Intervención de Guillermo Fernández-Maldonado para la audiencia pública de la CIDH “Acceso a la justicia de personas LGBTI en contextos de violencias en la región”

Contexto:  El contexto actual de discriminación pone en situación de mayor vulnerabilidad a las personas LGBTI+. La pandemia incrementó la retórica homofóbica y transfóbica[1]. Algunos países impusieron restricciones de movimiento basadas en el sexo, que puso a personas no binarias y trans en riesgo de una mayor discriminación. Por ejemplo, en Panamá se denunciaron abusos de policías que utilizaron directivas COVID-19 para arrestar, multar o denigrarlas.  También fue evidente el incremento de violencia en el ámbito doméstico, en especial para jóvenes y adolescentes. Derechos como a la salud, a la vivienda, al trabajo y a la alimentación fueron afectados de igual manera.

En últimos años también hubo avances legislativos, como el matrimonio igualitario reconocido en 8 países; 4 que han incorporado parcialmente derechos LGBTI+ a su constitución; 5 que reconocen la adopción por parejas del mismo sexo; 2 países con expresa regulación contra las ECOSIG; 9 países que garantizan el derecho a la identidad autopercibida.

“Aun así, tal vez la mayor contradicción latinoamericana continúe siendo la brecha que separa lo institucional de lo cultural. Según el informe “El prejuicio no conoce fronteras”, publicado por Sin Violencias LGBTI+, 1.292 personas con una orientación sexual o identidad de género diversa fueron asesinadas en América Latina entre 2014 y 2020”[2].

Permítanme ahora enfocarme en la situación en Honduras, Guatemala y México.

Honduras

El país registra alrededor de 300 muertes violentas al mes. La violencia afecta desproporcionadamente a poblaciones en situación de vulnerabilidad, como la población LGBTI+. El observatorio de muertes violentas de la organización Cattrachas reporta 26 muertes violentas de personas LGBTI este año. Por otra parte, la pandemia, el paso de los huracanes y el cambio climático aumentaron la discriminación y las desigualdades.

No hay garantías legales para la igualdad y no discriminación de esta población. Si bien, el Nuevo Código Penal amplía la noción de discriminación por orientación sexual o identidad de género, la constitución reconoce el derecho a la familia sólo al hombre y la mujer; prohíbe el matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo; desconoce la validez de matrimonios o uniones de hecho  entre personas  del  mismo  sexo  celebrados  o  reconocidos  bajo  las  leyes  de  otros países; y prohíbe dar en adopción niños o niñas a matrimonios o uniones de hecho conformados por personas del mismo sexo.

La Ley del Registro Nacional de las Personas obliga a las personas trans a mantener un nombre legal distinto al nombre con el que se identifican.  En enero de 2021 se ratificó la reforma constitucional que incorpora la prohibición absoluta del aborto y exige para su modificación, y para el artículo 112 referente a la prohibición del matrimonio igualitario, la mayoría calificada del Congreso Nacional.

Las personas LGBTI enfrentan barreras para el acceso a la justicia, como los estereotipos en estaciones de policía y tribunales, que les discrimina y re-victimiza, muchas veces por la falta de conocimiento, lo que provoca su desconfianza en el sistema de justicia.  Según el observatorio de Cattrachas, de las 26 muertes violentas en 2021, sólo cuatro están bajo investigación.

En el 2021, la Corte Interamericana condenó a Honduras por la muerte de Vicky Hernández durante el golpe de Estado de 2009.  La sentencia contempla puntos resolutivos que ameritan su pronto cumplimiento, muchos relacionados con el sistema de justicia, para los que la Oficina del Alto Comisionado manifiesta su disposición de dar apoyo técnico a partir de su mandato de país.

