Palabras de Jan Jarab para la presentación del Informe “La Infancia Cuenta en México 2017” de la REDIM

Cuando uno es el octavo ponente en un evento – además, después de siete ponencias excelentes – hay siempre un riesgo y una tentación. El riesgo es de repetir lo que ya han dicho los demás. La tentación es de salir del texto preparado y entrar en el modo de reflexión sobre los temas mencionados por los otros ponentes. Además, se trata de un informe que nos invita, a todos, a reflexionar. Entonces permítanme, por favor, empezar con la reflexión sobre los desafíos que enfrentamos.

La buena noticia es que México tiene actores tan comprometidos y con tanta profesionalidad como la Red por los Derechos de la Infancia en México – REDIM. También es muy positivo que este Informe nos ofrece datos, indicadores de derechos humanos, que pueden ser muy útiles para la construcción de políticas públicas. Como ustedes saben, nuestra Oficina ha impulsado el desarrollo y utilización de los indicadores de derechos humanos, y nos alegra mucho que REDIM les está desarrollando de manera sistemática.

La mala noticia es que los datos ofrecidos por REDIM nos muestran otra realidad que es muy distinta de los datos macro-económicos optimistas presentados tantas veces por las autoridades. Son datos que demuestran que las niñas, niños y adolescentes también son parte de los grandes desafíos de los derechos humanos en México – que enfrentan las graves violaciones como la desaparición de personas, el desplazamiento forzado, etc.

Sabemos que México, como país, se ha comprometido a tomar todas las medidas legislativas y administrativas necesarias para garantizar los derechos de la infancia – derechos universales e inalienables que todo el mundo prometió proteger en 1989 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. Este compromiso tiene implicaciones políticas, económicas y sociales y, por consiguiente, debe verse reflejado en la asignación de los recursos financieros del país, tanto a nivel federal como estatal. Por ello, tal como lo reconoce la Constitución mexicana, todas las decisiones del gobierno que afecten a la infancia deben velar por el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Pero la realidad, como muestra este informe, sigue siendo muy distinta.

¿Cómo es posible que los derechos del niño permanecen tan amenazados y muchas veces olvidados – y no sólo en México – cuando la Convención sobre los Derechos del Niño es la convención más ratificada de todos los instrumentos internacionales…? Cuando se dice, frecuentemente, que los derechos del niño son los más “populares” en todo el espectro de los Derechos Humanos ¿Cómo explicar esta aparente contradicción?

La respuesta, en mi opinión, es que los derechos del niño gozan de la “popularidad” entre las clases políticas – en varios países – sólo cuando todo se mantiene superficial, retórico. Sí, los niños son buenos para tomarse unas fotografías. Ya cuando entramos en el tema doloroso de las graves violaciones de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes – la desaparición, el abuso sexual, los niños en el sistema de justicia juvenil etc., – el asunto empieza a cambiar.

Y sobre todo, es mucho menos “popular” contemplar el cambio de paradigma que la Convención trae: que los derechos del niño son verdaderamente los Derechos Humanos; que los niños son titulares de derechos, que no son objetos, no son propiedad de nadie; que sus derechos son igualmente importantes que los derechos de los adultos y que además necesitan protección específica. En esta dimensión, tenemos que reconocer que también nosotros, en la Oficina del Alto Comisionado, tenemos una deuda; nosotros también somos muchas veces demasiado “adultocéntricos”.

Tanto en México como en todo el mundo, los más básicos derechos de millones de población infante se violentan cada día. Por ejemplo, este Informe describe las cifras de muertes violentas, desapariciones, feminicidios y los actos de violencia contra niños, en particular en el contexto de migración, en tránsito por el país. Como sabemos, las niñas, niños y adolescentes no acompañados enfrentan riesgos particularmente graves, pero también nos importan los niños migrantes acompañados: ellos tampoco deben ser percibidos sólo como propiedad de sus padres.

