Experto de Naciones Unidas insta a Mexico a impulsar urgentemente acciones de justica ambiental en materia de sustancias tóxicas
Ciudad de México (20 de marzo de 2026) – México ha demostrado un liderazgo crucial a nivel internacional en cuestiones sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, pero debería abordar la brecha entre este liderazgo global y los retos que enfrenta el país a nivel interno.
“Es alentador ver que el Gobierno ha reconocido este desafío con el establecimiento de regiones de emergencia sanitaria y ambiental (RESA). Este reconocimiento debería conducir a políticas y acciones concretas para atender estas emergencias, incluyendo planes de justicia ambiental”, dijo Orellana.
México ha aplicado recursos sustanciales en estudiar el impacto tóxico que enfrentan un buen número de regiones y sectores productivos. El experto señaló que resulta clave que las evidencias de estos estudios científicos informen una política pública orientada a asegurar los derechos fundamentales de las personas. La articulación de los principios de prevención, de precaución, y de responsabilidad integral son cruciales, agregó.
México ha aumentado sus importaciones de desechos en los últimos años. “Bajo el rótulo algo eufemístico de co-procesamiento, estos residuos son quemados como combustible barato para la industria”, afirmó el Relator Especial, alertando que esta situación externaliza los costos reales. “En definitiva, el combustible barato resulta caro para la salud de la gente”. “Quemar residuos es el punto final de una economía lineal, y es una práctica enteramente contrapuesta a una economía circular”, aseguró.
México ha hecho avances en fortalecer el marco regulatorio ambiental, y es vital que el país continue en esa senda. Orellana enfatizó que falta una ley general de sustancias químicas y una ley general sobre plaguicidas altamente peligrosos.
El marco normativo también debe ir acompañado por políticas públicas de corto, mediano y largo plazo, dijo el experto. “Es urgente que el Estado garantice el cumplimiento de las leyes vigentes y establezca mecanismos claros de coordinación entre autoridades a nivel federal, estatal y municipal, especialmente entre las de salud y las ambientales”.
El relator Especial resaltó que el Poder Judicial Federal ha tenido un rol preponderante en garantizar el acceso a la justicia de las comunidades afectadas por sustancias tóxicas, en particular relacionado con la contaminación del agua. Destacan criterios relevantes en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia sobre la legitimación activa para acceder al juicio de amparo y la carga dinámica de la prueba, que aliento a que se continúen fortaleciendo. También destacó el esfuerzo del Poder Judicial en entablar diálogos con los Pueblos Indígenas.
Orellana acogió con satisfacción los esfuerzos de las autoridades hacia la plena aplicación del Acuerdo de Escazú, incluyendo a través de la elaboración de una hoja de ruta robusta. El Acuerdo de Escazú es un instrumento igualador de asimetrías a favor de los derechos del pueblo.
“El respeto al derecho humano a un medio ambiente libre de tóxicos es piedra angular de un futuro de paz y prosperidad para los pueblos”, enfatizó el experto.
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