Así, persisten retos importantes para garantizar los derechos de las personas LGBTI+ relacionados con sistema de justicia, entre los que destacan:

• Adoptar un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género que permita a las personas adecuar sus datos en los documentos de identidad y en los registros públicos de conformidad con su identidad de género auto-percibida;
• Adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia; entre otros.
• Crear e implementar un plan de capacitación permanente para las y los operadores de justicia, a partir de las obligaciones y estándares de derechos humanos de las personas LGBTI+.

Guatemala

Los informes anuales de nuestra Oficina en Guatemala señalan que las personas LGBTI+ siguen siendo estigmatizadas, hostigadas, discriminadas y aisladas. Según una investigación de la organización Visibles de 2020, los contextos de violencia van desde el familiar y comunitario, hasta el educativo, laboral y estatal. Las violencias conducen a su “invisibilización”, a su falta de participación en la elaboración de políticas públicas y leyes, lo que conduce a la negación de sus derechos de protección y acceso a la justicia.[3] Guatemala no cuenta con leyes que protejan de manera expresa contra la discriminación y violencia basadas en prejuicio por la orientación sexual, identidad o expresión de género.

La violencia contra personas LGBTI+ persiste. Según el Observatorio de Derechos Humanos y Violencias por Orientación Sexual e Identidad de Género, de enero a octubre de 2021 habrían sido asesinados 17 hombres gays, 3 mujeres lesbianas, 7 mujeres transgénero y 2 hombres bisexuales. Hasta noviembre de este año, la Organización Trans Reinas de la Noche, registró 144 casos de violencia contra mujeres trans y 7 casos de violencia hacia hombres trans.

Existe preocupación por la posible adopción normas regresivas para los derechos de las personas LGTBI, como la  “Ley para la Protección de la Vida y la Familia”[4] (5272) y la “Ley para garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia contra los trastornos de la identidad de género”[5] (5940). Tras la visita del Experto Independiente sobre orientación sexual e identidad de género en octubre de 2021, varios Relatores y Relatoras Especiales enviaron una carta al gobierno que alerta que la adopción de la iniciativa 5940 sería un retroceso grave al respeto y la protección de los derechos de las personas LGTBI y al cumplimiento de las obligaciones internacionales.

También preocupa la aprobación, en 2021, de la “Política Pública de Protección a la Vida y la Institucionalidad de la Familia 2021-2032[6]”, que reconoce sólo un modelo de familia tradicional y podría tener un impacto negativo para los derechos de las personas LGBTI+.

Pese a la adecuación de los sistemas de registro de casos para incluir las variables LGBTI y/u orientación sexual e identidad de género por entidades como la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, sigue siendo un reto registrar adecuadamente las denuncias de personas LGBTI+.

También preocupa la impunidad ante esta violencia.  Conforme al informe de Human Rights Watch sobre violencia y discriminación contra personas LGBT en Guatemala, de marzo de 2021[7], en las estadísticas del Ministerio Público de los años 2016 a 2019 no se registra ninguna persona condenada por discriminación basada en orientación sexual o identidad de género; y de las 51 denuncias penales en las que la víctima era una persona LGBTI+, sólo hubo condenas en cuatro casos.

En resumen: persisten retos importantes para garantizar los derechos de las personas LGTBIQ+ que precisan ser afrontados a la brevedad. Entre ellos destacan:

• Ausencia de leyes que reconozcan de forma integral los derechos humanos de las personas LGBTI+ y penalicen los delitos en su contra.
• Falta de protocolos para la actuación de los casos y políticas públicas que promuevan, desde un enfoque interseccional e intersectorial, la inclusión de personas LGBTI+ en todos los ámbitos.
• Necesidad de fortalecer y mejorar la investigación de casos de violencia y muerte violenta de personas LGBTI+, para asegurar el avance de los procesos judiciales.
• Necesidad de fortalecer las capacidades de quienes reciben denuncias y registran casos, que asegure una atención libre de estereotipos e ingresar la información que permita identificar los casos de personas LGBTI+ víctimas de violencia.

