Palabras de Guillermo Fernández-Maldonado para el Foro regional: Estrategias jurídicas para el intercambio de información para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas entre México y América Central

La crisis de desaparición de personas en México es un problema actual, continuo y doloroso. Las familias de las personas desaparecidas se han encontrado en sus búsquedas y han aprendido a organizarse y plantear sus demandas colectivamente. Gracias a su impulso se han logrado algunos avances en el país, en especial cuando los procesos incorporan una participación efectiva y un enfoque de derechos humanos.

Corresponde al Estado, a través de sus instituciones y personal, cumplir sus obligaciones de respeto, protección y garantía de derechos humanos para enfrentar este flagelo. Las entidades concernidas deben implementar normas para erradicar la desaparición de personas, establecer políticas de prevención, realizar investigaciones efectivas e imponer sanciones penales a los perpetradores, buscar a todas las personas desaparecidas, identificar certeramente a las personas fallecidas, reparar integralmente a las víctimas, proporcionar protección y condiciones de seguridad a las familias buscadoras y a los servidores públicos, así como promover la no repetición de este punzante crimen.

Estamos ante un reto que se ha expandido en la región, lo que exige una fuerte colaboración entre las instituciones de los países, que comparten una historia y origen común, y hoy, desgraciadamente, también una problemática dolorosa, derivada de múltiples factores como instituciones frágiles, colusión entre autoridades y criminalidad, impunidad generalizada, redes de tráfico y trata de personas, entre otros.

Personas que debieron salir de sus países de origen o residencia habitual para alejarse de la violencia, desastres o buscar obtener mejores condiciones de vida se enfrentan continuamente en sus trayectos al asedio de los grupos delincuenciales, con frecuencia coludidos con funcionarios e instituciones del Estado. En su andar, también enfrentan una constante discriminación que pone mayores obstáculos para el acceso a sus derechos. Así como se emprende un largo viaje a través de fronteras, condiciones climatológicas adversas y peligros criminales, también se emprende un largo camino de lucha contra la impunidad.

El interés por elaborar estándares en la materia ha llevado al Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias a elaborar un informe temático en 2017. Por su parte, el Comité de la ONU trabaja hoy en su primera Observación General, que abordará el tema de desapariciones forzadas en el contexto de la migración. Las pautas de los organismos internacionales especializados son cruciales para establecer un piso común de entendimiento que favorezca la cooperación, coordinación y articulación interestatal.

En su Informe de visita a México, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU puso especial énfasis en la población migrante y en contexto de movilidad humana. Fue contundente al afirmar que se “debe garantizar la búsqueda e investigación de las desapariciones ocurridas en el contexto migratorio, así como la judicialización efectiva de estos casos”[1] y agregó que se requiere que:

“los mecanismos de coordinación interinstitucional establecidos entre las instituciones primarias, transmisoras, informadoras y difusoras identificadas en los protocolos de búsqueda e investigación (…) involucren sistemáticamente al Instituto Nacional de Migración, así como a las autoridades mexicanas y las autoridades e instituciones relacionadas de los países de origen y destino de las víctimas.”[2]

Esto implica que la información que esté al alcance de las autoridades debe ser compartida para fortalecer las acciones de búsqueda, localización e identificación, así como contribuir con la debida investigación y esclarecimiento de los hechos. El Comité instó a la Fiscalía General de la República a “intensificar los mecanismos de cooperación interna, de cooperación con las fiscalías de los estados de la República y con las autoridades de los países de origen de las personas migrantes”[3], con el fin de obtener toda información que permita “ubicar a los familiares de las víctimas todavía no identificadas.”[4]

Esta reunión es una gran oportunidad para que instituciones y autoridades de los países de la región compartan experiencias, retos y  necesidades, que permitan consolidar estrategias y acciones para la atención, sanción y erradicación de las desapariciones. La Oficina que represento reafirma su compromiso de seguir acompañando los esfuerzos para que las personas migrantes y sus familias ya no transiten en un camino de violencia, impunidad y abandono, sino en uno que les lleve a la seguridad, justicia y a una mejor condición de vida. ¡Muchas gracias!