Jan Jarab – Ponencia Magistral Encuentro Internacional de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas “Defender es No Olvidar”

Agradezco a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y a Propuesta Cívica por invitarnos a ser parte de estas discusiones tan pertinentes como necesarias.

Quiero también agradecer a Cecilia Jiménez Damary, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos; a Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas; y a Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su participación e interés por la situación de derechos humanos en México es invaluable. El trabajo de las Relatorías de los sistemas interamericano y universal ha resultado en contribuciones importantes para asegurar avances en materia de derechos humanos. Precisamente en el tema de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la principal política pública en México para su protección, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, es un resultado directo de las recomendaciones de mecanismos de ambos sistemas.

Asimismo, quiero agradecer a todas y todos que hoy nos acompañan: los derechos humanos deben ser materia de prioridad nacional y su presencia aquí hoy demuestra el interés que existe.

Quiero también aplaudir la iniciativa del encuentro y de la campaña “Haz que se vean”. Quienes defendemos derechos humanos sabemos que casi siempre esa labor se convierte en una lucha contra el olvido.

I. CONTRA EL OLVIDO

La verdad y la justicia difícilmente se pueden realizar sin la labor valiente de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Hoy es un día para reconocer esa valentía y la importancia de quienes se dedican a servir sus comunidades protegiendo sus derechos y surtiéndolas de información.

Considero que la valiosa oportunidad de compartir análisis, experiencias, buenas y malas prácticas, desafíos y sueños con los Relatores Especiales que hoy nos acompañan será de gran utilidad para todos y todos. También, los diferentes talleres que se llevaron a cabo durante el fin de semana fueron seguramente ocasiones para compartir experiencias y saberes. Asimismo, los intercambios informales entre personas defensoras de derechos humanos y periodistas de diferentes rincones de América Latina han sido muchas veces la fuente de grandes pensamientos innovadores y de sinergias de solidaridad transnacional que generan avances en la articulación en la defensa de los derechos humanos. Confío que de esta actividad también saldrán nuevas colaboraciones que puedan eventualmente enriquecer el trabajo de la Oficina que represento, así como de las Relatorías hoy presentes, porque sin la valiente labor de personas que se dedican al periodismo y a defender derechos humanos nuestro trabajo no tendría sentido.

En muchos casos que la Oficina ha venido trabajando fueron periodistas o defensores quienes nos informaron y solicitaron nuestra intervención, así como la de otros actores nacionales e internacionales. Ayer se dictó, finalmente, después de más de una década, la liberación de tres de los seis defensores indígenas de Tlanixco. Fueron víctimas de persecución por haber defendido el derecho de sus pueblos al agua e injustamente sentenciados por un crimen que no han cometido y la Oficina que represento puede decir con orgullo que ha contribuido a la liberación de estas tres personas. Pero sin la labor valiente defensores de derechos humanos del Centro de derechos humanos Zeferino Ladrillero, tal vez ni siquiera hubiéramos conocido el caso.

Sin la labor de investigación que realizaron periodistas, no conoceríamos el “Caso Tlatlaya”.

Asimismo, sin la labor de denuncia de personas defensoras de derechos humanos, del Comité de derechos humanos de Nuevo Laredo, no sabríamos de la terrible ola de desaparición de personas entre febrero y mayo 2018 en Nuevo Laredo.

Estos tres ejemplos –solamente tres entre muchos otros– ilustran cómo el trabajo y la valentía de personas defensoras de derechos humanos y periodistas impidieron que estos casos cayeran.

Sin embargo, a pesar de la importancia su labor, la situación que enfrentan periodistas y defensores de derechos humanos en la región es sumamente preocupante.

II. AGRESIONES EN CONTRA LAS PERSONAS DEFENSORAS Y PERIODISTAS

Lejos de ser reconocidas de manera amplia por la sociedad y por las autoridades, las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas son víctimas de amenazas, hostigamientos, estigmatización, agresiones, criminalización entre otros tipos de ataques – y hasta homicidios.

