Palabras de Jan Jarab para la Conferencia Nacional por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

CDMX, 3 de octubre de 2018

Muy buenos días a todas y todos.

Es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Agradezco la gentil invitación de nuestra Oficina.

Quiero sobre todo expresar el apoyo y admiración de nuestra Oficina para el trabajo incansable de REDIM en la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y agradecerle su decisión de dedicar este evento al tema de la desaparición de las niñas, niños y adolescentes (NNA).

Como ustedes saben, la desaparición de personas es una de las prioridades de nuestra Oficina en México. Los derechos de la niñez no los hemos identificado explícitamente como prioridad – pero sí estamos conscientes del hecho de que casi todos los grandes desafíos de derechos humanos en México tienen una dimensión importante de niñas, niños y adolescentes.

Coincido con Juan Martín Pérez que hay que superar la invisibilidad de los derechos de los niños; de que la defensa de los derechos humanos tiene que superar la tradición adultocéntrica. Y por otro lado, los derechos de la niñez no pueden ser considerados como un tema leve, alegre y meramente decorativo, en un país donde un elevado porcentaje de todas las desapariciones, son las desapariciones de las NNA; en un contexto de la violencia generalizada; en un contexto de migración de tránsito que expone a las NNA, acompañados y no acompañados, al riesgo de violencia, de trata, de desaparición; en un contexto de políticas de seguridad demasiado violentas y sin rendición de cuentas.

Recuerdo el caso de desaparición de decenas de personas en Nuevo Laredo en el inicio de este año, documentado por nuestra Oficina – varios de ellas son menores de edad, de hecho, tres de ellos de la edad de 14 años, y algunos ya fueron hallados muertos, otros permanecen desaparecidos.

Evidentemente, la falta de madurez física y mental de las NNA, así como su dependencia con respecto a los adultos, les coloca en una situación de especial vulnerabilidad. En materia de desaparición se necesita, entonces, un enfoque diferenciado – se necesita dar una protección especial a las NNA, siguiendo los instrumentos internacionales, la Convención sobre Desapariciones Forzadas así como la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos facultativos.

Hay que también reconocer la dimensión de género, como lo mencionó Juan Martín y como lo resaltó recientemente el Comité en contra la Discriminación de las Mujeres (CEDAW): entre los menores desaparecidos, el porcentaje de mujeres es mucho más alto que entre las personas adultas desaparecidas, lo que corresponde sobre todo a la desaparición con objetivo de trata – un delito que también se encuentra muchas veces no sólo olvidado, sino deliberadamente negado porque los organizadores de trata gozan de importantes vínculos con las élites económicas y políticas.

Uno de los mecanismos internacionales de derechos humanos, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, dedicó (en 2012) una de sus observaciones generales a niños y las desapariciones forzadas, reconociendo tres situaciones particulares en las que las NNA se convierten en víctimas de desaparición forzada:

  • cuando los propios niños son objeto de desaparición forzada
  • cuando niños nacen durante el cautiverio de su madre, sometida a desaparición forzada
  • niños como víctimas por el hecho de que su madre, su padre u otro familiar han sido objeto de desaparición forzada – lo conocemos bien en México, los niños que se quedan con sus abuelas, frecuentemente sin apoyo adecuado.

En ese contexto, el Grupo de Trabajo destacó la importancia de las declaraciones de ausencia por desaparición: declaraciones que permiten que los niños tengan acceso a las prestaciones sociales a las que tendrían derecho si hubiesen fallecido sus padres, sin que sea necesario declarar el fallecimiento de ellos, y sin poner fin a la obligación del Estado de investigar. (Como sabemos, en México esto se adoptó a nivel federal pero falta aún la legislación a nivel local, que es más importante.)

Reitero – no se trata de una recomendación específica para México, sino de una observación general del Grupo de Trabajo, en la cual se destaca, entre otros, que:

  • En materia de privación de libertad, la necesidad de tener un registro de todos los niños privados de libertad (juntos con REDIM, hemos evidenciado la importancia de ello en el caso de la detención arbitraria y no registrada de Marco Antonio Sánchez, aquí en la Ciudad de México)
  • En materia de denuncias, los estados deben facilitarlas adoptando medidas que tengan en cuenta la edad del niño, su género y su madurez y que fomenten un entorno de seguridad para el niño.
  • En materia de participación del niño, los estados deben promover y alentarla en todas las actuaciones oficiales: el niño siempre tiene derecho a ser escuchado directamente, y no solo por conducto de un representante – hay que velar por que participen en las actuaciones de una forma adaptada a la sensibilidad del niño, a su edad, a su género y nivel de madurez; y existe una obligación de informarles, de una manera en que el niño lo entienda.
  • En materia de adopción, el Grupo de Trabajo hace hincapié en la necesidad de adoptar procedimientos legales para el examen de toda adopción que tenga origen en una desaparición forzada, destacando que pueden surgir irregularidades tales como la falsificación de certificados de nacimiento y de la identidad del niño. (Como sabemos, las prácticas de falsificación de certificados de nacimiento y de la identidad sí existen también en México, como lo hemos observado, junto con nuestros colegas de REDIM, en el preocupante caso de un albergue en Guanajuato donde se falsificaron las identidades de los niños de manera sistemática por décadas… entre otros abusos).

Permítanme, por favor, terminar con el mensaje más esencial, el que reitera también el Grupo de Trabajo y nuestra Oficina en su actuar: los Estados tienen la obligación de realizar sin demora investigaciones completas a fin de determinar el paradero del niño o de sus padres o tutor: esas investigaciones deben hacerse como una obligación del Estado, y no deben considerarse como una responsabilidad de la familia de la víctima. Esto puede parecer obvio, pero en México no lo es: las experiencias de las familias de víctimas de desaparición son más bien de la falta de investigación, con excusas implausibles y revictimizantes.

Tenemos que cambiar esta cultura; desarrollar la búsqueda rápida, eficaz y empática, con sensibilidad hacia las NNA y con enfoque de género.

Tenemos que cambiar las “macropolíticas”, sobre todo de seguridad.

Tenemos que revertir la cultura de impunidad de la cual gozan los perpetradores.

Y necesitamos también políticas especiales de prevención.

Les deseo a todas y todos un evento inspirador y útil.

Fin