Palabras de Jesús Peña, Representante Adjunto en México de la ONU-DH, con ocasión de la disculpa pública por parte del Estado mexicano a Lydia Cacho

Para la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es un honor poder compartir este espacio con Lydia Cacho, sus representantes, y las distintas autoridades presentes. Es un momento de gran importancia en el recorrido de México para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Lydia Cacho Ribeiro, periodista y defensora de derechos humanos, fue criminalizada, detenida arbitrariamente y torturada en 2005, tras haber publicado los resultados de una investigación que expuso una compleja red de explotación sexual infantil, principalmente de niñas, así como a los poderosos actores que la componían y protegían.

Como represalia por su importante labor, fue detenida por un amplio contingente que incluía tanto efectivos de las policías de los estados de Puebla y Quintana Roo, como agentes privados de José Kamel Nacif Borge, empresario señalado en la investigación de la autora. No le fue exhibida una orden de aprehensión al momento de la detención y durante el tiempo en que estuvo privada de la libertad fue víctima de reiteradas agresiones sexuales, y amenazas de muerte. En el proceso de criminalización habrían estado involucrados numerosos funcionarios públicos, de diferentes poderes.

Lydia Cacho presentó varias denuncias y recursos judiciales por las violaciones sufridas, sin que se diera una investigación y sanción de las personas responsables en un plazo razonable (algunas desde 2006, sin que haya avances en las investigaciones 12 años después, aun cuando fue uno de los primeros casos que conoció la FEADLE, entonces FEADP – Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas).

Ante la falta de investigación y sanción efectivas a los perpetradores por parte del aparato de justicia mexicano, Lydia Cacho tuvo que recurrir al Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, órgano que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El día 17 de julio de 2018, el Comité de Derechos Humanos aprobó un dictamen que declaró al Estado mexicano responsable de varias violaciones de derechos humanos en contra de Lydia Cacho, particularmente a su libertad e integridad personal, a su derecho a la libertad de expresión, el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres y el derecho al acceso a recursos efectivos ante las violaciones de derechos humanos, determinando por tanto que se vulneraron los artículos 2, 3, 7, 9 y 19 del Pacto.

El presente caso es el primer dictamen del Comité en el que declara al Estado mexicano responsable de una violación de derechos humanos y otorga a las autoridades mexicanas 180 días para informar sobre las medidas que haya adoptado para implementarlo, los cuales se agotan en breve. Las medidas que el Comité estableció son:

1. Realizar una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos denunciados por Lydia Cacho;
2. Procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a las personas halladas responsables de las violaciones cometidas;
3. Ofrecer una compensación adecuada a la víctima;
   Adoptar las medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, garantizando que todos los periodistas y personas defensoras de derechos humanos
4. puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión en sus actividades, incluida la despenalización de los delitos de difamación y calumnia en todos los estados de la Federación.

Este caso es muy relevante porque ilustra de manera evidente como diferentes poderes se articulan para evitar que, por un lado, personas defensoras de derechos humanos y periodistas puedan ejercer su libertad de expresión y, por otro, impedir que la ciudadanía conozca de situaciones de gran interés público. Una de las preguntas que deberíamos hacernos sería ¿Cuántas personas sabríamos algo sobre las tramas de explotación sexual de niñas y niños en Quintana Roo sin el trabajo de Lydia Cacho?

Adicionalmente, el Comité subrayó como este caso también nos recuerda “el patrón de violencia sexual contra las mujeres detenidas en el Estado parte y la impunidad prevaleciente para este tipo de violaciones”. Además de recordar que “[l]a libertad de opinión y la libertad de expresión son […] fundamentales para toda sociedad y constituyen la piedra angular de todas las sociedades libres y democráticas”.

No podemos olvidar que se trata de hechos violatorios del año 2005 y que representan la realidad de un ambiente inseguro para quienes ejercen los derechos de defensa de los derechos humanos y libertad de expresión. A trece años de los hechos, persisten varios retos en estas materias, como evidenciaron los informes presentados en 2018 por el Sr. Michel Forst, Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, y el Sr. David Kaye, Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, tras sus misiones oficiales a México realizadas en 2017.

El cumplimiento del dictamen del Comité, obligatorio en todos sus términos para el Estado Mexicano, es así una oportunidad para que el nuevo gobierno federal concretice de manera contundente su compromiso con la justicia y los derechos humanos, especialmente el derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión. Esta disculpa pública, elemento imprescindible en el reconocimiento a la labor de Lydia Cacho y a su calidad de víctima, es un primer paso muy importante en ese sentido y envía el mensaje que el Estado mexicano no tolerará las agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Para que nunca más en México alguien tenga que sufrir lo que Lydia sufrió.

Muchas gracias por permitir a la ONU-DH acompañar este proceso histórico.

Gracias por su atención.

Secretaría de Gobernación, 10 de enero de 2019