ONU-DH condena el asesinato de Aranza Ramos en Sonora

Ciudad de México, 19 de julio de 2021.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena el asesinato de la señora Gladys Aranza Ramos Gurrola, ocurrido el pasado jueves, en Ortiz, Sonora.

“El asesinato de la señora Aranza Ramos nos recuerda la dura situación que enfrentan las familias de personas desaparecidas en México. No sólo padecen el dolor de la ausencia y la incertidumbre, sino que investigan y buscan a sus familiares desaparecidos, enfrentando riesgos que no deberían asumir”, señaló Guillermo Fernández-Maldonado, Representante de la ONU-DH en México. “Las personas desaparecidas nunca debieron faltarles a sus familias, pero tras su desaparición deben ser las instituciones del Estado las que lleven a cabo la búsqueda inmediata con el máximo de los recursos disponibles para localizar a la persona con vida. Cuando un Estado no logra cumplir con este deber, se coloca a las familias de personas desaparecidas en una situación de riesgo”, añadió.

La ONU-DH llama a las autoridades a investigar el asesinato de la señora Ramos de manera exhaustiva, que agote todas las líneas de investigación relevantes, inclusive la relación de este asesinato con su labor de búsqueda y garantizando la incorporación efectiva de la perspectiva de género en la investigación. Las autoridades deben también brindar atención integral a la familia de la señora Ramos, especialmente a su hija, incluyendo condiciones de seguridad.

“La sociedad y las instituciones mexicanas deben prestar especial atención a las severas consecuencias que la violencia tiene sobre las niñas y los niños. Niñas que, como la hija de Aranza, crecerán con la ausencia de su padre y madre, víctimas de desapariciones o asesinatos. Las autoridades deben actuar para proteger a estas niñas y niños frente a las graves consecuencias de una violencia que les ha convertido en víctimas antes de ser personas adultas”, aseveró el Representante.

La ONU-DH recuerda a las autoridades la obligación de garantizar la seguridad y protección de las víctimas que participan en los procesos de búsqueda de acuerdo al deber de protección del Estado y al principio 14 de los Principios Rectores de Búsqueda del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU que señala que “la búsqueda debe desarrollarse en condiciones seguras”. La vulnerabilidad que enfrentan las familias de personas desaparecidas que participan en las búsquedas debe llevar a adoptar medidas de carácter preventivo para que hechos como estos no se repitan.

De acuerdo con la información recibida por la ONU-DH, la señora Gladys Aranza Ramos Gurrola, que residía en la localidad de Ortiz, municipio de Guaymas (Sonora), buscaba a su esposo Brayan Omar Celaya Alvarado, desaparecido el 6 diciembre de 2020, y había expresado temor por su seguridad y la de su familia ante posibles represalias por su participación en acciones e búsqueda. La noche del 15 de julio fue privada de la libertad por personas armadas que llegaron a su domicilio, siendo posteriormente asesinada y su cuerpo sin vida abandonado. La señora Gladys Aranza Ramos Gurrola participaba activamente en el movimiento de familiares de personas desaparecidas, tanto en actividades de búsqueda como en la interlocución con autoridades.

Durante 2021, la ONU-DH ha documentado al menos ocho casos de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos donde la letal agresión podría ser una represalia por su legítima labor[1]. Ante ello, la ONU-DH exhorta a las autoridades a tomar medidas efectivas y oportunas para prevenir las agresiones en contra de las personas defensoras de derechos humanos y afrontar las causas subyacentes que los sitúan en riesgo.

Finalmente, la ONU-DH ofrece sus condolencias a la familia y personas allegadas de la señora Gladys Aranza Ramos Gurrola y reitera su compromiso de trabajar con los colectivos de personas desaparecidas y con las autoridades correspondientes para afrontar esta grave problemática.

Fin

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En 2021 la ONU-DH ha registrado los asesinatos de al menos ocho personas defensoras cuya muerte pudiera estar relacionada con el ejercicio de su actividad de defensa de los derechos humanos: Fidel Heras Cruz, el 23 de enero en Santiago Jamiltepec, Oaxaca; Jaime Jiménez Ruíz, el 28 de marzo, en Santiago Jamiltepec, Oaxaca; Jesús Robledo Cruz y María Jesús Gómez Vega, el 1 de mayo, en Puerto Peñasco, Sonora; Marco Antonio Arco Fuentes, el 21 de mayo, en Chilpancingo, Guerrero; Simón Pedro Pérez López, el 5 de julio en Simojovel, Chiapas; y Gladys Aranza Ramos Gurrola, el 15 de julio en Ortiz, Sonora. Además, en otro caso la ONU-DH recibió información sobre el asesinato de un defensor de personas migrantes, pero debido al contexto de los hechos no se ha hecho pública la información al respecto.