Participación de Guillermo Fernández-Maldonado en el Foro “Hacia la construcción de una política pública integral de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas”

Para la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es un honor estar con ustedes hoy. Agradezco a Artículo 19, a Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), a la Casa Migrante de Saltillo, al Espacio OSC y a Brigadas Internacionales de Paz (PBI), por la invitación para participar en este foro sobre la construcción de una política pública integral de protección, convocatoria oportuna que atiende las demandas del momento actual.

Desde la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos siempre saludaremos estos esfuerzos de sociedad civil por su aporte constructivo para identificar y superar las carencias que puedan existir en el desempeño de la función pública, más allá del compromiso de quienes ejercen los cargos públicos. Los datos oficiales sobre agresiones contra personas defensoras de los derechos humanos y periodistas en los últimos años, incluso en los últimos meses, hace no sólo pertinente sino urgente un amplio y plural diálogo sobre la oportunidad y contenido de una política integral de protección.

En el transcurso del presente año, la ONU-DH ha documentado el asesinato de nueve periodistas y un trabajador de los medios, en los que las agresiones pudieron derivar o estar relacionadas con la actividad periodística. El asesinato, sin lugar a dudas es la agresión más visible e impactante, pero existen otras muchas agresiones y amenazas menos públicas, pero que generan un efecto inhibidor e impiden a las personas defensoras hacer su trabajo o a las personas periodistas seguir reportando.

A casi diez años de la creación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, podemos afirmar que sin duda ha salvado vidas, pero también que es una herramienta que, de forma aislada, tiene claras limitaciones si se espera que logre prevenir nuevos ataques. Prevenir la reiteración de las agresiones exige un cambio de paradigma. Requiere transitar de un modelo de otorgamiento de medidas de protección a una política que disponga de herramientas más integrales, capaces  de abordar de manera sostenible – en voluntad política, capacidad técnica, recursos humanos y financieros, y mecanismos de seguimiento las causas que favorecen las agresiones y la impunidad que suele prevalecer en estos casos. Se requieren medidas que puedan generar un cambio de condiciones reales y que vengan aparejadas de mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas.

En este sentido, una política integral de protección como la que hoy deseamos abordar puede y debe beneficiarse de experiencias pasadas, como fue la adopción por parte del Estado de Chihuahua de un plan de contingencia para las personas defensoras y periodistas, que puso énfasis en la prevención de futuras violaciones a derechos humanos y no solo su abordaje ex post.

Las medidas preventivas son aquellas que tienen el mayor efecto multiplicador y el más duradero por su naturaleza estructural, pero suelen ser complejas para construir por las múltiples dimensiones sociales, económicas y políticas que suelen figurar en el origen de ellas, además de requerir el concurso de los tres poderes del Estado y los tres niveles de gobierno.

En este sentido, consideramos que algunas medidas que pueden contribuir a generar un ambiente favorable al ejercicio de la defensa de los derechos humanos y libertad de expresión son:

1. El reconocimiento de la importancia de la labor de periodistas y defensores

La propia Alta Comisionada, el pasado 8 de marzo, en su discurso ante el Consejo de Derechos Humanos, expresó que “El libre ejercicio del periodismo es fundamental para toda democracia sana”, al mismo que señalaba que particularmente los reporteros que trabajan sobre política local, corrupción y crimen enfrentan riesgos de ataques. Frente a quienes han podido contribuir al clima de miedo en el que trabajan las y los periodistas al denigrar la relevancia del trabajo de investigación que realizan, enfatizó que “El trabajo legítimo de los periodistas merece fomento, protección y seguimiento, no censura y estigmatización”.

Omitir cualquier declaración que estigmatice, al tiempo que se realizan actos de reconocimiento a la labor de personas defensoras y periodistas, es una herramienta poderosa para demostrar la importancia que le da la sociedad a la labor de periodistas y defensores y ayuda a lograr entornos más seguros.

La Oficina del Alto Comisionado insiste, sobre todo, en la importancia del periodismo investigativo, independiente y crítico, porque es este tipo de periodismo el que contribuye a la defensa de los derechos humanos de todos nosotros, incluso de las categorías de titulares de derechos olvidadas, impopulares o estigmatizadas.

