Seminario de Fortalecimiento de Capacidades en el Marco del Proceso Legislativo de Reforma a la Ley de Migración | Intervención de Andrea Nomdedeu, Oficial de Derechos Humanos ONU-DH México

En el Pacto Global para la Migración, del cual México es un país campeón, los Estados reconocen su responsabilidad compartida como miembros de las Naciones Unidas para abordar las necesidades y preocupaciones de los demás en relación con la migración, así como su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todos los migrantes, sin importar su estatus migratorio. El enfoque de la migración basado en los derechos humanos coloca a los migrantes en el centro de todas las discusiones y programas relacionados con la migración, reconociéndolos como seres humanos con derechos inherentes. Este enfoque se guía por principios fundamentales como el empoderamiento, la participación, la inclusión y la rendición de cuentas. Al adoptar este enfoque, nos comprometemos a garantizar que todas las políticas y acciones migratorias sean coherentes con estos principios, asegurando que los derechos de todos los migrantes sean respetados, protegidos y promovidos en todas las etapas del proceso migratorio.

Alinear la legislación migratoria con los estándares internacionales de derechos humanos implica garantizar el respeto a principios fundamentales como la no discriminación, la dignidad humana, el acceso a la justicia y el principio del interés superior de la niñez, entre otros. Además, es de vital importancia abordar las situaciones específicas de vulnerabilidad que enfrentan las personas en movimiento, como mujeres, niños, niñas, personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas, y personas LGBTI+. Debemos asegurar su protección integral y garantizar que los mecanismos de asistencia y protección sean accesibles, efectivos y respetuosos de su dignidad. Un enfoque migratorio basado en los derechos humanos debe fomentar la inclusión social y económica de las personas en movilidad, reconociendo su contribución al desarrollo de nuestras sociedades y asegurando su acceso a servicios básicos, educación, empleo digno y vivienda adecuada.

La migración es un fenómeno global que requiere una respuesta coordinada y solidaria entre los distintos países. Es fundamental promover el diálogo y la cooperación para abordar las causas estructurales de la migración y garantizar una migración segura, ordenada y regular.

Promover un cambio positivo no solo implica armonizar la legislación nacional con los estándares internacionales de derechos humanos, sino también establecer mecanismos de supervisión y rendición de cuentas independientes. Esto se logra a través de mecanismos efectivos de monitoreo y sanciones apropiadas en caso de violaciones a los derechos humanos. En este sentido, se presenta una gran oportunidad para fomentar la participación activa de la sociedad civil en el diseño, implementación y evaluación de las políticas migratorias y adecuación de la Ley de Migración. La inclusión de actores de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones no solo enriquece las perspectivas, sino que también contribuye a un enfoque más respetuoso de los derechos humanos.

Sin embargo, en nuestra búsqueda por un cambio positivo, nos enfrentamos a desafíos significativos que debemos superar juntos. Uno de estos desafíos es asegurar que todas las personas migrantes tengan un acceso efectivo a los procedimientos de regularización, independientemente de su condición migratoria o situación socioeconómica. Esto implica eliminar barreras administrativas y garantizar que las personas en movimiento estén debidamente informadas sobre los requisitos y procedimientos correspondientes. Asimismo, es esencial asegurar que tengan acceso a asistencia legal y orientación adecuada para ejercer plenamente sus derechos. Solo así podremos garantizar la justicia y equidad en nuestros sistemas migratorios.

Otro tema crucial es el relacionado con la privación de la libertad de las personas migrantes. Como es de conocimiento general, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, la detención migratoria se permite como medida de último recurso y por el menor tiempo posible, siempre y cuando se ajuste a los principios de proporcionalidad, legalidad, necesidad y exista un control judicial efectivo. La legislación migratoria enfrenta un gran desafío en garantizar la protección de las personas migrantes frente a la detención arbitraria, especialmente debido al uso del término legal “alojamiento”. Esta terminología no solo invisibiliza su verdadera situación de privación de la libertad, sino que también impide, por ejemplo, su acceso al registro de personas en detención, lo cual constituye una garantía fundamental para prevenir casos de desaparición y tortura. Es de vital importancia poner fin a estos eufemismos y enfocarnos en el desarrollo de una política de alternativas a la detención. Las alternativas a la detención deben ser una parte integral de nuestro enfoque, garantizando que la detención sea considerada como una medida de último recurso. A lo largo del tiempo, se han recibido numerosas recomendaciones por parte de los Procedimientos Especiales y los Órganos de Tratado de las Naciones Unidas dirigidas a México en relación a este tema que continúan sin atenderse.

Por último, es fundamental abordar las condiciones de detención en las estaciones migratorias. Es imperativo garantizar que las personas migrantes sean tratadas con dignidad y respeto durante su periodo de detención. Esto implica asegurar condiciones de vida adecuadas, incluyendo acceso a servicios básicos como alimentación de calidad, suficiente y culturalmente adecuada, atención médica incluyendo atención psicológica y con enfoque de género, y agua y saneamiento. Además, es esencial que se respete el derecho al debido proceso de las personas en movilidad en las estaciones migratorias, como el acceso a la información, traducción o intérprete, el derecho a contar con asistencia legal y el acceso a la justicia. Las estaciones migratorias deben ser lugares seguros y humanos, donde se respeten los derechos fundamentales de las personas. Es responsabilidad de los Estados garantizar que las condiciones de detención cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos y que se implementen mecanismos efectivos de supervisión independiente para asegurar el cumplimiento de estas normas. Solo así podremos avanzar hacia un sistema migratorio que proteja y promueva los derechos de todas las personas en movilidad.

Sigamos adelante en este importante diálogo, con la convicción de que podemos construir un futuro más justo y respetuoso de los derechos humanos para todas las personas sin discriminación.

Finalmente, desde la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reiteramos nuestra disponibilidad para brindar la asesoría y cooperación técnicas que pudiera precisar el Poder Legislativo dentro del marco del más amplio respeto a los procedimientos parlamentarios

¡Muchas gracias!