ONU-DH presenta informe sobre la práctica sistémica de la tortura en Aguascalientes ocurrida entre 2010 y 2014

El informe, titulado “Hasta perder el sentido: Informe sobre la práctica de actos de tortura y malos tratos en Aguascalientes entre 2010 y 2014”, es el resultado de un detallado proceso de documentación y acompañamiento integral de la ONU-DH a personas sobrevivientes de tortura.

“El Informe es un testimonio de la valentía de las personas sobrevivientes de tortura en Aguascalientes”, dijo Guillermo Fernández-Maldonado, Representante en México de la ONU-DH. “Sus voces interpelan a las autoridades para que tomen medidas firmes, contundentes e inequívocas a fin de que estas prácticas no vuelvan a ocurrir”, añadió.

Con base en la documentación realizada, la ONU-DH cuenta con sólidos elementos para afirmar que en dicho período existió una práctica sistemática de tortura y malos tratos, mediante actos organizados, ordenados y planeados desde la entonces Procuraduría General de Justicia de Aguascalientes, ejecutados por funcionarios de esa y otras instituciones estatales, y con diversos tipos de vinculación de altos mandos de dicha Procuraduría.

Las conclusiones del Informe se basan en casos documentados de al menos 40 personas (33 hombres y siete mujeres) que habrían sido sometidas a tortura y malos tratos en Aguascalientes entre 2010 y 2014. Adicionalmente, la ONU-DH recibió alegaciones creíbles de docenas de casos similares que se habrían presentado en dicho contexto.

La ONU-DH concluyó que, entre 2010 y 2014, en Aguascalientes se implementaron políticas de procuración de justicia incompatibles con los derechos humanos –de forma opaca y sin controles–. El informe señala que esto ocurrió en el contexto de una narrativa oficial de aumento de la violencia y la justificación del uso del arraigo, que funcionó como un mecanismo para ejecutar, continuar y ocultar los actos de tortura y malos tratos.

“Una de las principales lecciones que nos deja el Informe sobre Aguascalientes, es que la implementación de políticas de seguridad y procuración de justicia, sin respeto por las normas de derechos humanos, impide la transparencia y la rendición de cuentas, al tiempo que genera una doble injusticia: una para las personas que sufren graves abusos por parte de funcionarios y otra para las víctimas de los delitos, quienes tienen derecho a que las personas verdaderamente responsables rindan cuentas ante la justicia y no se fabriquen indebidamente culpables” dijo el representante de la Alta Comisionada en México. “Estas prácticas lesionan los derechos y expectativas de la sociedad en su conjunto, la cual espera de las instituciones encargadas de protegerles resultados confiables y duraderos con pleno respeto a la ley”, agregó.

A la fecha de publicación de este Informe, ninguna persona ha sido procesada o sancionada por los actos de tortura. En contraste, la mayoría de las personas cuyos casos se incluyen en el Informe están privadas de la libertad y tienen sentencias, algunas con recursos pendientes de ser resueltos.

En cumplimiento de su mandato, la Oficina observa el desempeño estatal a la luz de las normas y estándares internacionales de derechos humanos, plantea recomendaciones y ofrece su asistencia técnica. Corresponde al Estado cumplir con su deber de investigar los actos individuales y determinar las responsabilidades administrativas o penales, en especial en casos de tortura, sobre los cuales la obligación estatal de investigar y sancionar es imperativa y nunca prescribe.

El Informe incluye un apartado amplio de recomendaciones dirigidas a reparar en forma integral a las personas sobrevivientes de tortura e investigar este delito de oficio y de forma pronta, imparcial, independiente, exhaustiva y con pleno respeto del debido proceso, a efecto de imponer el castigo adecuado a los responsables. Para cumplir con ello, es fundamental que el Gobierno estatal garantice las condiciones para que una investigación de esta naturaleza se materialice.

La ONU-DH reitera su reconocimiento a las personas sobrevivientes de tortura que compartieron su testimonio y refrenda que les seguirá acompañando en su exigencia de verdad, justicia y reparación integral. La ONU-DH recuerda que nadie que haya participado o contribuido con información para la elaboración del Informe debe ser objeto de represalias.

Finalmente, la ONU-DH refrenda su compromiso para seguir brindando asistencia y cooperación técnicas al Estado mexicano y a las autoridades de Aguascalientes tanto para la efectiva implementación de las recomendaciones emanadas de este Informe, como para el continuo cumplimiento de los estándares internacionales en materia de prevención, investigación y erradicación de la tortura, seguridad ciudadana, procuración de justicia y reparación integral a las víctimas.