Palabras de Jan Jarab para la Clausura del diplomado de derechos humanos, libertad de expresión y periodismo

La libertad de expresión no es sólo un importante derecho humano en sí mismo, sino también una importante condición para el goce de otros derechos humanos: los derechos de los demás. No es casualidad que las “zonas silenciadas” – como el estado de Tamaulipas, según un estudio reciente de la CIDH – sean también las zonas donde ocurren otras violaciones de derechos humanos.

La libertad de expresión está viviendo tiempos difíciles en México y en el mundo. Cabe mencionar los asesinatos de Daphne Caruana Galicia en Malta y de Jan Kuciak en Slovakia, personas asesinadas en dos países de la Unión Europea por investigar redes de corrupción de los poderosos; o el asesinato de Jamal Khashoggi por las autoridades de su país, la Arabia Saudí, en el consulado en Istanbul; o también podemos mencionar los esfuerzos de varios políticos, incluso en los países democráticos, por desprestigiar a los periodistas críticos.

La situación en México, como sabemos, es de las más preocupantes a nivel mundial. Con el asesinato de Alejandro Márquez en Nayarit, tenemos en 2018, por lo menos, 11 periodistas asesinados y un periodista desaparecido… y otros muchos desplazados por la violencia.

La Oficina del Alto Comisionado insiste, sobre todo, en la importancia del periodismo investigativo, independiente y crítico, porque es este tipo de periodismo el que contribuye a la defensa de los derechos humanos de todos nosotros, incluso de las categorías de titulares de derechos olvidadas, impopulares o estigmatizadas. En México existe una lamentable tradición del uso de periodistas como mensajeros del poder político – del periodismo “oficialista”, nutrido por la práctica de publicidad oficial sin criterios y límites. Esta práctica divide a los periodistas en dos categorías: quienes son considerados por la autoridad como “buenos” y por lo cual se les protege y, por otra parte, quienes se atreven a hacer periodismo independiente y entonces corren riesgos, no sólo de parte del crimen organizado, sino también por parte de varios intereses económicos vinculados con el poder político y por parte de las propias autoridades, muchas veces coludidas con el crimen.

Por eso seguimos convencidos de que se necesita, de manera urgente, una reforma a la ley sobre publicidad oficial (comunicación social) –porque en su forma actual se trata sólo de la legalización de la arbitrariedad imperante.

Hay que insistir en una definición funcional y amplia del periodismo – una definición que incluye también comunicadores comunitarios, blogueros o personas que se dedican al periodismo sólo como una de sus otras actividades. En México, en varias discusiones que hemos tenido, nos hemos enfrentado a una resistencia por parte de los medios establecidos y por parte de los periodistas de estos medios, quienes nos dicen: “yo soy profesional, yo estudié periodismo, no me pueden meter en la misma categoría con una comunicador comunitario, con una persona que no estudió nada, su periódico ni siquiera está registrado…” Sí, es importante la formación y las capacitaciones. Sin embargo, nada nos garantiza que estos medios y periodistas profesionalmente formados sean independientes. De hecho, conocemos la situación en muchos países con gobiernos autoritarios en varias partes del mundo donde, los únicos periodistas y críticos son de hecho los periodistas informales o blogueros, mientras que todos los demás, por más profesionales que puedan ser, trabajan a favor de la propaganda gubernamental…

Nuestra insistencia en la definición funcional del periodismo es consistente con la postura de las Relatorías especiales para la libertad de expresión de los dos sistemas: del sistema universal y del sistema interamericano. A finales del año pasado tuvimos una visita importante – conjunta – de los Relatores de ambos sistemas, David Kaye y Edison Lanza, con recomendaciones que nos sirven como hoja de ruta en nuestros esfuerzos de fortalecer la libertad de expresión en México.

En términos de las amenazas directas, evidentemente, una importante parte de la respuesta consiste en la actuación del Mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos, establecido después de la precedente visita conjunta de las relatorías de ambos sistemas. El mecanismo tiene sus logros – hoy por hoy, ofrece protección a un número creciente de personas periodistas y defensoras– y al mismo tiempo enfrenta desafíos importantes. No sólo se trata de la falta de recursos – se necesita mejorar su metodología de trabajo, incluso de evaluación de riesgo; desarrollar medidas de carácter colectivo; desarrollar la perspectiva de género; y evitar que la única solución sea desplazar a los periodistas del estado donde trabajan a la Ciudad de México.

Pero el Mecanismo no puede ser la única solución: se necesitan políticas públicas mucho más amplias, holísticas, que puedan generar un ambiente propicio para la libertad de expresión. Se necesita superar la vergonzosa impunidad de las agresiones (incluso, de las amenazas y agresiones menores que muchas veces preceden a los asesinatos). La impunidad es un incentivo para la repetición. La Investigación eficaz y la persecución del delito tiene efectos preventivos.

Finalmente permítanme, por favor, mencionar de manera muy breve, casi telegráfica, algunos otros desafíos:

• La criminalización a través de tipos penales anacrónicos, liberticidas – los llamados delitos contra el honor, ya derogados a nivel federal pero aún existentes en varias entidades federativas, como lo conocemos del tristemente célebre caso de Lydia Cacho.
• La creciente tendencia del acoso judicial por acciones legales civiles, conocida por ejemplo en los emblemáticos casos de Sergio Aguayo, Carmen Aristegui – abuso por parte de personas poderosas, gobernadores, empresarios. Necesitamos establecer topes, criterio de real malicia, pero también cambiar la cultura del poder judicial, para que no nos digan que el honor de las personas públicas tiene que ser más protegido que el honor del ciudadano desconocido (como ocurrió en el caso Aristegui).
• Necesitamos establecer un marco legal para la protección de denunciantes (caso Leonardo García)
• Y finalmente, necesitamos fortalecer la transparencia, acceso a la información, a los archivos (no se debe proteger la identidad de perpetradores de graves violaciones de derechos humanos bajo el pretexto de protección de datos personales).

Entonces, podemos resumir que la libertad de expresión enfrenta retos verdaderamente dramáticos en México – pero al mismo tiempo, también es destacable el número de periodistas verdaderamente independientes, y comprometidos con los derechos humanos.

Para terminar, quiero expresar mis felicitaciones a todas y todos los egresados que hoy terminan este diplomado. Les deseo que el diplomado les sea útil no sólo en la labor periodística sino en todas las actividades que ejercen, como ciudadanos, a favor de los derechos humanos.

Muchas gracias por su atención.