Declaración del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, con motivo de su visita a México

7 de octubre de 2015

Buenas tardes,

Hace poco más de cuatro años desde que mi predecesora, Navi Pillay, fue invitada a México. Desde entonces ha habido desarrollos legislativos muy importantes, incluyendo la Reforma Constitucional de 2011 y las enmiendas que han pavimentado el camino para nuevas leyes generales que atienden dos de las más apremiantes problemáticas de derechos humanos: la desaparición forzada y la tortura. La adopción e implementación de estas dos leyes requerirá la activa participación de víctimas y organizaciones de la sociedad civil y ambas deberán cumplir cabalmente con los estándares internacionales de derechos humanos.

A nivel internacional, por muchos años México ha sido un acérrimo defensor de los derechos humanos. Desde 2002, ha albergado una sólida oficina de derechos humanos de la ONU en el terreno, que cuenta hoy en día con 30 funcionarios. México ha jugado un papel muy importante y constructivo en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra; recientes ejemplos de este positivo compromiso incluyen el auspicio a algunas resoluciones clave sobre los derechos de los migrantes, pueblos indígenas y personas con discapacidad, así como sobre la independencia de las juezas y los jueces. México también ha ratificado casi todos los tratados internacionales de derechos humanos más importantes.

Durante mi visita, me reuní con altas autoridades del Estado, incluyendo al Presidente Peña Nieto, la Secretaria de Relaciones Exteriores y el Secretario de Gobernación, el Presidente de la Suprema Corte, la Procuradora General de la República y un grupo de Senadores y Senadoras, y el Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. También sostuve encuentros con los Secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina, así como con el Comisionado Nacional de Seguridad (jefe de la policía federal).

En el transcurso de estas reuniones, fui informado de significativos avances constitucionales y legales hechos durante los últimos cuatro años. Estos avances incluyen reformas constitucionales relacionadas con la transparencia y el acceso a la información pública, el combate a la corrupción, la desaparición y la tortura. Las nuevas legislaciones incluyen la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Ley General de Víctimas, la Ley de Amparo y más recientemente la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Federal de Procedimientos Penales.

Adicionalmente, importantes medidas de políticas públicas han sido tomadas tales como la adopción del Programa Nacional de Derechos Humanos (2014-2018) y protocolos para investigar la tortura y las desapariciones. Recientemente, han comenzado a operar sistemas de alertas de género, así como programas destinados a atender los retos que plantea la migración, además de programas integrales de capacitación para la policía, los jueces y otros funcionarios públicos. Saludé las recientes sentencias de la Suprema Corte sobre matrimonio igualitario, tortura y protección de la libertad personal y el debido proceso. A nivel local, han sido adoptados programas de derechos humanos en cinco estados y hay un compromiso de extenderlos en todo el país.

Además, el Gobierno mexicano ha hecho admirables compromisos para cambiar las leyes y prácticas nacionales tanto en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos (un proceso igualitario aplicable a todos los Estados), y en los diversos Comités que monitorean el cumplimiento de las obligaciones de los países bajo los tratados internacionales de derechos humanos que han ratificado y que por tanto continuarán siendo medidos contra dichas obligaciones y compromisos.

Sin embargo, a pesar de este progreso dirigido a construir un sólido marco de derechos humanos – mismo que es reconocido y ampliamente valorado por mí y por muchos otros – mi visita ha sido aleccionadora en cuanto a las realidades cotidianas de millones de personas en México. Y finalmente, son las personas quienes juzgarán. No soy yo, ni mi Oficina, ni la ONU ni los representantes del Estado quienes podamos declarar que lo que se está haciendo o se ha hecho, sea suficiente. Sólo la gente puede hacer esto, especialmente aquellas personas en mayor desventaja, las víctimas del delito o las familias de éstas son quienes tienen la credibilidad para emitir este juicio.

Muchos de los problemas señalados por mi predecesora hace cuatro años siguen siendo temas de preocupación, y muchas de las personas con las que he hablado ilustraron una imagen muy desalentadora – y consistente – de una sociedad afligida por los altos niveles de inseguridad, de desapariciones y de asesinatos, el continuo acoso a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, la violencia contra las mujeres y los terribles abusos hacia migrantes y refugiados que transitan por el país en su camino a Estados Unidos.

Estadísticas oficiales muestran que 98% de los crímenes cometidos en México quedan sin resolver; la mayoría de ellos no son nunca propiamente investigados. Por tanto no es sorprendente que la ciudadanía mexicana se sienta insegura – no obstante la baja en la tasa de homicidios y secuestros, misma que saludamos.

