Intervención de Guillermo Fernández-Maldonado en la audiencia CIDH “Protección de los derechos humanos de las personas defensoras y comunicadoras en México”

Estoy aquí para proporcionar información de forma oral e informal, sin estar bajo juramento, sobre la situación de derechos humanos de las personas defensoras de derechos humanos y comunicadoras en México.  Nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia, expresa o implícita, de los privilegios e inmunidades en virtud de la Convención de 1946 sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas.

Esta participación es otra muestra de la colaboración entre la Oficina de la Alta Comisionada y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco del Mecanismo de Acciones Conjuntas para Contribuir a la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos en América[1], así como de la mutua colaboración en materia de libertad de expresión.

La sociedad civil ha expuesto y el Estado mexicano reconocido la difícil situación que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Las relatorías de la ONU han señalado que México es uno de los países más peligrosos para las personas defensoras y periodistas[2]. Como señalaron la Alta Comisionada[3] y diversos Procedimientos Especiales[4], la preocupante violencia en el reciente proceso electoral impacta negativamente en el derecho de asociación y la posibilidad de participar en los asuntos públicos.

Algunos aspectos que contribuyen a esto son los siguientes:

• La impunidad en la mayoría de los crímenes contra personas defensoras y periodistas.
• Ataques, agresiones y declaraciones estigmatizantes por funcionarios públicos.
• La represión de manifestaciones, en particular por autoridades de entidades federativas y municipales. En el último año preocupa especialmente la represión de manifestaciones de mujeres.
• El riesgo específico para quienes defienden el medio ambiente, buscan a sus familiares desaparecidos, defienden a la comunidad LGBTI o denuncian actos de corrupción.
• Los obstáculos el riesgo agravado, incluido de violencia sexual, para mujeres defensoras y periodistas, por la cultura patriarcal dominante y los estereotipos de género.
• La falta de proactividad de diversas autoridades en el ejercicio de sus funciones, que sitúa a las personas defensoras en gran riesgo al realizar las acciones que las instituciones omiten.

Algunas medidas que pueden contribuir a cambiar esta situación son:

• Fortalecer el Mecanismo de Protección.
• Desarrollar una política pública integral y nacional para generar condiciones para ejercer de manera libre y segura el derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión.
• Realizar investigaciones efectivas, con perspectiva de género y multicultural, para poner fin a la impunidad de los ataques contra personas defensoras y periodistas, especialmente asesinatos y desapariciones. Estas investigaciones deben considerar la posible vinculación con la labor de defensa o periodística.
• Eliminar los delitos contra el honor, como ha señalado el Comité de Derechos Humanos[5], y revisar otros tipos penales instrumentalizados para criminalizar la defensa de derechos humanos y la libertad de expresión.
• Reformar las leyes para evitar el uso de demandas civiles para coartar la libertad de expresión.
• Proteger a quienes denuncian violaciones de derechos humanos, corrupción u otras informaciones de interés público.
• Sancionar a funcionarios públicos implicados en agresiones.
• Garantizar que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones estigmatizantes contra personas defensoras y periodistas, y reconozcan la importancia de su labor para una sociedad democrática.
• Garantizar que todas las autoridades, especialmente municipales y estatales, conozcan y cumplan sus obligaciones de derechos humanos.
• Garantizar que las instituciones encargadas de la protección del ambiente, la búsqueda de personas desaparecidas, la transparencia, la procuración y administración de justicia, entre otras, cumplen eficazmente sus funciones, como una manera de proteger derechos humanos, pero también de proteger a las personas defensoras de derechos humanos.

El Acuerdo de Escazú[6], primer tratado que protege expresamente a las personas defensoras de derechos humanos, en particular a defensoras ambientales, que fortalece el acceso a la información y la justiciabilidad en materia ambiental, y en cuya entrada en vigor México jugó un importante papel, ofrece una oportunidad para afrontar cambios estructurales que contribuyan a generar un ambiente propicio para la libre acción de las personas defensoras y periodistas.