Pillay urge a las autoridades mexicanas a acelerar la búsqueda de 40 migrantes desaparecidos e investigar las circunstancias en las que fueron secuestrados

“Los migrantes fueron secuestrados en circunstancias altamente cuestionables hace un mes”, dijo Pillay. “Desde entonces, no hay pistas sobre su paradero, y los defensores de los derechos humanos que ayudaron a integrantes del mismo grupo han sido continuamente amenazados”.

De acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos cercanas al caso, entrevistadas por funcionarios de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el 16 de diciembre unos 250 migrantes de Centroamérica viajaban en un tren de carga en el estado de Oaxaca, en el sur de México, con dirección al norte, cuando, en un operativo conjunto, la policía y autoridades migratorias detuvieron la marcha del tren y arrestaron a 92 personas. De acuerdo con algunos testimonios, también participó personal militar.

Los hechos que siguieron al operativo migratorio son aún algo confusos. Al parecer unos 150 migrantes pudieron regresar al tren, operado por la compañía estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, donde fueron objeto de extorsión por los operadores del mismo, quienes les exigieron dinero. Según algunos testimonios, los operadores no quedaron satisfechos con la cantidad entregada y amenazaron a los migrantes, principalmente provenientes de El Salvador y Guatemala, diciéndoles que podrían enfrentar “problemas más adelante”.

Unos treinta minutos más tarde, según los testimonios, el tren fue abordado por hombres armados no identificados, que atacaron y robaron a varios migrantes además de secuestrar a otros 40, incluidos al menos 10 mujeres y un menor.

Dos días después, algunas de las personas que lograron escapar tanto del operativo migratorio como del secuestro, llegaron al albergue para migrantes “Hermanos en el Camino” en ciudad Ixtepec, Oaxaca. El director del centro, el Padre Alejandro Solalinde, un reconocido defensor de derechos de los migrantes, informó a las autoridades y denunció públicamente el secuestro. Desde entonces ha recibido múltiples amenazas de muerte.

La Secretaría de Gobernación anunció que se están realizando investigaciones y que otorgó visados humanitarios a varios de los migrantes que atestiguaron el secuestro, quienes fueron trasladados a la Ciudad de México para su protección y a fin de que pudieran seguir testificando sobre el caso.

La Alta Comisionada insta a las autoridades mexicanas “a realizar una investigación exhaustiva y transparente de las acusaciones de malos tratos y abusos que sufrieron los migrantes por parte de agentes de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración que participaron en el operativo conjunto, así como de las circunstancias en las cuales fueron secuestrados los migrantes, y de las amenazas recibidas por el Padre Solalinde y las personas que colaboran con él. Las autoridades mexicanas deben determinar si funcionarios públicos, incluidos los que trabajan para la empresa ferroviaria de propiedad estatal, fueron cómplices con la organización criminal que llevó a cabo los secuestros y las extorsiones, tanto en éste como en otros casos”.

En años recientes, los derechos humanos de las personas migrantes se han deteriorado drásticamente en México, país que esta asi mismo sufriendo una ola generalizada de crimen y violencia que ha provocado 15.200 muertes violentas solo en 2010. Tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han informado que miles de migrantes en tránsito han sido secuestrados en los últimos dos años, principalmente para ser extorsionados. En uno de los incidentes más graves, en agosto del año pasado, la Armada de México descubrió 72 cuerpos, incluyendo 14 mujeres, ejecutados supuestamente por un grupo de delincuentes. Se reportó que dos funcionarios que investigaban el caso fueron secuestrados. Sus cuerpos fueron hallados dos semanas después.

“De acuerdo con sus obligaciones internacionales, el Gobierno de México debe realizar todos los esfuerzos posibles para proteger la vida y la integridad de los migrantes, en particular de mujeres y niños”, dijo Pillay. “El Gobierno también debe tomar todas las medidas necesarias para garantizar que todos los servidores públicos que trabajan con migrantes respeten plenamente sus derechos, y que los defensores de derechos humanos, como el Padre Solalinde, así como los agentes de la policía y del sistema de justicia que investigan estos hechos sean protegidos de manera efectiva”.

“Reconozco plenamente que el Gobierno enfrenta un reto enorme en la lucha contra las organizaciones criminales de México, excepcionalmente violentas y bien armadas”, dijo la Alta Comisionada. “Sin embargo, la protección de los migrantes y de las personas valientes y comprometidas que trabajan por sus derechos, no deben descuidarse en este proceso”.