Sin el trabajo y la valentía de personas defensoras de derechos humanos y periodistas muchos casos de graves violaciones a los derechos humanos no se hubiesen conocido ni se hubiera hecho justicia. Esta labor debe ser reconocida como parte de una política permanente a través de:

• Pronunciamientos públicos que reconozcan la legitimidad y la importancia del trabajo desarrollado por las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
• Participación de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en eventos.
• Elaboración y difusión de información sobre personas defensoras de derechos humanos y periodistas, sobre su importancia para la vida social de un país a través de libros, folletos, boletines, información en medios electrónicos, columnas de opinión, participación en programas de televisión o radio, trabajos investigativos, cátedras universitarias…
• Condena de las amenazas y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
• Abstención de cuestionar la legitimidad de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas y rechazar cualquier declaración en este sentido, ya sea en el ámbito público o privado.
• Promoción de espacios de diálogo (foros, debates…) en torno a la situación de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
• Difusión de buenas prácticas de protección desarrolladas en otros países.
• Implementación de actividades de capacitación para periodistas, medios de comunicación, personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil.
• Entrega de premios, galardones u otro tipo de reconocimientos a personas defensoras de derechos humanos o periodistas.
• Impulso a actividades culturales que honran la legítima labor de personas defensoras o periodistas.
• Promoción de la participación y consulta con personas defensoras y periodistas sobre las medidas que les puedan afectar, ya sea directamente o a través de las organizaciones que les acompañan o representan.
• Incentivo a la regulación de la publicidad oficial y la despenalización de los delitos contra el honor (difamación, calumnia e injurias) a través de la oferta de asesoría técnica, compartir buenas prácticas u otras medidas.
• Reconocimiento como interlocutores válidos en temas relevantes a personas defensoras y periodistas, tratarles como tal y comunicarlo al conjunto de la sociedad.
• Dar seguimiento a las medidas adoptadas con el fin de reforzar que el respaldo a personas defensoras y periodistas es un compromiso permanente.

2. El empleo de una definición amplia de periodistas y defensores de derechos humanos

En ocasiones se ha promovido definiciones restrictivas de quien es considerado periodista o defensor, incluso requisitos de acreditación, labores de índole permanente, afiliación o títulos profesionales.

Según el Comité de Derechos Humanos periodistas son “una amplia variedad de personas, como analistas y reporteros profesionales y de dedicación exclusiva, autores de blogs y otros que publican por su propia cuenta en medios de prensa, en Internet o por otros medios”.

Esta misma definición, basada en criterios funcionales de su labor y sin entrar en definiciones de remuneración, afiliación o profesión es la que debe primar para defensores de derechos humanos.

3. La superación de la impunidad

No se puede exigir que el Mecanismo de Protección sea la única solución. Se necesita superar la vastísima impunidad de las agresiones (incluso de amenazas y agresiones menores que suelen preceder a los asesinatos). La impunidad es un claro incentivo para la repetición. La Investigación eficaz y la persecución del delito tiene efectos preventivos.

4. La visibilización del importante rol de las mujeres

Hay que reconocer los aportes que las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos hacen a la sociedad, así como develar los riesgos y agresiones a las cuales se enfrentan. Dejar su importante trabajo en la oscuridad las aísla, las pone en riesgo y las aleja del acceso a la justicia y la protección que necesitan para continuar su labor de periodistas y defensoras de derechos humanos.

Que las mujeres puedan ejercer el periodismo desde la igualdad, sin represalias ni estereotipos, significa democratizar los medios en el país. Que haya mujeres reportando la realidad mexicana es también asegurar su rol protagónico al contar las historias, en la toma de decisiones y en la existencia de medios genuinamente plurales. Todos los seres humanos somos iguales en dignidad y derechos, pero las mujeres tienen necesidades específicas que deben ser abordadas tanto en la protección como en la prevención.

5. La aceptación que corresponde un mayor escrutinio sobre funcionarios públicos y autoridades

Ayudar a entender y aceptar por parte de las autoridades que en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica del público porque sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. Este umbral no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realizan. El trabajo de las personas defensoras y periodistas, no debilita al Estado sino que contribuye a identificar las áreas que deben fortalecerse.

