Experto de la ONU detalla medidas urgentes para garantizar que los sistemas de justicia no se paralicen por el COVID-19
GINEBRA (22 de abril de 2020) – Las medidas de inamovilidad y cuarentena impuestas frente a la pandemia de COVID-19 plantean amenazas y desafíos especiales a los sistemas judiciales independientes, dijo hoy el Relator Especial sobre la independencia de jueces y abogados, Diego García-Sayán, al publicar hoy siete pautas clave para asegurar que jueces, funcionarios judiciales, fiscales y abogados mantengan los sistemas judiciales en funcionamiento.
“La crisis COVID-19 ya afecta gravemente el funcionamiento de los sistemas judiciales y amenaza el derecho de las sociedades a contar con una justicia operativa e independiente. En este contexto, el riesgo de conductas abusivas desde el poder político es real y abre condiciones favorables a la impunidad”, dijo.
El experto señaló que, a medida que la crisis de salud mundial erosiona la estabilidad económica y social, aumenta el riesgo de la violencia y la delincuencia y en general, la estabilidad institucional.
“Es indispensable una racionalización inmediata de los servicios esenciales que prestan los sistemas de justicia en torno a asuntos que pueden considerarse prioritarios” destacó. “Podrían ponerse en segundo plano asuntos como el enjuiciamiento de delitos menores y casos civiles o económicos, por ejemplo”.
García-Sayán también dijo que el enorme riesgo que plantea la congestión penitenciaria en la mayoría de países debe llevar a impulsar medidas alternativas a la privación de libertad, detenidos políticos y detenidos por delitos menores.
“Los jueces, magistrados, fiscales y su personal auxiliar, deben recibir una atención especial de salud en la aplicación de los test de descarte, dado que tienen que participar en las audiencias, interactuar con los abogados y estar en contacto con varias autoridades y grupos”, enfatizó el experto.
“La innovación y el trabajo en línea son esenciales, especialmente por parte de tribunales y jueces que tienen que decidir asuntos relacionados con los derechos humanos o una situación de inseguridad creciente que se prevé. Las cuarentenas y el ‘distanciamiento físico’ no deberían impedir que el sistema judicial siga las garantías del debido proceso”, dijo el Relator Especial.
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