No quiero simplemente repetir las declaraciones hechas el viernes pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al final de su visita a México. Sin embargo, sí respaldo por completo sus hallazgos, que coinciden en gran parte con las opiniones de mi Oficina y de varios expertos y órganos internacionales de derechos humanos de la ONU que recientemente han visitado o informado sobre la situación en México. Y, de hecho, las recomendaciones de la CIDH fueron también respaldadas por el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como por varias organizaciones de la sociedad civil, ilustrando así que hay un amplio consenso nacional, regional e internacional sobre la gravedad de la situación actual de los derechos humanos en México.

Para un país que no se encuentra en medio de un conflicto, las cifras calculadas son, simplemente, impactantes: 151,233 personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, incluyendo miles de migrantes en tránsito. Desde 2007, hay al menos 26,000 personas cuyo paradero se desconoce, muchas posiblemente como resultado de desapariciones forzadas. Miles de mujeres y niñas son abusadas sexualmente o se convierten en víctimas de feminicidio. Y prácticamente nadie ha sido condenado por dichos crímenes.

Parte de la violencia puede ser atribuida a los poderosos y despiadados grupos del crimen organizado, que han hecho miserable la vida de mucha gente en varios de los 32 estados de la República. Condeno sus acciones sin reservas. Sin embargo, muchas desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales presuntamente han sido llevadas a cabo por autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo la policía y algunas partes del Ejército, ya sea actuando por sus propios intereses o en colusión con grupos del crimen organizado.

El corrosivo y devastador impacto del crimen organizado y las enormes cantidades de dinero que movilizan estos grupos está cooptando o corrompiendo instituciones clave, y en algunas regiones, está reduciendo el impresionante conjunto de leyes mexicanas a meras palabras en el papel. La combinación de miedo, ambición e impunidad crónica es potente y millones de personas están sufriendo este cóctel venenoso que una vez fraguado es difícil de eliminar.

Una sucesión de incidentes específicos y recientes han llamado considerablemente la atención y preocupación internacionales.

Primero, el 30 de junio de 2014, autoridades militares anunciaron que durante un ataque en una bodega en el municipio de Tlatlaya en el Estado de México, soldados mataron a 22 de los agresores, incluyendo a una niña de 15 años. Sólo después de varios meses, y gracias a una valiente testigo y algo de periodismo audaz, emergió una historia por completo diferente; dicha historia sugiere que la mayor parte de esas 22 personas de hecho se habían rendido y que luego fueron ejecutadas sumariamente, y que tres mujeres sobrevivientes habían sido sujetas a detención arbitraria y a tortura. Desde entonces, detalles más alarmantes sobre el caso han emergido, como la aparente alteración de la escena del crimen y la fabricación de cargos contra las sobrevivientes, así como la naturaleza de las órdenes de operación dadas al oficial a cargo de las mismas.

Poco antes de este grave incidente, el Código Militar había sido reformado ubicando a los militares bajo la jurisdicción civil en el caso de crímenes cometidos contra civiles. El caso de Tlatlaya es uno de los primeros en ser revisados bajo este sistema, y su progreso, por tanto, será observado de cerca.

La confianza de la ciudadanía en las instituciones federales y locales fue seriamente resquebrajada por las desapariciones forzadas de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y el asesinato de seis personas, ocurridos en Iguala, estado de Guerrero. Los informes sugieren poderosamente que la policía local realizó violentos ataques y emboscadas en contra de los estudiantes desarmados, así como contra un equipo de fútbol local.

El reciente informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), mismo que fue designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e invitado por el Gobierno mexicano para dar seguimiento a la investigación en el caso de Iguala, descartó la versión original de las investigaciones sobre que los cuerpos de los estudiantes habían sido incinerados en un basurero municipal. También reveló que fuerzas de seguridad federales tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo mientras estaba sucediendo, pero que no intervinieron. El informe manifestó que el alcance y la complejidad de las operaciones de variadas y diversas fuerzas de la policía involucradas en la emboscada, arrestos, tiroteos y desaparición forzada de los estudiantes significan que debe haber habido una coordinación centralizada.

El caso de Iguala recibió gran atención, no sólo en México sino alrededor del mundo, y la voluntad y la habilidad de las autoridades para afrontar los crímenes violentos y la corrupción fueron puestas a prueba. Si el verdadero destino de los estudiantes finalmente es revelado como resultado de una rigurosa y determinada investigación, y el amplio rango de perpetradores es identificado, procesado y sentenciado, incluyendo reparaciones a las víctimas, este terrible caso podría tener un efecto beneficioso en muchas otras situaciones similares en el país. Es importante que el Gobierno actúe decisivamente sobre las recomendaciones del GIEI incluyendo su insistencia de que las autoridades reviertan su decisión de no permitir que los expertos se entrevisten con miembros del Batallón no. 27, quienes estaban presuntamente en la escena cuando algunos de los ataques tuvieron lugar.