6. La responsabilidad de actores no estatales

No obstante que la responsabilidad primaria de protección y de debida diligencia en la investigación de agresiones recae en el Estado, actores no estatales como empresas también deben tomar medidas para contribuir con que periodistas y defensores puedan ejercer su labor libremente. Los propios medios tienen una responsabilidad en asegurar condiciones laborales dignas y adecuadas y medidas de protección para sus empleados.

Además, las empresas que trabajan en ámbitos donde hay afectación a los derechos humanos (tales como las industrias extractivas o de explotación de recursos naturales) deben abstenerse de estigmatizar, amenazar o coartar la libertad que requieren las personas defensoras para trabajar en dichos ámbitos.

7. El poner fin al acoso judicial

El método “tradicional” de acoso judicial o de criminalización del ejercicio de la libertad de expresión ha sido el uso de las leyes penales para disuadir el libre ejercicio de la libertad de expresión, pero también existe el acoso judicial en procesos civiles. En años recientes, hemos observado como periodistas que han publicado información incómoda sobre supuestos actos ilícitos o de corrupción atribuidos a autoridades o empresas, han sufrido represalias a través de demandas civiles. Con frecuencia se trata de demandas notoriamente improcedentes presentadas aún a sabiendas de que no van a prosperar, pero el objetivo es amedrentar e intimidar a la o el periodista.

En varios países ya existen leyes para contrarrestar el uso de demandas civiles como forma de coartar la libertad de expresión. Estas son las llamadas regulaciones anti-SLAPP (por la sigla en inglés de Litigación Estratégica Contra la Participación Pública / strategic lawsuit against public participation). Esta legislación permite desechar de forma temprana las demandas frívolas que buscan inhibir la libertad de expresión. En México, junto a la despenalización de los delitos contra el honor, la legislación anti-SLAPP está pendiente.

8. La regulación de la publicidad oficial

Uno de los principales retos para la libertad de expresión en México es la falta de regulación en torno a la publicidad oficial. Esta ausencia de regulación normativa fomenta prácticas de corrupción y censura o autocensura en los medios de comunicación. Es una forma de presión que actúa como premio o castigo que tiene por objeto condicionar la línea editorial según la voluntad de quien ejerce la presión.

Es imperativo regular la publicidad oficial, incluyendo los criterios para su asignación no discriminatoria y las obligaciones en cuanto al acceso a la información de ésta.

9. La regulación de la protección de whistleblowers (denunciantes de irregularidades / fuentes)

En cuestiones de interés público, ¿cómo se tiene conocimiento de información que permanece oculta? Esa información puede llegar a personas que no siendo periodistas y defensoras de derechos humanos tienen interés en divulgarla. Para esto deben existir plataformas de difusión y mecanismos de protección para estas personas.

En México actualmente no hay protección para estas personas ni una agencia que proteja a funcionarios públicos que denuncien malas prácticas dentro de la administración pública. Esta protección debe ser articulada con una legislación específica que proteja e incentive a las personas denunciantes, tanto en la administración pública como en el sector empresarial. Es así que la sociedad tendrá mayor rendición de cuentas, transparencia y participación social en asuntos de interés público.

10. El acceso a la información

Necesitamos fortalecer la transparencia, acceso a la información, a los archivos (no se debe proteger la identidad de perpetradores de graves violaciones de derechos humanos bajo el pretexto de protección de datos personales). Asimismo, es fundamental el registro de las agresiones y la difusión desagregada de dichas cifras a efectos de informar la adopción de las más adecuadas y eficientes medidas de protección.

A manera de conclusión

Los desafíos que presenta la coyuntura actual nos exige el desarrollo de una amplia política de protección. No podemos pensar sólo en términos tradicionales de protección individual, sino en una lógica más estructural y preventiva, con plena participación de las personas defensoras y periodistas.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos siempre estará disponible para brindar la asesoría que requiera el Estado mexicano para que se incorporen los más altos estándares internacionales en beneficio de la sociedad mexicana en su conjunto.

Para terminar, quisiera reiterar en nombre de ONU-DH la profunda admiración por la labor de todas las personas que ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos quienes, a pesar de los innumerables obstáculos y del elevado riesgo que enfrentan, diariamente investigan, informan, denuncian y exigen que la verdad sea conocida y que la justicia se imponga a la impunidad. Gracias por su gran contribución a la democracia, el estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos en México.

Muchas gracias por su atención.