CIDH y las Oficinas de ONU Derechos Humanos expresan su preocupación por la situación de personas defensoras de derechos humanos en el primer cuatrimestre del año

La CIDH y las Oficinas del Alto Comisionado advierten que la región americana continúa siendo una de las más peligrosas para ejercer la labor de defensa de derechos humanos en el mundo. Varios países del continente lideran las cifras mundiales de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, quienes además enfrentan amenazas, ataques, hostigamientos, actos de intimidación, campañas de estigmatización y desprestigio así como procesos de criminalización por su legítima labor de defensa. Entre las personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales que han sido asesinados se encuentran beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la CIDH y personas que recibían protección por parte de autoridades nacionales.

La CIDH y la ONU Derechos Humanos advierten con preocupación que Colombia se mantiene como uno de los países con más asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales registrados en el continente. Entre el 1 de enero y el 30 de abril, la ONU Derechos Humanos recibió 51 quejas sobre asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos en el país, de los cuales al menos 21 han sido verificados por ONU Derechos Humanos como asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos (3 mujeres y 18 hombres).

El mes de enero de 2019 estuvo marcado por varios ataques y asesinatos de personas que defienden los derechos de las víctimas del conflicto armado interno. Por ejemplo, en enero de 2019 se registró el asesinato de Maritza Quiroz Leiva, reclamante de tierras y lideresa de mujeres afrodescendientes víctimas de desplazamiento en Santa Marta, Colombia, a causa de disparos que le habrían propinado hombres desconocidos. El 11 de enero, la Sra. Alfamir Castillo Bermúdez, una defensora y madre de una víctima de una ejecución extrajudicial, fue atacada en el Valle del Cauca, también en Colombia, cuando varios disparos impactaron el vehículo en el cual se movilizaba. El día siguiente, el 12 de enero, se desarrolló un intento de allanamiento en la oficina de Bogotá de la Fundación Nydia Erika Bautista (ONG). Tanto la Sra. Alfamir como la Fundación, acompañan y apoyan a víctimas, en casos de graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Por otra parte, la ONU Derechos Humanos sigue observando que el grupo de defensores y defensoras comunitarias y comunales continúan siendo el grupo de defensores en más alto riesgo en Colombia y representan la mayoría de las víctimas mortales, hasta la fecha. Asimismo, se registraron otras situaciones de ataques y asesinatos en otras partes del país. Cabe resaltar que el 4 de abril, la CIDH y la ONU Derechos Humanos en Colombia hicieron un llamado conjunto en el marco de la MINGA señalando la importancia del diálogo para la atención a las demandas sociales como única salida que contiene la violencia. Asimismo, destacaron que el enfoque de derechos humanos siempre allana el camino hacia el fortalecimiento de las democracias y el Estado de Derecho.

La CIDH y la ONU Derechos Humanos expresan su preocupación por el aumento de asesinatos a personas defensoras de derechos humanos en México durante los primeros cuatro meses del año, en comparación con años anteriores. De acuerdo con información al alcance de ambos organismos, al menos 10 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas durante este periodo, 9 hombres y una mujer, una cifra cercana a los al menos 13 casos documentados durante todo el año 2018, lo cual supone un significativo aumento de la violencia. Preocupa especialmente que 8 de las personas defensoras asesinadas sean indígenas.

Así el 3 de enero se produjo en Arriaga, Chiapas, el asesinato del defensor de derechos humanos Sinar Corzo quien formaba parte del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos “El Coloso de Piedra” y que en 2013 fue víctima de detención arbitraria en el marco de su participación en actividades de defensa del derecho al agua. El 17 de enero fueron víctimas de desaparición los defensores de derechos humanos Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez cuando participaban en un plantón frente al Palacio Municipal de Amatán, Chiapas, y sus cuerpos sin vida fueron localizados el 18 de enero. Noé Jiménez era beneficiario del Mecanismo de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.  El 9 de febrero fue asesinado Óscar Cazorla, activista por los derechos de las personas LGBTI y defensor de la comunidad muxe, en su domicilio en Juchitán de Zaragoza, en el estado de Oaxaca. El 20 de febrero Samir Flores, defensor indígena de la tierra y el territorio frente a megaproyectos y comunicador comunitario fue asesinado en su casa de Amilcingo, Morelos. Además, el 30 de marzo se reportó el asesinato de Abiram Hernández Fernández, activista y defensor de derechos humanos en el estado de Veracruz, quien habría sido agredido en su domicilio.

Por otra parte, la CIDH y la ONU Derechos Humanos expresaron su preocupación por la desaparición en México de los defensores de derechos humanos Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro, quienes estuvieron desaparecidos desde el 12 de febrero hasta el 19 de febrero de 2019, hasta que fueron liberados por sus captores tras una intensa campaña de búsqueda. Otilia e Hilario se dirigían en transporte público desde Tierra Colorada a Chilpancingo, en el estado de Guerrero, cuando fueron privados de su libertad. Obtilia Eugenio Manuel fue beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH y es beneficiaria de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 2009.

