Palabras de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante la ceremonia de firma del acuerdo con la SRE para brindar asesoría y asistencia técnica en el caso Ayotzinapa

• Lic. Marcelo Luis Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores
• Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación
• Lic. Martha Delgado, Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos
• Muy especialmente, madres, padres, familiares y personas defensoras que acompañan a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Tengan todas y todos ustedes muy buenos días.

Me es grato participar el día de hoy en la firma del Acuerdo para la asesoría y asistencia técnica que mi Oficina en México brindará en el caso Ayotzinapa. Este es un caso paradigmático que muestra la gravedad de las desapariciones en México y los retos que enfrenta su sistema para atender las violaciones a los derechos humanos.

Celebro y reconozco la voluntad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para iniciar una nueva etapa en el caso Ayotzinapa, que permita superar los cuestionamientos formulados por distintas instancias nacionales e internacionales a la investigación realizada por la extinta Procuraduría General de la República. El objetivo será alcanzar la verdad y la justicia sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y de otros crímenes perpetrados en la noche del 26 al 27 septiembre 2014 en Iguala, Guerrero.

Asimismo, felicito al nuevo Gobierno por la apertura y compromiso a colaborar, en el esclarecimiento del caso, con organismos internacionales de derechos humanos, en particular, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Destaco también la disponibilidad mostrada por todas las instituciones que integran la Comisión Presidencial para alcanzar el presente Acuerdo, especialmente a su titular, el Subsecretario Alejandro Encinas.

Llegar a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en cumplimiento de los estándares internacionales en el caso Ayotzinapa es una obligación del Estado mexicano. A la vez, es una oportunidad para potenciar cambios de fondo en el sistema judicial que permitan alcanzar el anhelo de justicia de quienes han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos y saldar la deuda histórica que existe con las víctimas de la violencia.

Confiamos en la implementación de las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo las del Informe de mi Oficina, “Doble Injusticia”. Prácticas como tortura, malos tratos y actos de obstrucción de la justicia no tienen cabida en un Estado comprometido con los derechos humanos. Y ese mismo estándar es el que debe regir el caso Ayotzinapa: el pleno respeto a los derechos humanos.

Según cifras oficiales, hay más de 40 mil personas cuyo paradero se desconoce. Este hecho es un llamado a todas las autoridades a asumir la búsqueda de las personas desaparecidas como una prioridad ineludible. Los efectos de la desaparición de un ser querido perduran hasta que se esclarece su suerte o paradero, se haga justicia, prolongando y amplificando el sufrimiento que se causa a familiares y personas allegadas, y afecta a toda la sociedad e impide la democracia. Nadie debe ser sometido por más tiempo a este calvario.

En esta nueva etapa del caso, mi Oficina, a través de su Representación en México, será una aliada que no dudará en contribuir para que se den avances, reconocer cuando se logren los compromisos con las familias, así como alertar de cualquier incumplimiento.

Deseo expresar mi reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil, particularmente al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, al Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, a la organización Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ) y al Centro de Análisis e Investigación FUNDAR, quienes desde diferentes ámbitos han acompañado a las familias de los estudiantes desaparecidos.

De manera muy especial, quiero expresar nuevamente a las familias – con algunas de las cuales tuve la oportunidad de conversar – que cuentan con todo mi apoyo y el de mi Oficina, y que nos solidarizamos con su lucha y exigencias. Les reitero mi más afectuoso reconocimiento a su dignidad, su valentía y entereza.

Finalmente, valoro la voluntad del gobierno mexicano a colaborar con mi oficina para que las legítimas exigencias de las víctimas y sus familias se traduzcan en acciones concretas de búsqueda, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Sólo de esta forma, podremos decir Nunca Más, Nunca Más.