Tanto el GIEI como el Equipo Argentino de Antropología Forense, arrojaron luz sobre las limitaciones e irregularidades relacionadas con los servicios forenses en México. Es preciso y urgente crear una institución nacional forense de carácter autónomo y con recursos adecuados.

La razón por la cual he puesto tanta atención en el caso de Iguala, cuando muchos otros crímenes igualmente inquietantes han sido cometidos en México en los años recientes – a la par del subsecuente descubrimiento de numerosas fosas comunes con cuerpos que resultaron no corresponder a los estudiantes desaparecidos sino que son otras víctimas con perpetradores desconocidos – el caso de Iguala es un microcosmos de problemas crónicos que subyacen a la implacable ola de violaciones de derechos humanos que está teniendo lugar a lo largo de México. De manera particular, pone de relieve el predominio de la impunidad y la indiferencia por las víctimas que afectan al país entero.

Otro caso reciente de alto perfil que aún está por ser adecuadamente resuelto incluye los asesinatos de nueve personas en Apatzingán, en enero de 2015, y de 43 personas, incluyendo un oficial de policía, en Tanhuato, en mayo.

El caso de Iguala también ha resaltado la debilidad de la policía, incluyendo su frecuente y directo involucramiento en la comisión de crímenes. En Iguala, de acuerdo a sólida evidencia puesta a la luz por la investigación del GIEI, elementos de la policía municipal, estatal y federal – junto con otros representantes del Estado y del Ejército – estuvieron involucrados, ya sea en los crímenes o en el hecho de no proteger a las víctimas, o tomando parte en el posterior encubrimiento.

Como una de las personas con las que me encontré en los últimos días lo planteó: “Este es un país en el que si eres víctima de un crimen, a los últimos a los que llamas es la policía.” Si la policía no funciona adecuadamente, entonces el sistema de justicia en su conjunto corre el riesgo de ser disfuncional. El nuevo sistema penal tendrá que superar los problemas que enfrentan la policía y los forenses, así como la debilidad del sistema de investigación.

Como dije antes, hay una fuerte convergencia de miradas sobre el alcance y la naturaleza de los problemas de derechos humanos en México entre los órganos de Naciones Unidas, la CIDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la sociedad civil, la academia, el cuerpo diplomático – y sobre todo, entre los sobrevivientes y familiares de las decenas de miles de víctimas.

Desde hace tiempo, México ha sido muy generoso en sus invitaciones, a quienes me precedieron en el cargo, y a mí mismo, sino también a otras entidades de derechos humanos de la ONU, tales como variados expertos independientes de las Naciones Unidas. Por tanto ha sido una sorpresa para nosotros cuando el Relator Especial de la ONU sobre la tortura, Juan Méndez, al publicar su reciente informe sobre México, fue sujeto de virulentos ataques personales por parte de algunos políticos, a pesar de que la prevalencia de la tortura ha quedado bien establecida (la cual se da generalmente a manos de la policía y ministerios públicos durante el período inicial del arresto). Desafortunadamente, esta intolerancia ante la crítica pública también se ha manifestado en reacciones a otros informes internacionales más recientes sobre México.

Mi mensaje sobre esta reciente y preocupante tendencia, que se contrapone al papel constructivo de México en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, es el siguiente: en lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje. Todos estamos de su lado. Todos queremos ayudar a México. Ignorar lo que está sucediendo en este gran país no es una opción para nosotros y no debe ser una opción para los políticos que la población mexicana ha elegido y los representantes del Estado cuya responsabilidad es proteger a los ciudadanos y las ciudadanas de este país, así como a los migrantes y refugiados en su territorio. Señalar problemas estructurales, así como intervenir en casos específicos, es una parte importante de la asistencia que ofrecemos a muchos países. Nada de lo que hoy he dicho aquí será particularmente sorprendente para la mayoría de los mexicanos y las mexicanas, y especialmente no para aquellas personas más pobres y marginalizadas.

Me encontré con docenas de ONG y otros miembros de la sociedad civil provenientes de diversos lugares del país, y estoy particularmente conmovido por su valentía (muchos habiendo sido repetidamente amenazados o incluso atacados), y su determinación y compromiso para seguir trabajando por un México mejor, a pesar de los obstáculos que enfrentan. Hago un llamado urgente a las autoridades a ofrecer más y mejor protección tanto a las defensoras y defensores de derechos humanos como a quienes ejercen el periodismo, quienes han sufrido una terrible serie de asesinatos, amenazas, golpizas y otras formas de intimidación en los años recientes.

