Participación de Guillermo Fernández-Maldonado en el Diálogo de personas expertas sobre migración y asilo en Tlaxcala

Buenos días, muchas gracias al Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, al Congreso del Estado de Tlaxcala y al Centro de atención a la familia migrante e indígena por la invitación para participar en este importante espacio de reflexión. Siempre es grato colaborar con ustedes y les agradezco por su trabajo y contribución a la protección de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad.

El evento de hoy aborda un tema de suma importancia, el acceso a todos los derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional del estado de Tlaxcala y sus familias. Como saben, México es históricamente un país de origen, tránsito y destino de personas migrantes y solicitantes de asilo o reconocimiento de la condición de refugiado. En 2020 el flujo de México a Estados Unidos fue el principal corredor migratorio del mundo y representó el 3,9% de la migración global. La migración sigue siendo multicausal y una opción vital para miles de personas de la región y fuera de ella.

Si bien la migración es una experiencia positiva y fortalecedora para muchos, es cada vez más evidente que la falta de gobernanza de la migración, basada en los derechos humanos a nivel mundial y nacional, está llevando a la violación rutinaria de derechos de los migrantes en tránsito, en las fronteras internacionales y en los países a los que emigran.

Los migrantes en situación irregular tienden a ser desproporcionadamente vulnerables a la discriminación, la explotación y la marginación, a menudo viven y trabajan en la sombra, tienen miedo de plantear quejas justas y se les niegan sus derechos humanos y libertades fundamentales.

Su situación de vulnerabilidad pueden surgir por diversos factores situacionales y personales, que coexisten y exacerban entre sí, que cambian en función de las circunstancias. Puede ser consecuencia de las situaciones que los obligan a abandonar su país de origen, de las circunstancias en las que viajan o las condiciones que enfrentan a su llegada, o por características como su edad, identidad de género, raza, discapacidad o estado de salud.

Entre las violaciones de derechos humanos que padecen está la denegación de derechos civiles y políticos, como la detención arbitraria, tortura o ausencia del debido proceso judicial, pero también de derechos económicos, sociales y culturales, como los derechos a la salud, la vivienda o la educación. La denegación de estos derechos suele estar estrechamente vinculada a leyes discriminatorias y prejuicios y actitudes xenófobas muy arraigados.

Se trata de derechos humanos inalienables en el derecho internacional, pero su incorporación a la legislación y políticas nacionales se ve limitada por la normatividad discriminatoria mencionada, las políticas y prácticas existentes, y las actitudes públicas y gubernamentales, a menudo están condicionadas por los objetivos políticos a corto plazo.

Hoy, el endurecimiento de las políticas migratorias, con un mayor enfoque en la seguridad nacional, ha tenido importantes impactos en los derechos humanos. Las medidas de contención y la falta de canales para la migración regular y segura han llevado a personas migrantes y sujetas de protección internacional a buscar rutas más peligrosas, usualmente bajo control del crimen organizado.

Como ya se ha venido tratando en estos espacios de reflexión, las personas migrantes son víctimas de violencia y distintos delitos, como asesinatos, extorsión, secuestros y violencia sexual, por parte de grupos criminales e incluso con la participación o aquiescencia de autoridades. Nuestra oficina ha conocido de múltiples abusos contra mujeres, niñas y hombres migrantes, así como de la presencia de redes de tráfico de personas en las rutas migratorias. En este sentido, las personas migrantes están expuestas a riesgos en las formas de traslado a lo largo de las rutas que impactan en su integridad personal. Baste recordar que, en diciembre 2021, 56 personas migrantes, incluso NNA, principalmente de origen guatemalteco, perdieron la vida y otras 107 resultaron heridas, en un accidente vehicular en la ruta migratoria en Chiapas.

De otro lado, la falta de datos desagregados, por ejemplo, por género, edad o estatus migratorio, sobre los delitos, abusos y la violencia que enfrentan las personas migrantes, impide conocer y abordar el fenómeno de la violencia durante el ciclo migratorio y su impacto en los derechos humanos.

Los Estados deben establecer medidas legislativas y de política pública para garantizar que las víctimas de delitos y violaciones de los derechos humanos accedan a la justicia, puedan denunciar los abusos, interponer recursos y obtener reparaciones integrales independientemente de su situación migratoria. Por ello, se deben redoblar los esfuerzos para investigar y sancionar, a través del reforzamiento de las instancias de procuración e impartición de justicia, tanto en cuanto a recursos humanos y financieros, como en capacidades técnicas que permitan realizar investigaciones tomando en cuenta los derechos y necesidades de las personas migrantes, incluso su situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, facilitar que las victimas puedan rendir sus declaraciones de forma anticipada, sin obligarles a permanecen en un país o estado determinado debido al proceso judicial.

Las personas supervivientes de actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y todo tipo de violencia, incluidas las víctimas de violencia sexual y de género, deben poder acceder a los servicios médicos y psicosociales adecuados y competentes, que eviten cualquier revictimización, así como acceder a justicia y servicios sin temor a ser detenidos o deportados.  Para ello es crucial una clara separación entre justicia, servicios esenciales y la aplicación de la ley de migración, mediante el establecimiento de barreras cortafuegos (firewalls) entre el control migratorio y la provisión de servicios.

¡Muchas gracias!