Discurso de Jan Jarab para el Foro “Revisión 2018: México ante el Comité DESC de la ONU”

El objetivo de este evento es de visibilizar el último proceso de revisión a México del Comité DESC de la ONU (después de 12 años desde la última revisión); difundir sus recomendaciones finales para fomentar su entendimiento, adopción e implementación; así como analizar algunos aspectos clave de estas recomendaciones y detonar su seguimiento.

Cuando hablamos de Derechos Económicos Sociales y Culturales, estamos hablando de la situación de pobreza en la que viven más de 50 millones de personas en México; de grupos marginados que han tenido que construir sus viviendas en asentamientos informales; de más de 20 millones de personas sin acceso a una atención médica, o de 70 millones de personas sin acceso a la seguridad social.

Los asuntos de DESC no deben formularse desde una perspectiva asistencialista, sino desde la perspectiva de los derechos humanos: los derechos a la salud, la alimentación, la educación o el acceso a un trabajo digno, entre otros.

Sabemos que existe una brecha histórica entre derechos civiles y políticos, por un lado, y los DESC por otro lado – una brecha causada por la politización de ambos en el contexto de guerra fría. Sin embargo, desde los años 90s esta brecha está disminuyendo; nuestra “comunidad de los derechos humanos” está cada vez más consciente de la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos y del hecho que en la realidad como es la de México y otros países Latinoamericanos caracterizados por altos grados de desigualdad, no sólo estas dos categorías de derechos no están opuestas, sino que son las mismas poblaciones desfavorecidas, pobres, comunidades indígenas, los migrantes, quienes enfrentan al mismo tiempo violaciones de derechos civiles y políticos y violaciones de DESC.

Nuestra Oficina ha documentado diversos casos relacionados con los DESC, incluyendo:

• comunidades enteras sin acceso al agua potable durante meses,
• familias que han sido desalojadas de sus viviendas,
• proyectos agrícolas que afectan prácticas tradicionales como la apicultura y la milpa;
• ataques a personas defensoras del medio ambiente y
• muertes maternas por la falta de una atención médica adecuada.

Como pueden ver, la denegación de los DESC tiene serias consecuencias, por lo que su atención es de suma urgencia y relevancia.

La revisión del Comité DESC implica que un órgano de las Naciones Unidas, compuesto por 18 personas expertas e independientes, examinó de qué manera y hasta qué punto se está cumpliendo con las obligaciones derivadas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC, ratificado por México en 1981.

De la revisión del Comité DESC, publicada el 17 de abril de este año, me gustaría destacar algunos tema y recomendaciones de particular importancia:

-La recomendación de formular un presupuesto que garantice el disfrute de los DESC, principalmente para los más desfavorecidos.

-La recomendación de aumentar el salario mínimo.

-La adopción de medidas para combatir la discriminación múltiple.

-Condiciones laborales justas y satisfactorias para el sector agrícola y de servicio doméstico.

-Un plan integral de lucha contra la pobreza.

Desde la mencionada perspectiva de la interdependencia de los derechos, es destacable que el Comité abordó temas como la corrupción e impunidad o temas que tradicionalmente se han asociado con otras categorías de derechos – la violencia contra las mujeres, y el desplazamiento interno, la desaparición, y los defensores de derechos humanos.

De hecho, sobre tres temas específicos el Comité solicitó al Estado que proporcione información dentro de los 18 meses siguientes a la adopción de las observaciones finales – esto es un aspecto innovador que merece la pena enfatizar.

-Las agresiones en contra defensores de DESC y la insuficiente eficacia de medidas de protección.

-La situación de familiares de personas desaparecidas: el Comité recomienda que las medidas eviten la revictimización y sean determinadas en consulta con los beneficiarios, para asegurar el disfrute efectivo de sus DESC.

-Y los derechos de pueblos indígenas: el Comité recomienda que sean consultados de manera previa, sistemática y transparente con el fin de obtener el consentimiento libre, previo e informado en lo que respecta a la toma de decisiones susceptibles de afectarles. … y que el Estado lleve a cabo estudios independientes sobre el impacto social y ambiental que pueden tener los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales en los pueblos indígenas afectados.

Desde la perspectiva de integralidad de los derechos humanos, es muy importante tener en cuenta que la examinación del Comité DESC no es un proceso aislado: Muchas de sus observaciones están relacionadas con revisiones y recomendaciones realizadas por otros procedimientos y órganos de Naciones Unidas en los últimos años.

