Experta de la ONU: la comunidad internacional debe hacer más para proteger las fosas comunes 

“Las fosas comunes son lugares de evidencia cruciales para la búsqueda efectiva de justicia formal”, dijo Agnès Callamard, relatora especial de la ONU sobre ejecuciones sumarias, a la Asamblea General, en la presentación de su informe anual. “Tienen los restos de aquellos a quienes se les negó la identidad en la hora de su muerte. Son espacios de íntimo dolor para sus seres queridos y son lugares de registro público, prueba de que ocurrieron hechos atroces que nunca deben olvidarse”.

“Nuestra historia como humanidad está empañada por masacres en las que a menudo los responsables, no solo han caminado libres, sino que han sido celebrados con estatuas erigidas en su memoria y que adornan juzgados, ayuntamientos y parques locales”, dijo. “Pero contrasta eso con la forma en que se tratan tantos lugares de matanzas y fosas comunes: no reconocidos, desprotegidos, sin preservación y, cuando no están cubiertos, son profanados o destruidos. Incluso puede convertirse en un delito mencionarlos en público “.

Cada región del mundo tiene fosas comunes, dijo. Pueden ser resultado de represión, conflicto o pueden estar vinculados a actividades delictivas. Pueden ser el resultado de desastres naturales o pandemias, pero siempre representan violaciones de derechos humanos”.

A pesar producirse a escala mundial y ser de suma importancia, se ha hecho muy poco para garantizar un manejo respetuoso de las fosas comunes.

“La comunidad internacional debe hacer mucho más para apoyar a los países y comunidades donde se encuentran estos lugares”, dice en su informe. Además del abandono histórico y mundial de los emplazamientos con fosas comunes, el informe también destaca la falta de un marco coherente de derechos humanos para su tratamiento.

“Todos estos significados y derechos asociados deben ser considerados”, dijo Callamard. “Mi informe ofrece un marco de derechos humanos mediante el cual fortalecer el manejo respetuoso y legal de las fosas comunes; un enfoque en el que se reconozca la diversidad de reclamos, derechos y obligaciones y en el que se pueda lograr un equilibrio justo entre todos estos intereses”.

Al enfatizar en la importancia del debido proceso y la no discriminación, dijo que las familias de las víctimas, los sobrevivientes y las comunidades afectadas son fundamentales y deben poder participar de manera activa y significativamente en las decisiones sobre el manejo de fosas comunes.

Para ayudar a garantizar procesos participativos justos, recomienda el nombramiento de un tutor legal para cada fosa común y, cuando corresponda, administradores de la escena del crimen; funcionarios que serían responsables de asegurar que los procesos de toma de decisiones presten la debida atención a los reclamos de los diversos actores y que se cumplan las obligaciones del Estado.

“Hago un llamado a los Estados para que sigan apoyando el desarrollo de normas y mejores prácticas para la gestión respetuosa y legal de las fosas comunes a fin de garantizar que las fosas comunes se incluyan en los esfuerzos de justicia de transición y de establecimiento de la paz y que su gestión cuente con los recursos necesarios”, dijo.

“También deben tomarse medidas más coherentes en materia de derechos humanos para garantizar que las generaciones presentes y futuras nunca olviden los atroces crímenes que llevaron a tantas fosas comunes y poder trabajar activamente para garantizar que nunca se permita la repetición de esa violencia”, dijo Callamard.

“Es solo a través de intervenciones basadas en los derechos humanos que estos lugares de masacre de sufrimiento masivo y muerte pueden convertirse en lugares de dignidad, respeto y de aprendizaje comunitario profundo, esencial para la no repetición”.