Intervención de Guillermo Fernández-Maldonado en la audiencia pública de la CIDH “Protección de personas en movilidad humana en los Estados Unidos, México y el Norte de Centroamérica”
(26 de octubre). Un cordial saludo a la Presidenta, vicepresidentas, comisionados y comisionadas, relatoras, secretaria ejecutiva y a las personas que nos acompañan. Es un honor estar aquí con ustedes, en la audiencia pública del 181° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denominada la Protección de las personas migrantes, refugiadas y retornadas en Centro y Norteamérica, en mi capacidad de Representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Proporcionaré información de forma oral e informal, sin estar bajo juramento, sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y retornadas en Centro y Norte América. Nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia, expresa o implícita, de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas en virtud de la Convención de 1946 sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas.
La labor de nuestras oficinas en la región ha permitido identificar aspectos que generan serias preocupaciones en relación con las devoluciones de personas migrantes y refugiadas, que no sólo pondrían en riesgo el respeto del principio de no devolución, la prohibición de expulsiones colectivas y su derecho al debido proceso, a la evaluación individual y al recurso efectivo, sino que estos retornos se estarían llevando a cabo a lugares con altos índices de violencia y criminalidad, lo que pone en riesgo la seguridad de estas personas.
A continuación, me permito resaltar tres situaciones sobre las que consideramos fundamental adoptar medidas para prevenir y remediar su impacto en los derechos humanos de las personas en movilidad:
Las expulsiones desde Estados Unidos bajo el Título 42. De acuerdo a las cifras de la OIM, desde el 20 de marzo de 2020, bajo el Título 42, se han registrado 845,000 expulsiones de personas migrantes a la frontera norte de México. Esta política impide el acceso a procedimientos de asilo y la identificación de necesidades de protección por parte de las autoridades estadounidenses, dejándolas en un limbo jurídico, lo que ha derivado en la expulsión de personas migrantes a ciudades con altos índices de criminalidad con un grave riesgo para su seguridad. De igual modo, desde el lado mexicano la capacidad de respuesta de los albergues de la sociedad civil se encuentra rebasada, por lo que es fundamental fortalecer la respuesta institucional para atender la situación humanitaria que se vive en la frontera.
También bajo el Título 42 preocupan los vuelos desde Estados Unidos a México y Centroamérica. Desde principios de agosto, se ha dado seguimiento a una nueva situación, la expulsión de personas por vía aérea, bajo el Título 42, hacia el sur de México y Centroamérica, sin pasar por un mecanismo de identificación de necesidades de protección ni protocolos sanitarios, lo que sitúa a las personas en una mayor situación de vulnerabilidad. Preocupan las expulsiones de personas haitianas y nicaragüenses en la frontera de Guatemala.
Las devoluciones de personas haitianas sin garantía al principio de no devolución y al retorno en condiciones de seguridad y dignidad y la reintegración sostenible. Nuestra oficina ha sido informada sobre devoluciones de personas haitianas desde la frontera de Estados Unidos y México, a distintos países de la región. Estas expulsiones podrían violar el principio de no devolución y la prohibición de expulsiones colectivas. Asimismo, se ha podido conocer de la devolución de personas nacidas en Brasil y Chile, a Haití. Pese a los esfuerzos del gobierno de México, con la regularización de alrededor de 16,919 personas haitianas entre 2020 y 2021, y los acuerdos para incrementar la presencia consular de Haití, al menos en México, es necesario ofrecer mecanismos de protección o acuerdos de estancia legal para garantizar el acceso efectivo a vías migratorias regulares, no expulsar a las personas haitianas sin haber evaluado sus necesidades individuales de protección y garantizar los derechos humanos como personas en situación de movilidad.
Es importante recordar que los Estados de la región han asumido compromisos para facilitar el retorno seguro y digno, de conformidad con las obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos, así como de crear condiciones propicias de reintegración sostenible de los migrantes en su país de origen. También se han comprometido a aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular para responder a las necesidades de migrantes en situación de vulnerabilidad. Hacemos votos para que este espacio pueda propiciar un diálogo sustantivo entre todos los actores concernidos para adoptar medidas y evitar las prácticas descritas.
Agradecemos nuevamente por la oportunidad de participar en esta importante audiencia.
Fin