• La Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas visitó este país en noviembre del año pasado y señaló, al igual que el Comité DESC, la importancia de contar con el consentimiento previo libre e informado de los pueblos indígenas ante cualquier medida que pueda afectarles; su informe también cuenta con un capítulo completo sobre los DESC de las personas indígenas.
• El Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento visitó México en mayo del año pasado y señaló, al igual que el Comité DESC, la necesidad de garantizar el acceso al agua potable y saneamiento de toda la población, principalmente de los grupos desfavorecidos y marginados, mediante una coordinación efectiva de los tres niveles de gobierno y la asignación suficiente de recursos.
• El Relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos visitó el país en enero del año pasado y señaló, al igual que el Comité, la criminalización y violencia contra los defensores de DESC y la necesidad de adoptar medidas de prevención y protección mucho más eficaces que las que hemos visto hasta ahora.
• El Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas, visitó México en agosto de 2016 y señaló, al igual que el Comité DESC, la importancia de garantizar que las empresas apliquen la debida diligencia en materia de derechos humanos.

También se ha recomendado a México en repetidas ocasiones la ratificación del Protocolo Facultativo del PIDESC, que sería fundamental, ya que permitiría al Comité atender quejas individuales o colectivas sobre violaciones a los DESC y adoptar medidas provisionales.

Es importante señalar que las recomendaciones del Comité se vinculan con la mayoría de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que fue adoptada por 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas, incluyendo a México, y entró en vigor desde inicios de 2016. Sus objetivos incluyen el “Fin a la Pobreza”, “Hambre Cero”, “Salud y Bienestar”, y “Educación de Calidad” entre otros, por lo que la implementación de las observaciones del Comité DESC contribuiría al cumplimiento de varias de estas metas. Por ejemplo:

la recomendación que hizo el Comité de aumentar la tasa de participación laboral de las mujeres y de eliminar la brecha salarial por razón de sexo aportaría al Objetivo 5 de lograr la “Igualdad de Género”;
o la recomendación de disminuir el número de trabajadores que participan en el sector informal de la economía aportaría al Objetivo 8 de promover el “Trabajo Decente”.
Como sabemos, la lógica de la Agenda 2030 – de los objetivos de desarrollo sostenible – es de “no dejar a nadie atrás”. Y esto, en el lenguaje de los derechos humanos, es sobre todo un tema de los DESC:

• Se requiere reformular las políticas de desarrollo desde la perspectiva del goce efectivo de los DESC.
• Hay que garantizar que el desarrollo no se implemente a través de megaproyectos impuestos a las comunidades locales – proyectos de cuales se beneficien principalmente los ricos, – sino a través de políticas incluyentes que reflejen las necesidades y prioridades de las propias comunidades.
• Hay que asegurar que los más desfavorecidos sean los principales beneficiarios de proyectos de desarrollo (y no, cómo es frecuentemente el caso, sus víctimas).
• Y finalmente, hay que asegurar que estos beneficiarios sean incluidos en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de todos los proyectos y políticas de desarrollo.

Me gustaría cerrar esta intervención enfatizando que el reto más grande que enfrenta México es la efectiva implementación de las recomendaciones del Comité DESC, y cada actor deberá asumir las obligaciones y responsabilidad que le corresponden para que esto se cumpla. Esto incluye:

• el papel del poder legislativo en las propuestas de ley y reformas sobre los DESC, y para el presupuesto,
• el papel de la administración pública quién también deberá hacer un esfuerzo notable en el diseño de los programas de gobierno con enfoque de derechos,
• el papel del poder judicial para lograr avances en la justiciabilidad de los DESC,
• el papel de los órganos de derechos humanos, particularmente la CNDH,que tuvo un rol clave en el proceso de revisión, al compartir información y propuestas valiosas al Comité, y que sin duda tendrá un papel crucial en el seguimiento de las recomendaciones,

Y no perdamos de vista que estos retos son tanto federales como locales por lo que las autoridades de los estados y los municipios deben asumir el mismo nivel de compromiso.

Ante este panorama de desafíos, me permito ofrecer la asesoría y el apoyo de nuestra Oficina para impulsar la debida atención a los estándares y recomendaciones internacionales en materia DESC.

Esperamos que el evento de hoy sea una primera contribución para que esto suceda, ya que estamos convencidos de que la revisión a México del Comité DESC representa una oportunidad estratégica ante las propuestas de política pública, de presupuesto, y de reformas que tendrán lugar durante y después del proceso electoral, siempre recordando, tal como lo hace el Comité DESC, la importancia de que la sociedad civil pueda sumarse a estos procesos.

Muchas gracias por su atención.

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El Foro “Revisión 2018: México ante el Comité DESC de la ONU” se realizó el 25 de abril de 2018 en el Museo Memoria y Tolerancia, CDMX.

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