El Informe también resalta la violencia ejercida en los centros de cuidado. Es un contexto donde sin duda ocurren muchos abusos, no sólo en el caso de Guanajuato que mencionó Juan Martín Pérez en su ponencia. Y es sumamente grave, preocupante, lo que también destacó Juan Martín – que los jueces están mal interpretando el interés superior de niñas, niños y adolescentes, considerando la pobreza de las familias como razón para meterles en cuidados institucionales. Hay que superar esta lógica “dickensiana”, ¡del siglo XIX! Si esto ocurre, resulta contrario a lo que dicen las Líneas Directrices sobre Cuidados Alternativos de Niños de 2009: la pobreza y las condiciones imputables a ella no deben ser considerados como argumentos para la separación del niño de sus padres biológicos. Y cuando la separación sí es necesaria, por ejemplo en casos de abuso, se deben ofrecer con preferencia los cuidados alternativos de tipo familiar, no institucional.

De hecho, es un tema que vamos a abordar en un evento sobre personas con discapacidad y su derecho de ser incluidas en la sociedad – Articulo 19 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad – que estamos co-organizando con la CNDH y la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, el día 13 y 14 de diciembre.

También no podemos olvidar a los niños, niñas y adolescentes indígenas que enfrentan altísimos niveles de pobreza, como lo advirtió en su reciente visita al país la Relatora especial para los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.

Ya mencioné que en 2015, México presentó ante el Comité de los Derechos del Niño su informe periódico – el cuarto y quinto informe consolidado – acerca de la situación de la niñez en el país y el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. El Comité examinó las medidas y acciones que se realizan en este país y, en respuesta, emitió sus recomendaciones. Todas son muy importantes, pero en el tema que hoy se aborda, vale la pena resaltar algunas de manera específica:

• Revisar la legislación federal y estatal para evitar que la infancia sea objeto de violencia, en especial de explotación y abusos sexuales.
• Asegurar que el castigo corporal en todos los escenarios sea explícitamente prohibido a nivel federal y estatal.
• Intensificar los esfuerzos para prevenir asesinatos, secuestros, desapariciones, violencia sexual, explotación y abuso de niñas, niños y adolescentes migrantes, e investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables, inclusive cuando el autor es un agente del Estado.
• La necesidad de facilitar a niñas, niños y adolescentes mecanismos amigables de denuncia de actos discriminatorios en los establecimientos educativos, centros de salud, de detención juvenil, instituciones de cuidado alternativo, entre otros.

En ese sentido, el Informe que hoy se presenta, propone una serie de criterios sustentados por recomendaciones internacionales emitidas a México, sobre cómo garantizar el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes.

La REDIM es un actor fundamental y ejemplo de la creativa utilización de los recursos y mecanismos nacionales e internacionales, tanto políticos como jurídicos para lograr la protección de los derechos de la infancia en México. El Informe “La Infancia Cuenta en México 2017”, que aquí se presenta es un fiel reflejo de esa afirmación y constituye una herramienta fundamental para especificar las dimensiones de los desafíos en el acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes y diseñar o modificar las políticas públicas existentes. Confío en que las autoridades respectivas analizarán con detalle los datos, casos y recomendaciones propuestas, a fin de implementar una política nacional de prevención de la violencia, nutrir los mecanismos de protección y atención para la población infante en el país. En este contexto, también me uno al llamado hecho por Juan Martín, sobre la necesidad de salir del modelo represivo de la política de seguridad que ha producido resultados muy tristes.

Hoy por hoy, México cuenta con una herramienta legal muy avanzada, la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, conseguido con el gran aporte de nuestros colegas de UNICEF – y contamos con un gran aliado, Ricardo Bucio del Sistema Integral de Protección. Se necesitan también otras mejoras legislativas, como por ejemplo la mencionada armonización de la ley de migración con la ley de protección de niños. Pero sobre todo se necesita la verdadera implementación de todas estas herramientas. En este contexto, quiero reiterar el compromiso de nuestra Oficina de seguir trabajando con ustedes en los esfuerzos de fortalecer la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en México.

Muchas gracias por su atención.