Palabras de Jan Jarab para la presentación de Indicadores de derechos humanos de las personas privadas de su libertad en el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México

Por esta razón quisiera comenzar mis palabras con un agradecimiento al Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, por su apoyo e impulso para utilizar la metodología de indicadores en todo el Poder Ejecutivo local.

Asimismo, debo reconocer a la Secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, y al Subsecretario del Sistema Penitenciario CDMX, Hazael Ruíz Ortega, sin cuyo concurso, aliento y apoyo decidido hubiera sido imposible elaborar los indicadores que hoy se presentan. Este es un ejercicio inédito y pionero en cuanto a sistemas penitenciarios en el país y permitirán conocer el estado y nivel de cumplimiento de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

Las condiciones en que viven las personas privadas de libertad (PPL) en México han sido objeto de múltiples diagnósticos para llamar la atención sobre la corrupción, el hacinamiento, la tortura, el abuso de drogas, el auto gobierno y el resto de atropellos que ocurren tras los muros de las prisiones. Tan solo este año tuvimos conocimiento de varios motines con saldos fatales en Nuevo León, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas y recientemente en el Estado de México. Aunque se acusa a los propios internos de ocasionar los disturbios, son finalmente las autoridades quienes tienen la responsabilidad de lo que ocurre en los sitios que están bajo su custodia.

Los diagnósticos realizados previamente por los organismos públicos de derechos humanos para documentar la vida dentro de las prisiones mexicanas, como los elaborados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por citar algunos, han sido corroborados este año por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) al publicar la Primera Encuesta Nacional de la Población Privada de Libertad (julio 2017). Aunque los datos publicados se refieren a nivel nacional, se rescatan algunas cifras sobre la situación en que viven las más de 40 mil personas privadas de su libertad en la Ciudad de México:

• 56% de la población privada de la libertad fue víctima de actos de corrupción en al menos una de las etapas relacionadas con su reclusión.
• Los custodios son las primeras autoridades señaladas en estos actos de corrupción, pero aún es necesario desentrañar hasta dónde llega esta red de complicidades.
• Un promedio del 43% de los internos en la Ciudad de México ha sido víctima de alguna conducta ilegal al interior del reclusorio, ya sea robo, lesiones, extorsión o amenazas.

Lo que está en juego en materia de derechos de las personas privadas de libertad es la vigencia del principio de humanidad, la dignidad como límite básico a ser respetado por todo Estado Democrático.

Juan Méndez, ex Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes, con ocasión de su visita a México a mediados del 2014 recomendó, entre otras medidas, adoptar una Ley para prevenir la tortura y garantizar el monitoreo judicial durante la ejecución de la pena. Estas dos recomendaciones han sido atendidas por el Estado Mexicano al aprobar la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sumadas estas iniciativas a las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal, podría decirse que se ha establecido un sólido piso legislativo para mejorar la vida en prisión.

Sin embargo, desde una perspectiva de derechos humanos, el análisis no debe limitarse a los instrumentos legales que indudablemente son herramientas esenciales y estructurales, sino que debe dirigirse, principalmente, al modo en que estos instrumentos se traducen en la realidad cotidiana de las personas privadas de su libertad en la Ciudad de México.

Por ello, contar con un sistema de Indicadores que permitan dar cuenta del nivel de cumplimiento de los derechos de las personas privadas de la libertad como el que ahora se presenta por la Secretaría de Gobierno, da muestras de un gobierno pionero a nivel mundial en la aplicación del marco metodológico de indicadores de derechos humanos establecidos por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En ese marco, mediando un constructivo espíritu de cooperación entre la Oficina que represento y el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Gobierno y la Sub Secretaría del Sistema Penitenciario se ha logrado la elaboración de una serie de indicadores para medir la vigencia de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en los Centros Penitenciarios de esta ciudad.

Con esta publicación se concreta la primera etapa del proceso, consistente en el desarrollo de la propuesta metodológica y la redacción de los indicadores cuantitativos. En la segunda fase, definida para el 2018, los datos recabados conforme a estos indicadores habrán de ser presentados púbicamente y, en una tercera fase, se desplegarán los indicadores cualitativos.

Nuestra tarea, como Oficina de país, es brindar luz a grupos de la sociedad que generalmente han sido relegados del debate público, donde se perpetúa la impunidad o la inequidad social. Confío que los indicadores que ahora se presentan ayudarán a evaluar el cumplimiento de la legislación nacional que reconoce a las personas privadas de libertad como plenos sujetos de derechos; contribuirá a la rendición de cuentas por parte de las autoridades responsables, y también orientarán las políticas públicas necesarias para atender los desafíos pendientes en la materia.

Como Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos seguiremos apoyando y brindado asesoría técnica a toda iniciativa que erradique el concepto de la pena de prisión como un lugar de venganza social y, por el contrario, nos sumamos a las acciones para construir lugares de internamiento que proporcionen herramientas útiles para la reinserción social, acorde a un Estado Democrático. Confío que la herramienta que hoy se presenta contribuya a este fin último.

Muchas gracias.

* La presentación de los Indicadores de Derechos Humanos de las Personas Privadas de su Libertad en el Sistema Penitenciario de la CDMX se llevó a cabo en el marco de la Segunda Sesión de Trabajo de la Comisión Intersecretarial de Reinserción Social de los Centros Penitenciarios y de Servicios Post-penales de la Ciudad de México, el 10 de noviembre de 2017.