ONU-DH alienta a las autoridades judiciales a garantizar los derechos de las víctimas de desaparición

“En toda democracia, el papel del poder judicial es esencial para hacer frente a las injusticias. La protección que puede brindar el poder judicial constituye para las familias de las personas desaparecidas la última esperanza en el ámbito interno ante los abusos y la negligencia de otras autoridades” señaló Jesús Peña, Representante adjunto de la ONU-DH en México. “A lo largo de los años, las familias de personas desaparecidas han depositado confianza en la efectiva protección por parte del poder judicial frente a la falta de búsqueda, la desatención a sus derechos, la ineficacia de las investigaciones y la ausencia de reparación”, añadió Jesús Peña.

Los poderes judiciales federal y estatales tienen una gran responsabilidad para hacer efectivos los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de desaparición y sus familias. Entre las medidas que los poderes judiciales pueden tomar se encuentran el control de la actuación de otras autoridades y la efectividad de las garantías procesales como medio para prevenir las desapariciones forzadas; el control de la investigación penal para asegurar que se conduzca con la debida diligencia y contribuya a la búsqueda de las personas desaparecidas; el ejercicio amplio de las facultades previstas en la Ley de Amparo para promover la búsqueda de personas desaparecidas; y la garantía de la participación de las familias de personas desaparecidas en el proceso y el acceso a la información.

“La grave situación que enfrenta México en materia de desaparición requiere del compromiso efectivo de todas las autoridades. Por ello, es necesario que quienes integran los poderes judiciales asuman esta tarea con responsabilidad, compromiso, sensibilidad y garantizando el respeto a los derechos humanos,” señaló el Representante adjunto.

“La búsqueda de justicia de las familias les ha llevado a abrir caminos para toda la sociedad, como muestra el caso de Rosendo Radilla, a través del cual la familia de una víctima de desaparición durante la denominada “Guerra Sucia”, luego de haber obtenido una sentencia favorable ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiese una determinación que ha marcado un hito sobre la obligación de los jueces de aplicar los estándares internacionales de derechos humanos” añadió Jesús Peña.

La ONU-DH saluda la decisión del Gobierno de la República de avanzar en el proceso de reconocimiento de la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas para recibir y examinar denuncias individuales de las víctimas de violaciones a los derechos consagrados en la Convención, de acuerdo con su artículo 31, y alienta al Senado de la República a aprobar este instrumento a la brevedad. Una vez concretado este paso, las víctimas encontrará un canal adicional para acceder a la justicia en el ámbito internacional como lo ha sostenido la ONU-DH.

Asimismo, la ONU-DH saluda los avances producidos en los últimos meses en relación con la implementación de Ley General en materia de Desaparición de Personas, como la aprobación del Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas el 27 de agosto, logrado tras un proceso de consulta con familias, instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, la ONU-DH destaca el reconocimiento de la magnitud de la problemática de la desaparición en México reflejada en la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y su versión pública que permite una aproximación más cercana a la dimensión del problema que ejercicios anteriores.

Finalmente, la ONU-DH reafirma su compromiso de seguir acompañando a las víctimas de desaparición en México en sus demandas de justica, verdad, reparación, construcción de memoria y garantías de no repetición. Además, la ONU-DH refrenda su disposición de seguir brindando su asesoría y cooperación al Estado mexicano para superar el gran reto que enfrenta en esta materia.