Palabras de Guillermo Fernández-Maldonado para la presentación de la tercera edición del libro “La Desaparición Forzada en México: una mirada desde los organismos del Sistema de Naciones Unidas”

Mi saludo y bienvenida también a las personas en el panel, el público en general y los medios de comunicación.

Sin afán de distraer la atención de lo fundamental que nos convoca, pero dado que esta es la última ocasión en que hablaré en representación de Michelle Bachelet como Alta Comisionada, creo oportuno simplemente reconocer su indeclinable compromiso por la agenda de las personas desaparecidas en México y especial identificación con las miles de mujeres afectadas por esta tragedia.

Hoy realizamos la presentación nacional de la tercera edición de la publicación “La Desaparición Forzada en México: una mirada desde los organismos del Sistema de Naciones Unidas”. Para nuestra Oficina, la agenda de personas desaparecidas es una de las más complejas, dolorosas y desafiantes que enfrenta el Estado mexicano. Constituye, de hecho, una de las que más relevancia y atención ha merecido de los organismos internacionales de derechos humanos en los últimos diez años, como da cuenta esta publicación.

Tanto nuestra Oficina, como el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias y el Comité de la Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, hemos dirigido a esta problemática el máximo de nuestros empeños, colocando siempre a las víctimas y sus derechos en el centro. A este objetivo se han sumado otros mecanismos internacionales y agencias de la ONU en el ámbito de sus respectivos mandatos.

El propio Secretario General de la ONU recientemente hizo escuchar su voz y transmitió su “profunda solidaridad a las familiares de las víctimas que anhelan reunirse con sus seres queridos, los buscan incansablemente y siguen luchando por la verdad, la justicia y las garantías de que esto no vuelva a suceder”.

Ese es, precisamente, el objetivo de la publicación que presentamos hoy en su tercera edición: solidarizarnos con las víctimas, promover la materialización de sus legítimos derechos y auspiciar la no repetición del crimen que les atormenta y que generosamente desean que no se replique en otras personas.

La desaparición forzada es una gravísima violación a los derechos humanos que ha generado creciente preocupación en los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Progresivamente, en buena medida gracias al impulso e incidencia de familias de las personas desaparecidas, esta preocupación se ha materializado en acciones concretas, como la adopción de tratados e instrumentos internacionales específicos sobre el tema, así como diversos informes, recomendaciones, dictámenes, acciones urgentes, medidas cautelares y de protección por parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, comités de los tratados y del Mecanismo de Examen Periódico Universal. A todo esto se suma el aporte normativo, institucional y jurisprudencial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que en casos tan relevantes como Rosendo Radilla o el de la Familia Alvarado, han impactado en el sistema jurídico mexicano y cuyas posibilidades de transformación positiva se refrendan sucesivamente.

Sobre la base de analizar y obtener lecciones aprendidas de dolorosas experiencias en muchas partes del planeta y de nuestra propia región, se ha realizado un gran esfuerzo internacional para elaborar y poner a disposición de los Estados los conocimientos y herramientas que faciliten el efectivo cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de prevención, respeto, protección y garantía de los derechos de todas las personas frente a esta grave violación. El sistema internacional de protección de derechos humanos ha avanzado no sólo en la definición del alcance de las obligaciones internacionales en torno a esta grave violación, sino que además ha colocado especial énfasis en analizar realidades particulares, adoptar enfoques diferenciados y emitir recomendaciones específicas que respondan a las características y retos de cada país.

Precisamente, para contribuir con facilitar el acceso a las normas y estándares internacionales por parte de las autoridades de las tres ramas del Estado y de los tres órdenes de gobierno, familiares de víctimas, organismos autónomos, personas y organizaciones que les acompañan y defienden sus derechos humanos, profesionales de las diversas áreas relevantes del conocimiento, personas de la academia, actores de la comunidad internacional, medios de comunicación y la sociedad en su conjunto, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha realizado publicaciones que sistematizan y actualizan esta valiosa información, que debe estar siempre orientada a la acción transformativa.

“El libro verde”, como se le conoce a la publicación, recupera los informes, las observaciones finales, la jurisprudencia y las recomendaciones que, en materia de desaparición de personas, los organismos de Naciones Unidas han dirigido al estado mexicano, guiados siempre por un espíritu constructivo y dinamizador.

Cada edición del libro ha tenido un detonante específico. La que hoy nos convoca lo tiene en el reciente informe de misión a México del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, realizada en noviembre de 2021, así como la jurisprudencia emanada de los comités u órganos de los tratados de derechos humanos de la ONU, en materia de desaparición de personas.

De una lectura integral del texto, resulta claro que desde los organismos internacionales hemos reconocido importantes avances normativos, institucionales y jurisprudenciales alcanzados en años recientes, fundamentalmente en el nivel federal. Sin duda, son una base esencial para enfrentar los retos que plantean las desapariciones de personas en México.

Pero los datos de la realidad sobre la vigencia, extensión, gravedad y reproducción del flagelo en la actualidad, son un urgente recordatorio de la necesidad de redoblar esfuerzos en todos los niveles y en todos los poderes y órganos del Estado mexicano, para estar en capacidad de cumplir con sus obligaciones y poner fin a la comisión de nuevos casos, erradicar la impunidad “casi absoluta” de los perpetradores, ubicar el paradero, suerte o destino de las personas desaparecidas, reparar de manera integral a las víctimas y garantizar la no repetición de estos crímenes. La acción decidida es la clave y para ello, como señaló el Secretario General de la ONU, António Guterres, las “Naciones Unidas renuevan su compromiso de acompañar a México en sus esfuerzos por prevenir y combatir esta grave violación de los derechos humanos, que causa un extraordinario sufrimiento a las víctimas y sus familias y perjudica a la sociedad en su conjunto.”

En esta misma línea, ONU-DH reitera su firme compromiso con las familias de las personas desaparecidas; con las miles de personas, en su mayoría madres, cuya búsqueda incansable de sus seres queridos son fuente de inspiración en todo el mundo; con las personas y organizaciones que les acompañan y apoyan; así como con todas las personas, dentro y fuera del Estado, que despliegan genuinos esfuerzos por poner fin a esta cruel etapa histórica de México. ¡Hasta encontrarles!

¡Muchas gracias!