Asimismo, la CIDH y la ONU Derechos Humanos observan con preocupación los homicidios de personas defensoras registrados en otros países como Honduras, Brasil, Costa Rica, Perú y Guatemala. Por ejemplo, en Honduras, la CIDH y la ONU Derechos Humanos condenaron el asesinato de Salomón Matute y su hijo Juan Samael Matute en febrero de 2019, ambos indígenas tolupanes integrantes de la tribu San Francisco Locomapa y del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), en el departamento de Yoro. Salomón Matute era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH desde 2013, debido a las amenazas, hostigamientos y actos de violencia en el marco de su labor como defensor del medio ambiente y pueblos indígenas. En Brasil, se reportaron los homicidios en marzo de 2019 de Dilma Ferreira Silva, coordinadora de Tucuruí del Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB), su esposo, Claudionor Costa da Silva, y un amigo, Milton Lopes  en el municipio de Baião, en el estado de Pará. Dilma Ferreira Silva era una destacada defensora y reconocida lideresa que luchó por los derechos de las personas afectadas por la presa hidroeléctrica de Tucuruí. Adicionalmente, se registró la muerte de la activista ambiental, Rosane Santiago, torturada y asesinada, en la ciudad de Nova Viçosa, el Estado de Bahia, el 29 de enero.

En el mismo mes, la CIDH repudió el asesinato de Sergio Rojas, líder indígena bribri, en Salitre, Costa Rica. Sergio Rojas, como miembro del pueblo indígena Bribri de Salitre, era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH desde 2015. En Perú, en abril de 2019, según información pública, Cristian Java Ríos, indígena urarina de la comunidad nativa La Petrolera y defensor del medio ambiente, fue asesinado por invasores de sus tierras y varias personas de la comunidad que lo acompañaban resultaron heridas. En Guatemala, en enero de 2019 fue asesinado en el departamento de Jalapa, Delfino Agustín Vidal, miembro de la organización campesina CODECA, un acto que podría tener posibles motivos políticos.

En relación con casos de hostigamiento y amenazas, la CIDH y la ONU Derechos Humanos han documentado que las personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua a raíz de la persistente crisis social y política iniciada por las protestas masivas en abril de 2018, continúan siendo víctimas de actos de intimidación, amenazas y estigmatización en los medios sociales, al igual que de hostigamientos como allanamientos, asedios en sus domicilios, y el despliegue de agentes policiales y personas de civil en inmediaciones de sus oficinas. El 7 de febrero de 2019, las oficinas de la Red Nicaragüense para la Democracia y Desarrollo, una coalición de 22 organizaciones que trabajan en todo el país, fueron objeto de una redada solo seis días después de que un grupo de representantes de la sociedad civil nicaragüense, incluidos algunos miembros de la Red, compartieran sus preocupaciones sobre la restricción del espacio cívico con la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra.

En febrero de 2019, en Venezuela, la CIDH expresó su preocupación por el continuo hostigamiento contra defensoras y defensores de derechos humanos, incluidas amenazas y señalamientos en contra del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), de PROVEA, del Foro Penal y de personas defensoras pertenecientes a dichas organizaciones.  Por su parte, en Colombia, la CIDH fue informada sobre un incremento de las amenazas respecto del año anterior. De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, se habría duplicado dicho registro respecto del mismo periodo en 2018.

En Brasil, el 18 de enero, la Comisión se pronunció sobre los hechos de violencia cometidos en contra de trabajadores rurales en la Hacienda Agropecuaria Bauru, municipio de Colniza del Estado de Mato Grosso, Brasil. Asimismo, el 8 de marzo de 2019 la CIDH otorgó medidas cautelares en favor del Julio Lancellotti, defensor de derechos humanos de personas en situación de calle y responsable por la “Pastoral del Pueblo de Calle” en São Paulo, debido a que fue víctima de diversos actos de violencia y amenazas, incluso por parte de autoridades de la fuerza pública.  Asimismo, en enero de 2019, el diputado federal Jean Wyllys anunció el abandono de su cargo y salida del país debido al nivel a las amenazas de muerte contra él y su familia.

En materia de criminalización, la ONU Derechos Humanos y la CIDH han expresado reiteradamente su preocupación por la situación de criminalización que enfrentan quienes defienden los derechos humanos en Guatemala, particularmente de campesinos e indígenas que defienden el derecho a la tierra y al territorio de sus comunidades. El 26 de abril de 2019 el Tribunal de Mayor Riesgo absolvió de todos los cargos al defensor maya q’eqchí Abelino Chub Caal. Este permaneció más de dos años en prisión preventiva acusado de delitos relacionados con el reclamo de tierras ancestrales y protestas en contra de las actividades de empresas agroindustriales. Anteriormente, la CIDH y la ONU Derechos Humanos expresaron su preocupación por la criminalización de este defensor. Asimismo, la CIDH y la ONU Derechos Humanos recibieron información sobre la denuncia presentada por la Corte Suprema de Justicia en contra de Claudia Samayoa, presidenta de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (UDEFEGUA), y de José Manuel Martínez, integrante del Colectivo JusticiaYa, por hechos relacionados con su participación en una demanda judicial presentada por ambos en enero de 2019 en contra de 11 jueces de dicha Corte guatemalteca.

