GINEBRA (12 de diciembre de 2018) – El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria alertó a México en contra de sus planes de extender la prisión preventiva automática, instando al Congreso a que evite expandir los fundamentos legales que han permitido la violación de derechos humanos.

Bajo la normativa actual, las personas son encarceladas sólo por ser acusadas de ciertos delitos. En claro desacato del derecho internacional de los humanos, los acusados “no gozan del derecho a la presunción de inocencia, ni de la posibilidad de cuestionar judicialmente la detención preventiva”, indicó el Grupo de Trabajo.

“La reforma propuesta amplía la lista de delitos que requieren prisión automática durante el juicio, bajo el artículo 19 de la Constitución, lo que expondrá a más personas a situaciones de detención arbitraria”, dijeron los expertos de la ONU.

“Para que la prisión preventiva sea una excepción, esta no puede ser automática”. Además, señalaron que “tal excepcionalidad requiere de un análisis individual, caso por caso, para determinar si es necesario y proporcional recurrir a la privación de la libertad personal.”

En enero de 2018, el Grupo de Trabajo adoptó una opinión en la que invitó al Gobierno a derogar las normas constitucionales y legales que ordenan la prisión preventiva automática, por considerar que ellas son contrarias al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El Grupo de Trabajo es consciente de los serios desafíos que enfrenta México en materia de seguridad, criminalidad y violencia. Sin embargo, insta al Congreso de la Unión para que no extienda la prisión preventiva automática, sino que elimine dicha figura de la Constitución y de las leyes.