que aplaudo la aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General. Confío en que el primer titular de esta fiscalía Alejandro Gertz Manero impulse la transición a una institución autónoma, capaz de investigar fenómenos criminales complejos y que dé prioridad a priorice la investigación de graves violaciones a derechos humanos. Entre los pendientes de la nueva Fiscalía resaltan la designación del titular de la fiscalía Especializada en materia de derechos humanos, así como al Fiscal Especial para el caso Ayotzinapa. Mi oficina está dispuesta a seguir cooperando con la Fiscalía no sólo en el caso Ayotzinapa, sino en el marco de la Comisión Forense que se ocupa de la identificación de migrantes víctimas de masacres de San Fernando y Cadereyta.

Por otra parte, entiendo los retos de desarrollo socioeconómico que México enfrenta, empezando por el hecho de que el 43,6 por ciento de la población viva en la pobreza, un porcentaje que aumenta hasta el 85 % si hablamos de población indígena. Precisamente por esa razón, los pueblos indígenas y sus derechos deberían ser tenidos en cuenta y estar en el centro de cualquier política de combate a la pobreza. Así mismo, cuando se plantean proyectos que afectan a los pueblos indígenas y a sus territorios, se esencial buscar el equilibrio el proyecto, el respeto al medio ambiente, la protección de los territorios y los recursos de los pueblos indígenas. Los procesos de consulta de los pueblos indígenas para los proyectos que les afecten son una herramienta que llevados a cabo cumpliendo los estándares internacionales en la materia, es decir que sean previos, libres, informados y culturalmente adecuados, pueden ayudar a evitar conflictos y tomar verdaderamente en cuenta las opiniones y visiones de quienes han estado más excluidos. Así me lo han solicitado varios representantes de pueblos originarios con los que me he encontrado.

Es importante insistir de que todo desarrollo sea sostenible y sustentable desde la perspectiva ambiental, social y de derechos humanos. La Agenda 2030, y la perspectiva del desarrollo basado en derechos humanos, exige que los beneficiarios sean involucrados en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de los proyectos del desarrollo que les pueden afectar.

Considero que para que las políticas públicas sean sostenibles en el tiempo, tienen que ser legítimas y para que lo sean, tienen que hacerse en acuerdo con los distintos actores implicados, para que las asuman como propias. En este sentido, sugiero al Estado mexicano a que suscriba el Acuerdo de Escazú.

Al mismo tiempo cabe destacar que estos proyectos de desarrollo e infraestructura abren la puerta a la integración social y laboral no solo para decenas de miles de mexicanos desempleados sino también para personas migrantes, particularmente de Centroamérica en tránsito por México y también para los solicitantes de asilo. La decisión gubernamental de cambiar el rumbo de la política migratoria del anterior gobierno, centrada en la detención y la deportación masiva de personas migrantes –la cual criminaliza a un grupo ya de por sí muy vulnerable, alienta el tránsito por rutas clandestinas y hace a las personas migrantes y solicitantes de asilo una presa más fácil de la delincuencia organizada– es un paso positivo. También lo es la política de entregar permisos de estancia por razones humanitarias a las personas migrantes. Sin embargo, para que exista un verdadero cambio de política migratoria, estas acciones deben ser parte de una estrategia integral en la que el tránsito de personas migrantes en México sea seguro, que se mejoren las capacidades institucionales para evaluar y resolver solicitudes de asilo y otras necesidades de protección internacional, y que se reduzcan las tasas de impunidad para delitos cometidos en contra de personas migrantes en México.

Tuve la oportunidad de conocer a personas migrantes y solicitantes de asilo en el refugio de inmigrantes Casa Nicolás en Monterrey: hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, miembros de la comunidad LGTBI y otras personas perseguidas en sus países de origen o impelidos a marcharse por la falta de seguridad, condiciones y perspectivas, y muchos de los cuales han recibido el permiso humanitario

Asimismo, hay que reconocer que México se está convirtiendo en un país de destino y ya no solo de tránsito de personas migrantes. En este contexto, hay que reconocer que solo en lo que va de año, 17.000 personas han obtenido permisos de estancia por razones humanitarias, lo que les permitirá integrarse en las comunidades y acceder a los servicios públicos.

En Saltillo también pude conocer al gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, y a parte de su gabinete. Pude profundizar en los desafíos que implica para un estado federal atender los compromisos internacionales en derechos humanos, pero también conocer de procesos locales que pretenden avanzar al lado de los organismos internacionales. Aliento a todas las autoridades locales a comprometerse con la agenda de los derechos humanos.

Me es grato saber que la cabeza del Poder Judicial Federal también se concibe como un actor de cambio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictado precedentes trascendentes a nivel internacional. La animo a seguir siendo un promotor del respeto y protección de los derechos humanos. Pero, sobre todo, aliento a los poderes judiciales de instancias inferiores, y especialmente a las de las entidades federativas, a abrazar la causa de la dignidad de los seres humanos y a identificarse con los precedentes garantistas ya se dictan nivel interno e internacional.

Finalmente, quiero reiterar la importancia de la sociedad civil organizada para la vida democrática de un país. La sociedad civil puede tener varios roles importantes, desde el activismo hasta el acompañamiento de los grupos vulnerables.

En mis conversaciones con las autoridades les alenté a que, en la medida de lo posible, reciban a los relatores especiales y grupos de trabajo de derechos humanos de la ONU que han solicitado visitar el país, para seguir fortaleciendo los lazos de cooperación entre el Estado mexicano y el sistema de Naciones Unidas. Quiero felicitar al Estado por haber aceptado prácticamente la totalidad de las recomendaciones derivadas del Examen Periódico Universal, demostrando su voluntad de cambio y su disposición de hacerlo con la comunidad internacional. Al igual que con el resto de las recomendaciones internacionales toca ahora hacer realidad su implementación. Mi Oficina está dispuesta a acompañarles en ese objetivo común. Y es precisamente porque creo en el compromiso del nuevo Gobierno de fortalecer su vinculación la protección internacional de los derechos humanos es que me permito sugerir que rompa la inercia de los últimos años y ratifique el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones.

Organizaciones tanto del norte como del centro y sur del país me trasladaron la importancia de nuestra presencia y nuestro apoyo. Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, nos definió como “un ancla”. Aliento a las autoridades a que sigan colaborando con la vibrante y comprometida sociedad civil mexicana, un extraordinario ejemplo de integridad y solidaridad que quiere y precisa estar implicada en todos los procesos de fortalecimiento de los derechos humanos del país.

Muchas gracias.