En Venezuela, en marzo de 2019, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvo al defensor de derechos humanos y periodista, Luis Carlos Díaz, bajo acusaciones de conspiración para provocar el apagón que afectó al país. El mismo día, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó su liberación. Después de 24 horas, Luis Carlos Díaz fue puesto en libertad condicional. Él y la también periodista y defensora de derechos humanos Naky Soto, enfrentan en libertad un proceso penal en su contra por tales acusaciones.  El 5 de abril de 2019, la CIDH expresó su preocupación por el hostigamiento judicial en contra de personas defensoras de derechos humanos. Al respecto, señaló que ha observado nuevamente una intensificación en el patrón de hostigamiento a raíz de declaraciones estigmatizantes por parte de autoridades del Estado y que de acuerdo con información presentada, en las últimas semanas al menos 5 de las personas que habían sido señaladas previamente en los programas de televisión han resultado detenidas, sin orden judicial.

La Comisión y la ONU Derechos Humanos recuerdan que es obligación de los Estados investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. Ambos organismos instan a los Estados a agotar todas las líneas de investigación relevantes para esclarecer estos hechos, incluyendo la posible vinculación entre los asesinatos, desapariciones y otras agresiones y la labor de defensa de los derechos humanos. Dichas investigaciones deben ser conducidas con debida diligencia, de manera exhaustiva, seria e imparcial. Asimismo, la ONU Derechos Humanos y la Comisión recuerdan que en el caso de mujeres defensoras de derechos humanos y grupos en situación de especial vulnerabilidad, los Estados deben tomar debidamente en cuenta que al riesgo inherente que encierra su labor, se suma el contexto de discriminación por género o pertenencia a grupos históricamente discriminados y adoptar medidas de protección y realizar investigaciones con plena incorporación de la perspectiva de género e intercultural. Los Estados deben adoptar medidas razonables para prevenir actos de violencia contra personas de estos grupos y remediar el contexto de discriminación que promueve su repetición

Ante este escenario, la CIDH y la ONU Derechos Humanos recuerdan el rol esencial que cumplen las personas defensoras de derechos humanos para el fortalecimiento y la consolidación de las democracias y reiteran la obligación de los Estados de proteger integralmente el derecho a defender los derechos. De igual manera, los Estados deben redoblar sus esfuerzos en materia de respeto, prevención de agresiones, investigación de casos y protección de las personas defensoras de derechos humanos con el objeto de que puedan ejercer su labor libremente. En este sentido, resulta urgente que los Estados americanos adopten medidas positivas que fomenten una cultura de derechos humanos y un ambiente libre de violencia y amenazas, reconociendo el valor y la importancia del trabajo de las personas defensoras y llevando adelante investigaciones serias y efectivas sobre cualquier violación de derechos humanos en su contra.

La construcción de un ambiente propicio para ejercer el derecho a defender derechos humanos requiere de la decidida voluntad de los Estados. Por ello, la CIDH y la ONU Derechos Humanos reconocen importantes avances en la región, tales como la reciente adopción del “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos” en Perú. Así mismo, se destaca el rechazo manifestado por las autoridades peruanas a los intentos de tergiversar la naturaleza de los mecanismos de protección para personas defensoras y a las expresiones que estigmatizan la labor de quienes defienden derechos humanos.

En México el gobierno federal se ha comprometido públicamente a fortalecer la actuación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, iniciando para ello un diagnóstico sobre la situación actual en el que participa la ONU Derechos Humanos. En El Salvador se continuó con las mesas de trabajo sobre actuación policial y asuntos penitenciarios, convocadas por el Ministerio de Justicia, con participación de defensores y defensoras de derechos humanos, las cuales han sido espacios importantes para discutir estos temas. En Colombia, la Fiscalía General de la Nación ha reportado algunos avances en cuanto a la identificación de los autores materiales. Así mismo el gobierno de Colombia anunció recientemente la creación de jueces especializados para los asesinatos contra líderes sociales.

A nivel regional, Guyana se convirtió en el primer país en ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú[1], que es el primer tratado internacional de carácter vinculante que reconoce a las personas defensoras de derechos humanos, en concreto a quienes defienden el medio ambiente. La CIDH y la ONU Derechos Humanos confían en que este importante paso sea seguido a la brevedad por el resto de países de la región dando un nuevo impulso al reconocimiento y protección de la labor de las personas defensoras de derechos humanos.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) es la principal entidad de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos. La Asamblea General encomendó al Alto Comisionado y a su Oficina la misión de promover y proteger todos los derechos humanos de todas las personas. ONU Derechos Humanos proporciona asistencia en forma de competencias técnicas y fomento de capacidad para apoyar la aplicación sobre el terreno de las normas internacionales de derechos humanos. ONU Derechos Humanos ayuda a los gobiernos, que tienen la responsabilidad primordial de proteger los derechos humanos, a cumplir con sus obligaciones y apoya a los individuos en la reivindicación de sus derechos. Además, denuncia de manera objetiva las violaciones de derechos humanos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.