La ONU-DH y UNESCO comparten y reiteran su más profunda preocupación por las recientes agresiones contra periodistas ocurridas en México
Ciudad de México, 11 de septiembre de 2014.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) comparten y reiteran su más profunda preocupación por las recientes agresiones contra periodistas ocurridas en el país.
Ha causado consternaciónla agresión contra Karla Janeth Silva, periodista del El Heraldo de León, en Silao, Guanajuato el pasado 4 septiembre. De acuerdo con la información recabada por la ONU-DH de fuentes oficiales, la Sra. Silva se encontraba en las oficinas del periódico acompañada por una secretaria del mismo cuando alrededor de las 17:30 horas tres hombres ingresaron al local y las agredieron. La compañera de la Sra. Silva, cuyo nombre mantenemos en reserva, logró huir del lugar y evitar lesiones, pero la Sra. Silva recibió fuertes golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo, mientras los atacantes la amenazaban haciendo mención a sus recientes crónicas sobre presuntas irregularidades por parte de las autoridades municipales de Silao, conminándola a cesar sus reportajes. La Sra. Silva ha recibido atención médica de extremo cuidado y actualmente se recupera de manera favorable.
Este condenable hecho se agrega a otros de suma gravedad que han afectado al gremio periodístico mexicano en las semanas recientes. El 1 de agosto, Indalecio Benítez, periodista y locutor de la radio comunitaria La Calentana, fue atacado por un grupo de hombres con armas de fuego afuera de su domicilio, también sede del medio, en el municipio de Lluvianos, Estado de México. Los disparos de los agresores causaron la muerte de Juan Diego, hijo del Sr. Benítez, de apenas 12 años de edad. El 11 de agosto, Octavio Rojas, corresponsal del diario El Buen Tono de Veracruz, fue asesinado en su vivienda en el municipio de Cosalapa, Oaxaca. El 2 de septiembre, Ignacio Domínguez, director del seminario veracruzano Tinta Verde y ex reportero del Diario de Xalapa, sufrió la agresión de individuos desconocidos que dispararon contra su vivienda impactando cuatro veces en la fachada de la misma, donde además dejaron depositada una cabeza de cerdo con una amenaza.
De acuerdo con las cifras publicadas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión en México (FEADLE), dicho ente ha asumido la investigación de 10 asesinatos y tres desapariciones cometidos contra periodistas entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de julio de 2014.
“La defensa y protección del derecho a la vida y la integridad de los periodistas en México, al igual que el respeto y promoción de la libertad de expresión y el trabajo periodístico en el país, siguen siendo objetos de nuestra principal atención, así como del propio Consejo de Derechos Humanos del que México hace parte y que se encuentra actualmente en período de sesiones”, declaró Javier Hernández Valencia, Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Nuestros esfuerzos buscarán enfocarse en fortalecer y acompañar la labor de las autoridades del país en todos los niveles de gobierno, así como de los profesionales y técnicos del ámbito del periodismo, en pro de la prevención de actos de esta naturaleza teniendo como referencia el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas coordinado por la UNESCO”, agregó Nuria Sanz Gallego, Representante de la UNESCO en México.
La ONU-DH y la UNESCO instan al Estado mexicano a adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias, tanto a nivel federal como estatal, para proteger y garantizar los derechos a la vida, la integridad y la libertad de expresión de las y los periodistas, incluido el fortalecimiento de los programas de prevención y protección, el respaldo público a la importante labor que realizan los periodistas aun cuando publiquen informaciones críticas hacia las autoridades y la obligación de los funcionarios de abstenerse de emitir declaraciones públicas que estigmaticen a las y los periodistas. Estas medidas se unen al ineludible deber de investigar, perseguir y sancionar a los responsables de las agresiones, en la medida que el actual nivel de impunidad propicia la repetición de las agresiones contras los periodistas y sus familias.
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