Palabras de Guillermo Fernández-Maldonado para la conferencia sobre el caso Damián Gallardo

(22 de diciembre de 2021) Buenas tardes. La Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos agradece la oportunidad de participar en este espacio.

La tortura es una de las más graves violaciones a derechos humanos, y conlleva la ineludible obligación del Estado de investigar, de sancionar a los perpetradores y de reparar a las víctimas. Así lo establecen los tratados internacionales y enfatiza el Comité Contra la Tortura de la ONU, encargado de interpretar y velar por su efectiva implementación.

En 2019, última revisión del informe periódico de México, el Comité destacó la alta incidencia de la tortura, expresó su preocupación por las graves deficiencias en su investigación, así como por los altos niveles de impunidad. Para ello formuló una serie de recomendaciones, que se suman a las que emitió anteriormente y a las de otros órganos.

Tal vez, la impunidad de la tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos sea la mayor deuda del Estado con las víctimas y la sociedad. Es positivo que hoy exista un reconocimiento de la práctica de la tortura y se disponga de datos de su incidencia, pero es poco lo avanzado en su investigación y en la sanción de las autoridades responsables. De acuerdo con datos del Observatorio contra la Tortura, pese al gran número de investigaciones en las fiscalías de todo el país, son muy pocos los casos llevados a juicio y las sentencias condenatorias son una excepción.

Este contexto hace paradigmático el caso de Damián Gallardo. Allí se refleja el lado más cruento de la actuación de las autoridades en el marco del sistema de justicia y de su utilización en contra de las personas que resultan políticamente incómodas.

Al igual que en los dos casos anteriores que cuentan con una decisión del Comité Contra la Tortura, el caso de Damián Gallardo responde a patrones ya conocidos: detenciones arbitrarias, incomunicación, violencia extrema y fabricación de delitos, así como la falta de respuesta del Estado.

El caso ratifica la necesidad de que, desde las más altas esferas del Estado y como lo ha señalado el Presidente de la República, se revisen las acusaciones penales contra activistas y líderes sociales ante la fundada sospecha que se trate de una forma de persecución donde autoridades manipularon acusaciones de graves delitos para ello.

El caso nos recuerda la urgente necesidad de que el Estado redoble esfuerzos para una política de persecución penal efectiva, en especial cuando existen elementos para avanzar en la investigación de casos ampliamente denunciados. Es esencial que las fiscalías realicen análisis de contexto sobre un gran número de casos, así como una estrategia de priorización en las investigaciones. Es preciso garantizar la independencia en la investigación, incluso de los servicios periciales que practican exámenes a personas detenidas conforme al Protocolo de Estambul.

La decisión del Comité también destacó el abuso de la prisión preventiva, a la cual Damián Gallardo estuvo sujeto por más de cinco años, para ser liberado tras el desistimiento de la acción penal por la Fiscalía General de la República. México tendría que adoptar medidas para modificar el régimen de prisión preventiva, pero la preocupación de los organismos internacionales, incluida la Oficina de la Alta Comisionada, creció cuando se observa que se ha ampliado el uso de la prisión preventiva oficiosa y con ello aumentado el número de personas sujetas a esta medida.

Finalmente, destaco la indicación del Comité sobre la reparación integral a otorgarse a Damián Gallardo y sus familiares. El Comité no sólo instó al Estado a adoptar medidas que trasciendan la compensación monetaria, como la rehabilitación y las acciones simbólicas para reafirmar su dignidad, sino que indicó tendrían que ser acordes con la cosmovisión del pueblo indígena al que pertenecen. Será importante dar seguimiento a la implementación de esta obligación, para lo cual expresamos nuestra disposición de asistir a las víctimas y organizaciones que les acompañan, para contribuir con que las autoridades atiendan las necesidades de las víctimas de acuerdo con las normas y estándares internacionales sobre la materia.

Muchas gracias.

Fin