CIDH, RELE y ONU-DH México condenan el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado

Lourdes Maldonado cubría temas policiales, de corrupción y de política local en el estado de Baja California desde hace más de 20 años; a lo largo de su trayectoria, trabajó para distintos medios locales y nacionales, además de conducir programas de noticias en radio y televisión. Al momento de su muerte tenía un espacio informativo propio sobre diversos temas de interés público.

Según información disponible, el 23 de enero de 2022, sujetos desconocidos atacaron con arma de fuego a la reportera, cuando se encontraba en el interior de un automóvil en las inmediaciones de su vivienda. La Fiscalía General del Estado de Baja California informó que abrió una carpeta de investigación a través de su Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra la Vida.

En 2021 la periodista Lourdes Maldonado habría sido blanco de atentados intimidatorios, como el presunto ataque con disparos con arma de fuego y golpes a su automóvil en marzo y abril. Luego de estos hechos, el Fiscal General de Baja California informó que la periodista habría recibido medidas de protección del estado, que incluyeron rondines de vigilancia, comunicación con la policía y un botón de pánico.

Resulta de especial relevancia que el 26 de marzo de 2019 la reportera habría expresado temor por su vida durante una conferencia de prensa presidencial, donde además solicitó al jefe de Estado su “apoyo, ayuda y justicia laboral” en relación con un litigio laboral que llevaba adelante contra la empresa Primer Sistema de Noticias (PSN), propiedad de Jaime Bonilla exgobernador de Baja California, medio en el cual Lourdes Maldonado había trabajado. En el marco de dicha demanda, cuatro días antes del atentado contra Lourdes Maldonado, la periodista había hecho pública la decisión a su favor de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), así como la decisión de embargar bienes de la empresa.

La CIDH, su RELE y ONU-DH consideran crítico que, a menos de un mes de comenzado el año, se hayan reportado tres asesinatos de periodistas en México –dos en la ciudad de Tijuana– y al menos en dos casos las víctimas habrían intentado acudir a las autoridades para reportar su situación de riesgo. Asimismo, con respecto al caso de Lourdes Maldonado, advierten con preocupación que el Estado no haya logrado brindar a la periodista las garantías necesarias para ejercer su trabajo de forma segura y prevenir estos hechos, tal como la víctima lo solicitó. La Relatoría Especial ha señalado previamente que, si bien los Estados tienen la obligación permanente de prevenir violencias contra la prensa y proteger a periodistas en riesgo, este deber se acentúa en los casos en que las autoridades han tenido oportunidad de conocer un riesgo particular para las o los periodistas.

En el Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en México (2018), los Relatores Especiales para la Libertad de Expresión de ONU y OEA advirtieron que uno de los retos más significativos para la libertad de expresión en México es “el fortalecimiento de las instituciones nacionales responsables de cumplir las obligaciones estatales de protección de periodistas, y la implementación de un conjunto de estrategias urgentes, integrales y coherentes en materia de prevención, protección y rendición de cuentas”.

Los atentados contra periodistas ocurridos durante enero de 2022 en México ponen en evidencia la necesidad de que el Estado ajuste y fortalezca sus mecanismos institucionales de protección a periodistas de manera inmediata. El Estado mexicano ha informado que trabaja en la creación de un Sistema Nacional de Prevención y Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el cual estará fundamentado en una Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y comprenderá la formulación de un Modelo Nacional de Prevención, la creación de un Registro Nacional de Agresiones y un Protocolo Nacional de Protección. Para la formulación del proyecto de Ley Nacional, el gobierno mexicano ha informado que inició una serie de diálogos regionales con la finalidad de que la sociedad civil, y en especial las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, cuenten con espacios plurales e incluyentes de participación. Este esfuerzo se une a otros del Estado mexicano como el convenio con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para crear un fondo que permita financiar el periodismo de investigación.

Para ello, la CIDH, su RELE y la ONU-DH México invitan al Estado a analizar conjuntamente medidas urgentes de evaluación interinstitucional que sean complementarias a las medidas ya anunciadas por las autoridades y expresan su disposición para ofrecer asistencia técnica a las instituciones del Estado.

La impunidad de atentados contra personas periodistas fomenta la reiteración de actos de violencia contra periodistas y puede tener un efecto inhibitorio en el ejercicio de la libertad de expresión. Por ello, la CIDH, su RELE y ONU-DH México saludan el compromiso expresado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para que las instituciones nacionales competentes realicen una investigación del asesinato de Lourdes Maldonado López y exhortan al Estado a que esta sea pronta, completa, efectiva e imparcial. Las investigaciones deben tomar en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto en que ocurrieron, los patrones que explican su comisión, y su posible vinculación con la actividad periodística. Además, resulta fundamental que la investigación logre esclarecer no sólo la autoría material de los hechos sino también los autores intelectuales de estos ataques.

La CIDH, su RELE y la ONU-DH México expresan su solidaridad con la familia, colegas y amistades de Lourdes Maldonado, y llama a las autoridades a garantizar las medidas de atención, reparación y protección necesarias en este y en otros casos de ataques contra periodistas.

Finalmente, la CIDH, su RELE y la ONU-DH México reiteran su compromiso de trabajar para contribuir con que quienes ejercen la libertad de expresión en México, puedan hacerlo en libertad y sin temor.