Se estima que tres cuartas partes del total de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en todo el mundo suceden en la región latinoamericana. Y que más de la mitad de esos casos estarían relacionados con la defensa de la tierra, del territorio, del medio ambiente y de los bienes naturales.

En México, 2019 inició de una manera terrible. La ONU-DH ha registrado en poco más de mes y medio, seis defensores asesinados: Sinar Corzo, Noé Jiménez Pablo, José Santiago Gómez Álvarez, Gustavo Cruz Mendoza, Bernardino García Hernández y Oscar Cazorla. Y dos periodistas: José Rafael Murúa Manríquez y Jesús Ramos Rodríguez. Son un total de al menos ocho homicidios cuando todavía no se cumplen dos meses desde que inició el año. Representan prácticamente un tercio de los casos registrados en todo el año de 2018, año en que la ONU-DH registró 12 asesinatos de periodistas[1] y 13 asesinatos de defensores[2].

Desgraciadamente, México no se encuentra solo en esta dinámica. La región mantiene una tendencia de aumento de asesinatos de periodistas y defensores.

Ante este contexto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lanzaron el Plan de Acciones Conjuntas para Contribuir a la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos en las Américas. De esta forma, ambos organismos pretenden robustecer su articulación para poder coordinar actividades tendientes a la creación de ambientes propicios para la labor de defensa de derechos humanos en la región.

Esta es una iniciativa que nos permite, desde nuestras trincheras, mejorar nuestra capacidad de monitoreo de la situación y de interlocución sea con los titulares de derechos sea con los Estados que tienen el deber de protegerlos.

Algunos países donde esta tendencia es más evidente y más grave han adoptado medidas importantes sobre protección de defensores en reconocimiento de la situación. No obstante, aunque los diferentes sistemas de protección hayan ayudado a contener la situación –y seguramente salvaron muchas vidas– el alcance y eficacia de esos sistemas se vuelve manifiestamente insuficiente. En México esa insuficiencia se manifestó en los casos recientes de Rafael Murúa y Noé Jiménez Pablo, uno periodista y el otro defensor, ambos beneficiarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que fueron asesinados en enero.

Esos dos casos, pero también los varios casos de beneficiarios que han sido víctimas de agresiones consideradas “menores” como amenazas, desprestigio y hostigamiento, resaltan la necesidad de una Política de Estado que garantice el derecho a defender derechos humanos y el derecho a la libertad de expresión.

III. DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO

Uno de los impactos más comunes y más profundos de la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos es el desplazamiento forzado interno.

Por eso quisiera destacar la forma particular como la violencia y en particular el desplazamiento de personas defensoras de derechos humanos y periodistas afecta el goce de derechos de todas y todos los ciudadanos.

Claro, hay una importante dimensión individual de las afectaciones: familias se descomponen; se pierden empleos; se disipan sueños y planes de vida. Nuestra Oficina ha observado cómo se vuelve sumamente difícil para las personas desplazadas pensar en retorno o en reintegración luego de que se vieron obligados a abandonar sus casas.

Pero también se generan afectaciones en una dimensión colectiva. Me refiero a que las amenazas o agresiones a estos dos grupos de población generan como principal consecuencia la censura a quienes se dedican a informar a la ciudadanía o a defender sus derechos. Y cuando una defensora o un periodista se ven obligados a desplazarse todos y todas somos afectados, en nuestras garantías, en nuestros derechos y en nuestro acceso a información.

Las consecuencias del desplazamiento son muy adversas. En la gran mayoría de los casos, la persona reubicada deja de poder ejercer su trabajo como periodista o como defensora de derechos humanos.

Nuestra Oficina conoce de varios casos de líderes indígenas, las principales voces de resistencia y defensa de derechos humanos en sus comunidades, que se han visto obligados y obligadas a salir de su territorio y buscar refugio en otras zonas, muchas veces muy distintas en cuanto a elementos culturales, sociales, económicos, entre otros. El impacto para ellos y para sus comunidades es tremendo.

Cuando los defensores ya no pueden defender sus comunidades, éstas se quedan expuestas al despojo de su territorio, a la violencia, a la destrucción del medio ambiente, a la discriminación, a la injusticia y al abandono. De igual modo, cuando una periodista es desplazada perdemos, todas y todos, el acceso a los resultados de sus investigaciones, como fue por ejemplo el caso de Patricia Mayorga en Chihuahua.

