Intervención de Jesús Peña en la audiencia de la CIDH “México: Protección de mujeres buscadoras”

Agradezco a la Comisión por haber convocado esta importante audiencia. Ante el contexto, reciban nuestro respaldo por el gran trabajo de acompañamiento que han desarrollado en México.

La desaparición de personas en México es una desgarradora realidad que afecta a miles de familias y comunidades de dentro y de fuera del país. Al dolor y sufrimiento que produce este deleznable crimen, se agregan el miedo, la inseguridad y la desconfianza que experimentan las familias buscadoras. Las mujeres, en especial las madres, han desempeñado un papel esencial para realizar las búsquedas de sus seres queridos, no sólo como víctimas, sino también como lideresas de colectivos y defensoras de los derechos humanos. Ellas tienen un compromiso inquebrantable con sus tesoros desaparecidos, la demanda de verdad, la materialización de la justicia, la rendición de cuentas y el impulso de las estructuras estatales que tienen el deber de prevenir, investigar y atender las desapariciones. Sus corazones imploran por encontrar a sus seres queridos, pero también porque nadie experimente su dolor.

Tanto durante el periodo de la denominada “Guerra Sucia” como desde la adopción de una estrategia de seguridad en 2006, cuyo paradigma de carácter militar continúa expandiéndose, han sido las mujeres buscadoras quienes han logrado mantener la esperanza de encontrar a sus seres queridos y la de tener mejores políticas, marcos regulatorios, instituciones y mecanismos de atención. Esta lucha las ha enfrentado a distintos desafíos: el de la inseguridad es uno de ellos.

La violencia en contra de las personas buscadoras en México se ha incrementado en el pasado reciente. De 2019 a la fecha, la ONU Derechos Humanos ha documentado el asesinato, como posible represalia por su labor de búsqueda, de al menos nueve mujeres [1]. Asimismo, hemos acompañado a numerosas madres buscadoras que han sufrido otros incidentes de seguridad que las han forzado incluso al desplazamiento. La mayoría de las agresiones permanecen en la impunidad. Al respecto, hace dos meses publicamos un informe que propone a las fiscalías 16 recomendaciones para revertir la impunidad en delitos cometidos contra personas defensoras y periodistas.[2]

Quiero destacar que esta violencia exacerbada, sumada a la desprotección que enfrentan, ha llevado en los últimos meses a algunas mujeres buscadoras a hacer llamados desesperados a los grupos criminales para que no las agredan y les permitan realizar su labor sin miedo.

Los órganos de Naciones Unidas han apuntado constantemente la necesidad de proteger a las familias buscadoras. Así lo señaló el Comité contra la Desaparición Forzada, tras su visita al país en noviembre de 2021, al recordar al Estado “su obligación de prevenir y sancionar las acciones que criminalizan, intimidan, persiguen y estigmatizan a las personas desaparecidas, sus familiares o las personas que los acompañan”.[3] Como parte de la necesidad de adoptar una Política Nacional de Prevención y Erradicación de las Desapariciones Forzadas, el Comité recomendó “reconocer el papel de las víctimas y atender debidamente sus necesidades de atención y protección.”[4]

En los últimos años el Estado ha tomado algunas medidas tendientes a proteger a las personas defensoras de derechos humanos, incluyendo la Ley General de Desapariciones[5] y la Ley Federal de Protección[6] y su respectivo Mecanismo. Sin embargo, perduran varios desafíos para implementar medidas integrales y efectivas.

En primer lugar, es crucial que todas las instituciones encargadas de la búsqueda de personas sean eficientes, cuenten con los recursos adecuados y se coordinen de forma efectiva para evitar que la responsabilidad recaiga en las mujeres buscadoras.

En segundo lugar, garantizar la protección de familiares de personas desaparecidas durante las acciones de búsqueda, conforme al Protocolo Homologado de Búsqueda[7].

En tercer lugar, hemos observado importantes retos para que familiares de personas desaparecidas accedan al Mecanismo de Protección. En distintos casos, el proceso de incorporación de colectivos omitió considerar a integrantes que enfrentaban riesgos y así quedaron expuestas. Lamentablemente, en algunos casos la consecuencia ha sido letal. De igual modo, el Mecanismo debe adoptar procedimientos especializados de atención a casos colectivos que consideren las particularidades de los grupos de mujeres buscadoras. En este sentido, es fundamental seguir impulsando los avances del “Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento del Mecanismo”[8], iniciativa que apoyamos y reconocemos.

En cuarto lugar, se deben fortalecer los sistemas de atención y apoyo psicosocial para las familias afectadas, brindándoles asistencia legal, orientación emocional, acceso a servicios de salud y resguardo a su patrimonio. La protección de las madres buscadoras es un componente que rebasa el tema de la seguridad en sentido estricto.

En todo ello, hay que asegurar el respeto a los derechos humanos, la participación de las familias y la incorporación de una perspectiva de género y un enfoque etario que atienda de modo diferenciado a las mujeres de edad avanzada.

Finalizo resaltando que, además de ser pilares de fortaleza y fuentes de inspiración para sus familias y comunidades, las mujeres buscadoras han impulsado la transformación de estructuras estatales a través de su exigencia de acciones concretas frente a la desaparición de personas. Es esencial que se reconozca su incansable y digna labor y se fortalezcan las políticas de prevención, protección y apoyo a las mujeres buscadoras (madres, hijas, hermanas, esposas, compañeras, amigas…), tanto aquellas que aspiran a encontrar a sus seres queridos como las que anhelan acceder a la justicia y a la verdad.

En todas estas búsquedas cuenten con el apoyo y asistencia técnica de la Oficina.

¡Muchas gracias!