México

La violencia contra la población LGBTI+ incluye la discriminación y violencia familiar, las denominadas “terapias de conversión” (ECOSIG), los crímenes de odio, la violencia sexual, sobre todo contra personas trans, y entre ellas, mujeres trans. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes contra Personas LGBT[8], en 10 de los 32 estados del país, en 2020, se reportaron 54 casos de asesinatos y desaparición de personas LGBTI+[9], cifra que asciende a 71 en 2021.

Ello ocurre pese a importantes reformas legislativas en México, como el matrimonio igualitario en 25 estados; la prohibición de las ECOSIG en 6 estados; y el reconocimiento la identidad y facilitación de documentación en 13 estados.

“No queremos un acta de nacimiento que nos nombre, si el acta siguiente es la de defunción” – Jessica Marjane. Defensora de derechos humanos.

Como ejemplo[10], baste mencionar el caso del estado de Veracruz: Del 2013 a enero de 2020 se cuenta con un registro de 192 víctimas mortales LGBTI+, entre las que destacan los asesinatos con armas punzo cortantes, tortura, asfixia, arma de fuego, abuso sexual y de lapidación. El 60 % de las víctimas trans ejercían el trabajo sexual; el 40 % de ellas fueron sepultadas en fosa común; sólo el 25% de los casos de violencia hacia personas LGBTTTI son denunciados ante las autoridades; y sólo el 5% continúa el debido proceso, pues en muchas ocasiones [las personas denunciantes] desisten por la engorrosa burocracia y el estigma-prejuicio de las autoridades que imparten justicia en Veracruz; y el 91% de los casos se encuentran en impunidad[11].

Sin perjuicio de ello, respecto de la administración de justicia dos esfuerzos merecen mencionarse:

• El primero, el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que brinda orientaciones para incorporar la perspectiva de género en el entendimiento judicial hacia procesos y sentencias garantistas de los derechos de la población LGBTI+.
• El segundo, la creación de la Unidad de Investigación Especializada en Transfeminicidios al interior de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Feminicidio de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Es una sección única en su tipo, integrada por personal experto en población trans, que analiza las investigaciones con perspectiva de género para prevenir la impunidad. La ONU DH México colabora con la elaboración de “directrices para la investigación ministerial con perspectiva de género y de derechos humanos, del transfeminicidio en la ciudad de México”.

El Protocolo debe ser difundido para avanzar hacia su implementación por el funcionariado del Sistema de Justicia; la Unidad de Transfeminicidio debe ser reconocida dentro de institucionalidad la Fiscalía de Ciudad de Mexico para ser dotadas de los recursos necesarios.

Los retos de Guatemala y Honduras reflejan las necesidades en México:

• Fortalecer el Sistema de Justicia en la comprensión de la perspectiva de género en casos con población LGBTI+, incluido el análisis de contexto de violencia y su vulnerabilidad;
• Fortalecer procedimientos en las investigaciones sobre casos de violencia basada en género contra población LGBTI+, que mejore su registro, facilite las investigaciones multidisciplinarias y diligentes; mejore el tratamiento de víctimas indirectas; procure la coordinación interinstitucional, incluso los servicios forenses.
• Eliminar estereotipos de género en el procedimiento judicial. “Para juzgar casos de identidad de género u orientación sexual, quienes imparten justicia están obligadas (…) a identificar y desechar las preconcepciones que se tiene de las personas, por virtud de su identidad o expresión de género o de su orientación sexual (…) pues las orientaciones sexuales y las identidades de género diversas no dañan a ninguna persona, a sus derechos o a algún valor constitucional”[12].

Combatir la impunidad en los delitos y violaciones a derechos humanos contra la población LGBTI+ es prioritario para todas las presencias de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la región. Es esencial que los Estados continúen trabajando para cumplir los compromisos de la Agenda 2030 y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible bajo la premisa de “No dejar a Nadie Atrás”. La ONU DH reitera su compromiso para apoyarles.

Muchas gracias