Con el desplazamiento, la sociedad deja de tener quien luche contra la desaparición forzada o los feminicidios; quien informe sobre el impacto de megaproyectos para los territorios y comunidades indígenas; quien investigue y publique sobre corrupción y otras irregularidades en el cumplimiento de la función pública.

Además, las violaciones de derechos humanos que causaron el desplazamiento luego dan lugar a nuevas vulneraciones a menudo vinculadas con la incapacidad de las autoridades en presentar soluciones inmediatas e integrales.

Es indiscutible que en algunos casos –ante la coyuntura avasalladora de colusión y falta de presencia de Estado– la reubicación temporal de la persona en riesgo es la única solución para garantizar y priorizar el derecho a la vida. Pero no podemos dejar de señalar que representa en realidad una respuesta ante la imposibilidad del Estado de garantizar la seguridad de las personas defensoras o periodistas o su goce de otros derechos fundamentales como, de manera muy particular, la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos.

Y no puedo dejar de subrayar que cuando finalmente una persona defensora o periodista se ve obligada a desplazarse eso en verdad significa un resultado exitoso para el perpetrador que buscaba silenciar las voces inconvenientes.

Resulta evidente que el actual marco institucional y normativo referente a protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas es insuficiente para impedir las amenazas, las agresiones o el desplazamiento. Sólo un conjunto de acciones concertadas por parte de los tres poderes y las tres órdenes de gobierno puede guiarnos hacia un cambio de paradigma.

En ese sentido no quisiera dejar de recordar las recomendaciones de los informes sobre México derivados de la misión oficial del Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Sr. Michel Forst, y de la misión oficial conjunta del Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Sr. David Kaye, y del Relator Especial de la CIDH para la libertad de expresión, Sr. Edison Lanza[3]. Por ejemplo, el Sr. Forst recomendó al Gobierno de México que “Apruebe políticas públicas para la protección de los defensores de los derechos humanos desplazados dentro del país que atiendan a sus necesidades socioeconómicas y estén coordinadas con los planes de apoyo a las víctimas”.

Es fundamental que cuando se tome la decisión de reubicar a una persona defensora o a periodistas se empiece inmediatamente a trabajar en cómo generar las condiciones para que la persona desplazada pueda regresar con seguridad a su lugar de origen o, en el caso de imposibilidad de generar un ambiente propicio para su retorno, concebir escenarios en consulta con la beneficiaria según los cuales se posibilite la reintegración en un nuevo lugar con garantías de seguridad, integridad y perspectivas para seguir realizando su labor.

Esto no es fácil, aun menos en casos de personas indígenas y hemos sido testigos de las dificultades que enfrentaron líderes y lideresas indígenas cuando tuvieron que desplazarse.

IV. CONCLUSIÓN

En conclusión, la coyuntura actual es extremadamente preocupante y queda todavía mucho que hacer para garantizar una protección adecuada a periodistas y defensores.

Sabemos que la principal dificultad para garantizar la seguridad para quienes desarrollan las labores de periodismo y defensa de derechos humanos no reside en la falta de normas internacionales sino en que exista una voluntad real por parte de los gobernantes para tomar medidas eficaces para crear y fortalecer ambientes propicios y seguros para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Para terminar, quisiera expresar mi profunda admiración por las mujeres y los hombres periodistas y defensores de derechos humanos quienes, a pesar de los innumerables obstáculos y del elevado riesgo que enfrentan, diariamente investigan e informan para garantizar que la ciudadanía latinoamericana pueda hacer realidad su derecho a la verdad y la justicia. Porque “Defender es no olvidar”, la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos valora y reconoce su ejemplo y su compromiso. Igualmente, felicito su iniciativa colectiva, tan necesaria, y les reitero el apoyo por parte de la Oficina en México del Alto Comisionado.

Finalmente, les agradezco también por su invitación y constante colaboración con las Naciones Unidas. ¡Muchas gracias!