Un buen número de ONG pusieron de relieve el tema de empresas involucradas en los llamados “megaproyectos” en los cuales no se está consultando de manera adecuada a los pueblos indígenas cuyas tierras y recursos planean explotar, y hago un llamado al Gobierno para que asegure que estas empresas en el futuro tomen en cuenta el establecimiento de procesos adecuados de consulta y permitan a los pueblos indígenas participar activamente en el proceso de desarrollo.

Sobre todo, quiero agradecer a todas las víctimas y familiares de víctimas que aceptaron encontrarse conmigo y relatarme las traumáticas experiencias que han vivido, algunas a manos de empleados del Estado, otras a manos de bandas criminales. Este grupo de personas incluyó mujeres y personas indígenas y cada historia fue intensamente personal – un antídoto importante ante la naturaleza insensible de las incompletas estadísticas sobre asesinatos, violaciones y desapariciones.

También escuché a un grupo de familiares de personas que han sido desaparecidas, desde la hija de un hombre que desapareció forzosamente en 1974 hasta una mujer cuyo hijo desapareció forzosamente en septiembre de 2014. Ojalá todo mundo pudiera encontrarse con ellas y escucharlas. Tener a un ser querido desaparecido, no saber si está vivo o muerto; y si ha muerto, no saber lo mucho que sufrió ni cuánto tiempo duró su sufrimiento; y si está vivo, dónde está siendo detenido y en qué condiciones; vivir esta horrible mezcla de pérdida e impotencia, esta falta de certeza, constantemente presente día tras día, semana tras semana, mes tras mes, es realmente una cosa espeluznante. Se vuelve doblemente cruel cuando las autoridades ni siquiera se preocupan – o se atreven – a investigar lo que sucedió con su hijo, hija, hermana, pareja o mejor amigo.

Repetiré la insensible estadística nuevamente: México tiene al menos 26,000 casos de personas no localizadas, y nuevos casos ocurren cada día. La miseria unida a la estadística es imposible de comprender. El fracaso de la policía, del sistema de justicia para esclarecer el paradero de las víctimas y lo que les sucedió, y sobre todo, de los sucesivos gobiernos y del sistema político en su conjunto para detener estos crímenes no sólo es lamentable, es profundamente trágico. Trágico para las personas involucradas, y trágico para el país entero. Durante los últimos días, me ha animado escuchar a altos representantes del Gobierno hablar con nueva determinación para hacer frente a estos retos y les he informado que mi Oficina está lista para asistirlos de todas las formas en que le sea posible.

En esta línea, en su momento entregaré una lista de recomendaciones para el Gobierno mexicano. Mientras tanto, me gustaría enfatizar la necesidad de llevar a cabo las siguientes medidas clave:

• Fortalecer de manera urgente las procuradurías en el país para asegurar que las violaciones de derechos humanos sean propiamente investigadas, conduciendo a resultados en tiempo.
• Fortalecer de manera urgente la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública en línea con las obligaciones de derechos humanos, incluyendo el desarrollo de un marco legal sobre el uso de la fuerza.
• Adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública.
• Implementar las recomendaciones del GIEI y considerar mecanismos similares de seguimiento para otros casos graves.

La comunidad internacional tiene mucha buena voluntad hacia México, pero al final son solamente los mexicanos y las mexicanas – y especialmente la clase política de México – quienes pueden resolver estos profundos problemas. El país cuenta con recursos humanos de primer nivel, así como recursos materiales abundantes. Las problemáticas se han acrecentado tanto, que para cualquier gobierno sería una tarea abrumadora solucionarlas, pero el gobierno que lo logre – el que reforme radicalmente la policía, haga funcionar la justicia, aplaste el índice de criminalidad y encarcele a los criminales, el que regrese al Ejército a los cuarteles, proteja a las personas marginadas, trabaje duro para reducir la violencia contra las mujeres – ése es el gobierno que la nación necesita y quiere.

El Gobierno que atienda plenamente el deseo de su ciudadanía y tenga la capacidad de transformarlo en un Estado que funcione, es el Gobierno que será recordado y honrado por generaciones futuras. Dicho Gobierno además será capaz de atraer un flujo masivo de inversión extranjera directa, que a su vez contribuiría una mayor prosperidad para su población.

Ruego por que este Gobierno pueda comprometerse con un renovado sentido de urgencia para resolver los enormes retos de derechos humanos que enfrenta, para que sea cada ciudadano el que lo juzgue.

Gracias.