Palabras de Jan Jarab, Representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, durante la Segunda Cumbre Iberoamericana “Migración y derechos humanos – una nueva mirada”

Como representante de la Oficina aquí en México me alegra mucho que nuestra cooperación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos es cada vez más estrecha; que estamos desarrollando una verdadera sinergia y complementariedad para enfrentar los grandes retos en el ámbito de derechos humanos. Quiero entonces utilizar esta oportunidad para agradecer el Presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, también por toda su cooperación y apoyo.

Como lo ha reiterado varias veces nuestro Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al-Hussein, el tema de derechos humanos de los migrantes se está convirtiendo cada vez más en uno de los temas centrales de nuestra época. Por un lado, en varios países de destino para personas migrantes hay una preocupante tendencia de estigmatizar a los migrantes, de instrumentalizarles como chivo expiatorios cuando las condiciones socioeconómicas dejan a una gran parte del electorado decepcionada y frustrada. Muchos Gobiernos de los países de destino – a veces bajo presión de políticos abiertamente xenófobos – han mostrado una tendencia a restringir cada vez más no solo el acceso al territorio, sino también el gozo de derechos económicos, sociales y culturales, y desarrollan políticas de privación de libertad y deportación, incluso de obstaculizar el acceso a justicia en delitos cometidos contra ellos.

En Europa hemos visto un endurecimiento de las políticas de la propia Unión Europea y la construcción de los muros fronterizos. Desde el inicio de este año, como también destacó el Alto Comisionado, estamos viviendo una atmosfera de creciente intolerancia, estigmatización y cambios concretos (muy preocupantes) de la política de Estados Unidos.

Cabría preguntarse cuál es la respuesta de los países que tradicionalmente se han identificado como países de origen o tránsito. En el nivel de discurso político, los países de América Latina – incluyendo a México – han mantenido mensajes positivos. Sin embargo, estamos aún lejos de cambiar las políticas de migración enfocadas en la seguridad nacional y el “manejo de flujos migratorios”.

En este contexto, nuestra Oficina considera no es suficiente combatir el discurso hostil a los migrantes con un discurso favorable a ellos. En la coyuntura actual necesitamos también repensar las políticas – ofrecer políticas alternativas, distintas.

Permítanme, por favor, reiterar la preocupación general de la Oficina del Alto Comisionado con las políticas enfocadas en la restricción de la migración y en la detención y deportación de los migrantes en situación irregular en forma de tres puntos claves:

• Primero, consideramos que las políticas deberían favorecer la regularidad y no la irregularidad. Los migrantes en situación irregular son (generalmente) personas que quisieran estar en situación regular, pero no lo han logrado. Las restricciones a la migración regular resultan en un incremento de la migración irregular: resulta, entonces, un efecto contraproducente para los derechos de estos migrantes y al mismo tiempo para los países de destino.
• Segundo, consideramos que las políticas de privación de libertad automática y la deportación sin debido proceso constituyen en sí mismo violaciones de derechos humanos. La entrada o permanencia irregular en el territorio de un Estado puede ser una infracción administrativa, pero no debería ser definida como delito penal; entonces la privación de libertad debería ser la última opción, y no la primera. Además, estas políticas aumentan el riesgo de violaciones graves y de pérdida de vidas: para evitar ser detenidos y deportados, los migrantes escogen caminos cada vez más peligrosos, y mueren ahogados en el mar (en Europa) o son víctimas de extorsiones, secuestros, son sometidos a trabajo forzado o son asesinados por la delincuencia organizada, como hemos visto aquí en México, desde la masacre de Cadereyta hasta las fosas que se encuentran en el trayecto de la infame “Bestia”.
• Tercero, las políticas con este doble enfoque restrictivo – de restringir la migración y regresar los migrantes no documentados que han llegado – son habitualmente poco sensibles a los derechos de los grupos vulnerables: las mujeres, los niños, las personas LGBTI. Como defensores de derechos humanos tenemos que insistir que, por ejemplo, en el caso de niñas y niños, acompañados y no acompañados, el hecho que tienen derechos reconocidos y protegidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, el interés superior del niño como es definido en su artículo 3, debe ser más importante que el estatus migratorio de ellos o de sus padres. En este contexto, cabe destacar que varios mecanismos internacionales de derechos humanos – no solo los específicos para los derechos de los migrantes, como el Comité para los Derechos de los Trabajadores Migrantes o el Relator Especial para los Derechos de los Migrantes, sino también los otros, como por ejemplo el Comité para los Derechos del Niño – han formulado muchas recomendaciones muy importante a los Estados miembros para mejorar la situación de estos grupos vulnerables.

Finalmente, garantizar acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, a los migrantes en situación irregular es clave. México es sólo uno de los países del mundo actual que, aunque sigue siendo un país de origen, de tránsito y retorno, se está convirtiendo también en país de destino: entonces hay que preparar las políticas públicas para este cambio.

En ese sentido, hay que establecer que los servidores públicos desde los servicios de la salud y educación hasta los policías ordinarios, no estén obligados, o mismo no deben, reportar a los migrantes en situación irregular a los servicios de inmigración, en atención a lo que el Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos de las Personas Migrantes, François Crépeau, ha llamado el principio “firewall”.

¿Por qué? Porque hay que garantizar que todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, tengan acceso a los servicios de salud, y no se mueran en la calle; porque hay que garantizar que los niños y niñas, cualquier que sea el status migratorio de sus padres, tengan acceso a la educación; y porque es preferible, incluso desde la perspectiva de la seguridad, que los migrantes en situación irregular cooperan con la policía y reportan los crímenes de los cuales son víctimas o testigos, sin miedo a ser detenidos y deportados.

Es así como funcionan varias “ciudades santuarios” en los Estados Unidos – pero también hay países enteros donde estas reglas se han establecido. Un ejemplo particularmente positivo a nivel nacional es el caso de Portugal, – y me alegra mucho que puedo elogiar el ejemplo de Portugal en la presencia del ombudsman portugués, Profesor José de Faria Costa, en su rol del Presidente de la Federación Iberoamericana: el ejemplo de Portugal muestra que no solo un país del norte de Europa, sino un país del Sur, puede desarrollar los modelos más avanzados de inclusión.

En más de una década, el modelo portugués de centros nacionales de apoyo al migrante ha sido avalado por el Índice Independiente de Políticas Migratorias (MIPEX) como el segundo en Europa, solo después de Suecia. El modelo portugués es un buen ejemplo de servicios integrados para los migrantes donde hay representantes de las principales dependencias del gobierno en un mismo edificio junto con las ONGs, y ambos ofrecen asesoría en varios asuntos a todos los migrantes, independientemente de si son regulares o irregulares.

Señoras y señores,

Para concluir, les deseo una cumbre muy inspiradora y reitero la disposición de la Oficina del Alto Comisionado a seguir cooperando con Ustedes para lograr, en todos los países y regiones donde estamos actuando, un verdadero cambio de perspectiva, para la adopción e implementación de políticas migratorias basadas en los derechos humanos.

Gracias por su atención.

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