El derecho a la justicia de las víctimas de tortura debe ser garantizado: ONU-DH

“La justicia en estos casos debe comenzar por atender las secuelas de los actos de tortura, que llegan a constituir un obstáculo infranqueable para que las víctimas accedan a cualquier posibilidad de reparación por el daño causado” dijo el Sr. Jesús Peña Palacios, Representante adjunto de la ONU-DH.

La voz de las víctimas de tortura en México y de las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan han dado a conocer cómo la fabricación de acusaciones penales ha sido una de las principales causas de la tortura en el país. La privación de la libertad producto de esa fabricación, la cual con frecuencia se prolonga por varios años, es la continuación del atentado a la dignidad de las víctimas que implica la tortura.

Asimismo, organismos internacionales de derechos humanos han externado su preocupación por la prevalencia de este fenómeno en México y han recomendado a las autoridades adoptar medidas para reforzar la inadmisibilidad de pruebas obtenidas bajo tortura.

“De acuerdo con lo observado por la Oficina, la tortura en México no ocurre al azar, sino que va dirigida a los sectores más vulnerables de la población. La tortura generalmente se ha cometido en contra de personas que, por sus condiciones de pobreza o abandono, se encuentran en una posición de desventaja para hacer frente a los cargos con las que son llevadas a los tribunales, lo que a su vez ha ocasionado que sus denuncias de tortura no sean escuchadas”, añadió el Sr. Peña Palacios.

La ONU-DH reconoce los avances desde la judicatura, particularmente desde el Poder Judicial Federal, en la liberación de víctimas de tortura. De igual forma, reconoce la voluntad de las autoridades de abordar estos retos en la impartición de justicia mediante mecanismos tales como las leyes de amnistía y otros que se encuentran en vías de exploración.

En el marco de estos avances, no se debe olvidar que los criterios judiciales contra la tortura suelen ser aplicados de forma restrictiva e impiden la absolución de las víctimas de esta violación a los derechos humanos. Las leyes de amnistía, tal como están formuladas, excluyen de su aplicación a los delitos por los cuales suelen ser juzgadas y condenadas muchas víctimas de tortura, a pesar que las pruebas usadas para la acusación fueron obtenidas bajo tortura.

Por lo anterior, la ONU-DH alienta a las autoridades mexicanas a reforzar o crear otros mecanismos de revisión de casos de personas injustamente procesadas o condenadas por acusaciones fabricadas con base en la tortura. Asimismo, la ONU-DH anima a las autoridades a publicar el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura, cuyas disposiciones beneficiarán a las víctimas de esta violación.

Finalmente, la ONU-DH refrenda su compromiso de acompañar a las personas sobrevivientes de tortura en sus demandas de verdad, justicia y reparación, y reitera su plena disponibilidad para seguir brindado su asistencia y cooperación técnicas al Estado mexicano.