COMUNICADO DE PRENSA RELATORES DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA ONU Y LA CIDH PRESENTAN PÚBLICAMENTE INFORMES SOBRE VISITA A MÉXICO
México D.F., 24 de octubre de 2011. Las relatorías para la libertad de expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos agradecieron hoy la apertura del Estado mexicano al haberles invitado a visitar el país, durante la presentación de los informes de misión publicados por ambas Relatorías en seguimiento a la visita oficial conjunta que efectuaron a México entre el 9 y el 24 de agosto de 2010. Sin embargo, los Relatores llamaron al Estado a implementar las recomendaciones incluidas en dichos informes y enfatizaron la necesidad de que el Estado brinde una respuesta decisiva para proteger de la violencia a periodistas y medios de comunicación.
La Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero, y el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la ONU, Frank La Rue, reconocieron la existencia de avances en la protección de la libertad de expresión en México, como el papel del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) en la protección del derecho de acceso a la información, la creación por parte del Gobierno Federal de una fiscalía especializada para investigar los crímenes contra la libertad de expresión y la despenalización de los delitos contra el honor a nivel federal y en la mayoría de las entidades federativas.
Sin embargo, La Rue y Botero insistieron en la persistencia de enormes desafíos relacionados particularmente con la violencia que enfrentan las y los comunicadores, la cual tiene un intolerable efecto de silenciamiento en algunas zonas del país. Los relatores reafirmaron que México ha sido en la última década el país más peligroso para el ejercicio del periodismo en las Américas, como lo demuestran los 70 homicidios cometidos contra comunicadores entre los años 2000 y 2010, así como los 13 asesinatos registrados entre enero y octubre de 2011 en los cuales no se ha descartado un vínculo con la actividad profesional.
Para los relatores, una respuesta eficaz del Estado mexicano para proteger a periodistas y medios de comunicación requiere reconocer que la violencia contra comunicadores y medios de comunicación es un problema crítico que requiere adoptar una política integral de prevención, protección y procuración de la justicia. Entre otras medidas, es necesario implementar de manera pronta y efectiva un mecanismo de seguridad especializado para proteger la vida e integridad de periodistas en riesgo, y asegurar investigaciones prontas y diligentes cada vez que
un comunicador es asesinado, desaparecido, atacado o amenazado de muerte, mediante el fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), así como el traslado a la justicia federal de las investigaciones de los crímenes contra comunicadores de aquellos casos que lo ameriten. Asimismo, México debe incorporar de forma explícita una política a favor de la libertad de expresión a su estrategia de seguridad pública que incluya la protección de comunicadores en riesgo.
Los relatores reconocieron la apertura y respuesta positiva de parte del Estado mexicano a las preocupaciones expresadas durante su visita oficial. Sin embargo, manifestaron especial preocupación por la falta de avances en la implementación efectiva del “Convenio de coordinación para la implementación de acciones de prevención y protección a periodistas”, y la ausencia de sanciones a los responsables de cometer actos de violencia contra periodistas, a pesar de los seis años de existencia de la FEADLE.
Para Catalina Botero, “salvaguardar la libertad de expresión no sólo es compatible con la lucha contra el crimen, sino que es un elemento esencial de esta lucha, en la medida que mediante su ejercicio se denuncian las actividades de la criminalidad y se fomenta la responsabilidad política y la integridad institucional”.
Por su parte, Frank La Rue afirmó que “toda acción efectiva de parte del Estado para proteger a los periodistas y a los medios de comunicación comienza con la investigación diligente de los crímenes en su contra y la identificación, procesamiento y sanción de los responsables, así como con la reparación de las víctimas”, afirmó Frank La Rue.
Finalmente, los Relatores señalaron que la diversidad y el pluralismo en el debate democrático se encuentran limitados por la alta concentración en la propiedad y control de los medios de comunicación a los cuales se ha asignado frecuencias de radio y televisión, y por la ausencia de un marco jurídico en materia de radiodifusión que establezca procedimientos claros y equitativos para todos los actores, incluyendo a las radios comunitarias.
Durante su visita oficial conjunta a México, los relatores para la libertad de expresión de la CIDH y la ONU se reunieron con autoridades gubernamentales, legislativas y judiciales tanto a nivel federal como estatal, así como con organizaciones de la sociedad civil, periodistas y otros actores relevantes, tanto en el Distrito Federal como en los estados de Chihuahua, Guerrero y Sinaloa. Los relatores agradecieron la apertura del Estado mexicano al haberles invitado a visitar el país y destacaron su cooperación y diligencia antes, durante y después de la visita.
En la presentación de hoy participaron, además de los dos relatores vía videoconferencia, representantes del Gobierno Federal, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de la prensa y de la sociedad civil.
Fin