Arizona: Relatores y Relatora de la ONU alertan sobre “un preocupante y hostil modelo jurídico contra las minorías étnicas y las personas migrantes”

“Se han establecido unas pautas preocupantes en una actividad legislativa hostil hacia las minorías étnicas y las personas inmigrantes con la adopción de una ley de inmigración que autoriza la acción policial sobre las personas basada en la percepción de su origen étnico, y de una ley que suprime los programas escolares que ponen de relieve la historia y la cultura de las minorías étnicas”, advirtieron las personas expertas de la ONU en inmigración, racismo, minorías, indígenas, educación y derechos culturales.

La Ley de Inmigración de Arizona permite la intervención de los agentes de policía estatal con el fin de determinar el estatus migratorio de las personas, en base únicamente a la “sospecha razonable” de que se encuentran en el país ilegalmente; así como el arrestar a una persona, sin orden judicial, si el agente policial dispone de una “causa probable” para creer que la persona tiene un status ilegal.

También convierte en delito el hecho de estar en el país ilegalmente, penado con hasta seis meses de cárcel, y establece que las personas indocumentadas son culpables de haber entrado sin autorización. La ley de inmigración se dirige específicamente a las personas jornaleras, tipificando como delito que las personas inmigrantes indocumentadas soliciten trabajo, y que cualquier persona contrate o intente contratar una inmigrante indocumentada.

“La ley puede conducir a la detención y el interrogatorio de personas fundamentalmente sobre la base de sus características étnicas aparentes”, señalaron los expertos de la ONU. “En Arizona, las personas que parecen de origen mexicano, latinoamericano o indígena corren un especial riesgo de que se les aplique la ley”.

Las personas expertas independientes de la ONU resaltaron que “las y los expertos en cuestiones jurídicas difieren acerca de los potenciales efectos que tendrán las recientes enmiendas a la ley de inmigración, relacionadas con las condiciones para la detención oficial de las y los sospechosos de ser extranjeros ilegales”, y expresaron su preocupación sobre los “estándares imprecisos y el lenguaje farragoso de la Ley de Inmigración de Arizona, que plantea serias dudas acerca de la compatibilidad de la ley con los Tratados Internacionales sobre derechos humanos de los que Estados Unidos es parte.”

“Los Estados deben respetar y asegurar los derechos humanos de todas las personas sujetas a su jurisdicción, sin discriminación”, dijeron. “Además, los Estándares Internacionales requieren que la detención se produzca sólo como medida excepcional, justificada, interpretada de forma restrictiva y proporcional a cada caso individual, y que dicha detención esté sujeta a la revisión judicial”.

La Ley de Inmigración fue adoptada casi al mismo tiempo que se aprobaba la ley que prohíbe los programas escolares de Arizona que “estén diseñados fundamentalmente para alumnos y alumnas de un grupo étnico particular” o que “aboguen por la solidaridad étnica en lugar de por el tratamiento de los escolares como individuos”.

El superintendente estatal de escuelas, el alto cargo estatal que ha promovido esta legislación, ha afirmado en repetidas ocasiones que la ley está dirigida a erradicar programas étnicos de estudio que proporcionan una enseñanza que pone de relieve la historia, las dinámicas sociales y los rasgos culturales de los y las mexicanas en Estados Unidos.

Los y la experta independientes resaltaron que “una ley y una actitud como ésas casan mal con la responsabilidad del Estado de respetar el derecho de cada persona a acceder a su propia herencia cultural y lingüística y a participar en la vida cultural. Todas las personas tienen el derecho de buscar y desarrollar el conocimiento cultural, y de conocer y comprender su propia cultura y la de los demás a través de la educación y la información”.

Si bien las personas expertas independientes reconocen las prerrogativas de los Estados para el control migratorio y para la adopción de las medidas apropiadas tendentes a proteger sus fronteras, “éstas acciones deben adoptarse de acuerdo con los principios fundamentales de no discriminación y trato humano digno”. Además, los “Estados están obligados no sólo a erradicar la discriminación por motivos de raza, sino también a promover un entorno social y político conducente al respeto de la diversidad étnica y cultural”.

Los y la experta en derechos humanos de la ONU instan al Estado de Arizona y al Gobierno de los Estados Unidos a “adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que la legislación sobre inmigración cumpla con los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos, y a diseñar e implementar cualquier mecanismo de control migratorio con el debido respeto de los derechos de las personas a no ser discriminadas y a tener acceso a su herencia cultural”.

“Cualquier medida debe adoptarse para promover la mayor tolerancia y aprecio por la diversidad étnica y cultural en el sistema educativo, con el fin de que permanezca libre de cualquier forma de discriminación racial”, remarcaron los expertos independientes.