Intervención de Jan Jarab durante el evento CNDH sobre el Protocolo de Estambul

La tortura es una violación atroz a los derechos más elementales del ser humano. En palabras del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, con ocasión del Día Internacional de Apoyo a las Victimas de la Tortura (el pasado domingo), “la tortura busca aniquilar la personalidad de la víctima y niega la dignidad inherente del ser humano”. Por esta razón y ante la innegable presencia de la tortura en muchos países, los Estados deben esforzarse para combatirla mediante la prevención, la investigación, la sanción y la reparación a las víctimas, de conformidad con las obligaciones previstas en los tratados internacionales sobre la materia.

Ahora bien, la obligación de investigar la tortura sin duda presenta un desafío importante para los Estados. En general, tanto los perpetradores de la misma como las autoridades que los encubren buscan de no dejar huella de la comisión de este acto vil. La dilación y las omisiones en la investigación de la tortura son garantía para la impunidad y esta a su vez es el mejor incentivo para seguir torturando. Es así como la efectiva investigación es fundamental para romper con este círculo vicioso en el que se encuentran atrapados muchos países.

(A fin de fortalecer las capacidades de investigación de la tortura, organismos internacionales han tomado iniciativas para una mejor documentación de esta grave violación a los derechos humanos. La iniciativa más relevante sin duda ha sido la elaboración del Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, mejor conocido como Protocolo de Estambul.) A casi 17 años de haber sido presentado por sus autores a la entonces Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Protocolo de Estambul sigue siendo un referente a nivel mundial para la investigación de la tortura.

México ha sido un país pionero en la implementación del Protocolo de Estambul en el sistema de justicia. Sin embargo, aún enfrenta retos importantes para que los dictámenes basados en el Protocolo sean un medio eficaz para documentar la tortura. Así, un motivo de preocupación para el Relator Especial contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes tras su visita a México en 2014 fue la distorsión del Protocolo de Estambul y su aplicación fragmentada basada en normas administrativas. El Relator Especial observo varios casos donde el resultado negativo del examen médico fue interpretado como evidencia de ausencia de tortura, tanto por fiscales para justificar no iniciar investigaciones, como por jueces para no excluir pruebas ni ordenar investigaciones. Esto contradice el espíritu del Protocolo, que establece que las evidencias de tortura varían según la experiencia personal de cada víctima y el paso del tiempo, y llama a tender a elementos contextuales en la investigación.

También ha sido motivo de preocupación para organismos internacionales la falta de capacidades institucionales para la implementación del Protocolo, particularmente a nivel local; de no resolver esto en un corto plazo, las instituciones que actualmente practican exámenes basados en el Protocolo se verán rebasadas ante el contexto de la creciente denuncia de la tortura en México.

Por otra parte, debe reconocerse el papel que la CNDH ha jugado en la implementación del Protocolo de Estambul en México. Este organismo ha invertido en capacitar a peritos para la aplicación de dicho instrumento, lo que ha derivado en que sus recomendaciones emitidas sobre tortura tengan un elemento sólido de documentación. Hacia el futuro, la CNDH enfrenta el reto de documentar la gran cantidad de quejas sobre tortura que le son presentadas, así como el que sus dictámenes puedan ser considerados como prueba ante los órganos de procuración y administración de justicia.

Con todo, el fortalecimiento de capacidades de los organismos públicos de protección a los derechos humanos para la documentación de la tortura es tan solo una pieza en el rompecabezas para una efectiva investigación de esta grave violación a los derechos humanos. El Estado mexicano también debe facilitar la intervención de peritos independientes para la documentación y que sus dictámenes sean efectivamente admitidos como prueba en la investigación y en el proceso contra los presuntos responsables. Pero el mayor reto del Estado mexicano es el rediseño institucional que le permita contar con servicios periciales y forenses autónomos. En este sentido, la Oficina a mi cargo ya ha externado su disposición de colaborar con las autoridades para el diseño de un instituto forense autónomo, en seguimiento a lo ya recomendado, entre otros, por el propio Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por el Relator Especial contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, tras sus respectivas visitas recientes a este país.

En muchos países, el principal ingrediente para la investigación y sanción de la tortura es la voluntad política. México no es la excepción. Esto se debe ver reflejado desde el rediseño institucional hasta la debida investigación de cualquier denuncia de tortura. En este contexto, los organismos públicos de protección a los derechos humanos deben apropiarse del rol protagónico que les compete en el combate a la tortura.

Por otra parte, este año se cumple el décimo aniversario de la entrada en vigor del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Espero que con motivo de dicha ocasión y con la celebración de este taller se puedan tomar medidas para fortalecer la efectiva implementación de este importante tratado internacional.

No quiero finalizar sin reconocer de nueva cuenta a la CNDH por la realización de este taller, que espero sea de provecho para los participantes y que se sume al resto de esfuerzos institucionales para el combate a la tortura en México.

Felicitaciones y muchos éxitos estos dos días de capacitación.