Gracias, Lydia

Este es el caso de Lydia Cacho, valiente periodista y defensora de derechos humanos, detenida y torturada en 2005 por haberse atrevido a publicar información sobre una red de explotación sexual infantil, principalmente de niñas, y los poderosos que la protegían. Durante años Lydia exigió justicia en México infructuosamente y ante la falta de investigación efectiva, acudió hasta el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, órgano que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Lo que ocurrió en Ginebra es hacer historia en presente y lo que se haga para cumplir con la decisión del Comité podría hacer historia en el futuro. Se trata del primer dictamen del Comité en el que declara al Estado mexicano responsable de una violación de derechos humanos. El cumplimiento de estas decisiones es obligatorio en todos sus términos y no existe apelación posible.

El Comité constata que México violó varios derechos de Lydia: su libertad, integridad y libertad de expresión; la igualdad entre hombres y mujeres y el acceso a recursos efectivos ante las violaciones de derechos humanos. Ante ello, el Comité indicó que las autoridades mexicanas tienen la obligación de realizar una investigación imparcial, pronta y exhaustiva, procesar, juzgar y castigar a los responsables, ofrecer una reparación adecuada y adoptar medidas de no repetición.

Quiero subrayar además que Lydia fue perseguida y agredida también por ser mujer en un país donde la violencia sexual amenaza y alcanza constantemente a mujeres y niñas. Así, el Comité recordó “el patrón de violencia sexual contra las mujeres detenidas en el Estado parte y la impunidad prevaleciente para este tipo de violaciones”.

Además, las agresiones contra periodistas tienen una trascendencia social innegable, pues privan a la sociedad de información imprescindible para una sociedad democrática. En el caso de Lydia, ¿cuántas personas sabríamos algo sobre las tramas de explotación sexual de niñas y niños en Quintana Roo sin su trabajo?

El caso de Lydia es un ejemplo de cómo la lucha por la justicia y los derechos humanos va más allá del ámbito de la persona afectada y de cómo la reparación al daño trasciende también lo individual. Como parte de las garantías de no repetición el Comité resalta que se deben adoptar medidas para que las y los periodistas puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión. Para lograr esto, el Estado mexicano está obligado a despenalizar los delitos que atenten contra la libertad de expresión, tales como difamación y calumnia, aún vigentes en 10 estados de la República, u otros tipos penales que tienen el mismo efecto y que se deberían reformar en 24. Y es muy pertinente, tan sólo recientemente la Oficina que represento documentó el caso de un ciudadano que denunció la presunta complicidad de un poderoso empresario y autoridades y que, como Lydia, fue detenido, trasladado a otro estado y actualmente enfrenta un proceso judicial.

El Comité da al Estado 180 días para informar sobre las medidas que haya adoptado para implementar el dictamen. Este plazo representa una nueva oportunidad para que las autoridades adopten a la brevedad medidas efectivas en este caso. Sin embargo, la obligación de no repetición tendrá que influir de manera clara y contundente también en las políticas del gobierno que está por venir y en las autoridades estatales.

Para que nunca más en México alguien tenga que sufrir lo que Lydia sufrió.

El autor es Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.